La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el caso Lezo y, por tanto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción. Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II (personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.

Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura del juicio oral gozan de “carácter reservado”.

Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la comisión anticorrupción de la Asamblea.

Respuesta contundente del juez

El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.

La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.

Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes

El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los documentos.

No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber recibido la respuesta del juez.

No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron textualmente.

El juez también le pide los papeles

Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir. Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él, Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en contar.

En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla, entre otros papeles. Alberto Ruiz Gallardón presidió ese consejo y el juez condiciona la petición de la Fiscalía de que se le cite como investigado al examen de los mismos. 

Otros documentos

Petición de aclaración de la Comunidad de Madrid al instructor de la Lezo

Respuesta de la Fiscalía

Respuesta del juez Fernando Andreu, instructor de la Lezo del 18 de agosto

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