En el año 2013 la Ley General de Contratos del sector público fijaba como contratos menores los de suministros y servicios con una cuantía de 18.000 euros, así como de 50.000 euros para los de obras. Sin embargo el presidente de la Xunta de Galicia bajaba este umbral en la Ley de racionalización del sector público autonómico, que  obligaba a todos los órganos de contratación a pedir tres ofertas cuando un contrato de suministros o servicios era superior a 9.000 euros o de 25.000 euros para los de obras.

Paradójicamente cuando en el año 2016 entró en vigor la ley de transparencia, narra el responsable del Área Institucional del Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, el Presidente bajó el listón y “ modificó la ley de asistencia jurídica de la comunidad, ya que se eliminó sin justificación alguna, el requerimiento de concurrencia de al menos tres ofertas para los contratos menores de 9.000 o 25.000 euros”. En la actualidad, añade Villoslada, la ley de transparencia “exige la publicitación de los contratos menores, sin embargo el ejecutivo gallego no lo hace con todos los contratos. De hecho no consta ninguno en organismos como Aguas de Galicia, Puertos de Galicia o la Compañía de Radiotelevisión de Galicia y esto es imposible, ya los pequeños suministros se adjudican mediante esta modalidad".

En el ejercicio que ha hecho público la Consellería de Hacienda, el correspondiente al año 2016, asevera el socialista, hemos computado “ un total de 123.900 contratos menores, cuyo importe ascendió a 869 millones de euros de un total de 1900 millones adjudicados durante el citado año “. El contrato menor es una modalidad legal, categoriza el portavoz, pero "no puede convertirse en casi el 50% de la licitación autonómica. En definitiva se adjudicó bajo esta modalidad contractual el 10% del presupuesto autonómico del 2016".

Impacto económico negativo para el empleo y las pymes  

La primera consecuencia de este tipo de prácticas opacas, señala Díaz, es “la afectación adversa que tiene sobre el empleo y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ya que por una parte el nivel de contratación ha descendido con respecto a los años anteriores en un 25%, a lo que hay que sumar que casi el 50% es mediante contratos menores; y por otra parte está generando un problema de competitividad empresarial, ya que las grandes empresas están concurriendo a este tipo de concursos en detrimento de las pymes”. Como resultado, recalca el diputado, estamos ante “un problema de concurrencia y de transparencia". 

Desde el grupo parlamentario socialista, argumenta el responsable del Área Institucional, “hemos propuesto en el Parlamento, una proposición no de ley para hacer más transparente el proceso de contratación menor. Pedíamos que la administración autonómica de forma mensual a través del registro de contratos, informe al Parlamento de toda la contratación autonómica, ya que es una obligación regulada por un decreto que regula el registro de contratos". Pero el “Partido Popular votó en contra“, aclara Villoslada, “cuando entre en vigor la nueva ley global de contratos obligará a los órganos de contratación a la ordenación por adjudicatarios, de modo que se podrá verificar que nadie pueda ser beneficiario de forma fraccionada porque supere los límites máximos de un contrato menor".

Con estas premisas, es fácil concluir que con la falta de transparencia actual en el gobierno gallego, no es posible saber si un contrato mayor se fracciona o si un adjudicatario accede a varios contratos menores, lo que sería un fraude de ley. Sin embargo la ex consejera de Hacienda del gobierno de Feijóo y actual portavoz de los populares en el ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz, ya reconoció en su momento que esta era una forma de fraccionar contratos.