La Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años para Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia con el PP que está imputado en el caso Púnica. Sánchez está investigado por los delitos de cohecho, fraude y revelación de información reservada.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Plural, ha sido presentado ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que instruye las diligencias, aunque fuentes judiciales creen que lo previsible es que el caso vuelva a la Audiencia Nacional, al haber perdido Sánchez su aforamiento tras su dimisión como diputado en la Asamblea Regional, que se formalizó ayer.
El caso se encuentra en la fase de presentación de acusaciones o de solicitud de sobreseimiento. En este proceso se trata de determinar si Sánchez pudo incurrir en los citados delitos en sus tiempos de consejero de Educación.
Según las acusaciones, el expresidente murciano habría cometido esos delitos con los contactos mantenidos con la trama Púnica para concertar un contrato de mejora de imagen con vistas a su presentación como cabeza de lista de la candidatura del PP para las elecciones autonómicas. Junto a Sánchez figura también como imputado el que fue su asesor en la consejería, David Conesa.
Llama la atención el cambio de postura de la Fiscalía Anticorrupción, que en su día impidió a las fiscales del caso que imputaran a Pedro Antonio Sánchez cuando presidía Murcia. Algo que provocó un terremoto interno en el Ministerio Fiscal, hasta el punto de que las fiscales se negaron a firmar la decisión, que tuvo que corroborar la Secretaria Técnica con un informe de 12 líneas plagado de incorrecciones jurídicas.
Eso sí, mientras que la acusación popular pide nueve años de cárcel para el dirigente del PP, la Fiscalía sólo ha reclamado dos años, https://www.elplural.com/politica/2017/02/15/el-escrito-de-la-anticorrupcion-con-el-que-pretenden-librar-el-presidente-de
