El juez Eloy Velasco investiga la compra por parte del Canal de Isabel II de Inassa, la empresa que controla Aguas de Barranquilla en Colombia. Según publica este martes OK Diario la operación se hizo nada más llegar Pedro Calvo a la presidencia de la empresa pública en sustitución del Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja. Añade que se desviaron 73 millones de dólares (83 millones de euros de entonces y 67 al cambio actual) al paraíso fiscal de Panamá para cerrar la operación.

Pedro Calvo era una persona de confianza de Alberto Ruiz-Gallardón. En aquella época Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas en la Comunidad de Madrid, era gerente del Canal de Isabel II.  El Consejo de Gobierno presidido por Gallardón dio el visto bueno a la operación el 21 de noviembre de 2001.

En una de las conversaciones telefónicas intervenidas a Ignacio González, el expresidente decía que la compra de Inassa "sí que fue un pelotazo". Lo dijo después de que Cristina Cifuentes, el pasado mes de julio, presentara un informe ante la Fiscalía Anticorrupción en el que detallaba irregularidades en la compra de la braileña Emissao en noviembre de 2013, que se cerró con un pago de 23 millones por una empresa que apenas valía 5. En el caso de Inassa su valor real era de 7 millones de dólares, diez veces por debajo del precio que se pagó.

Durante el registro de la UCO en su casa se habría mostrado dispuesto a tirar de la manta de forma muy gráfica: "Este marrón no me lo voy a comer solo", espetó.

El Grupo Inassa se describe en su página web como "cabecera de expansión de Canal de Isabel II Gestión en América Latina, con amplia trayectoria en la gestión del ciclo integral del agua". Tiene presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Brasil.

Desoyó las recomendaciones de Garrigues

La compra de Inassa se consumó pese a las advertencias de un informe elaborado pro el despacho Garrigues en el que se advertía de la posible ilegalidad de realizar el pago a través de un paraíso fiscal. En él también se ponía en cuestión el precio. Aunque Panamá en este momento no está considerado paraíso fiscal, en 2001, fecha la que se inició la operación, sí figuraba en el listado de la Agencia Tributaria. 

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