Se vuelve a abrir una brecha entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ayuntamiento de Madrid. En el transcurso de la característica guerra económica entre la administración central y la municipal, el Gobierno ha vuelto a exigir a Manuela Carmena la anulación de una parte del presupuesto previsto para emplear este año en pequeñas obras públicas. 

Concretamente, quiere anular un total de 302 millones de euros que irían destinados a esta causa: una partida que financia ya 577 proyectos entre los que destacan el asfaltado de calles, el arreglo de colegios públicos, centros de mayores, cementerios y otras obras similares. Además, un 43% del dinero planificado para tales fines ya está en ejecución.

La Delegación del Gobierno de Madrid, dirigida por Concepción Dancausa, ya ha enviado dos requerimientos al Ayuntamiento en los que exige a Carmena la anulación de los acuerdos plenarios acordados con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid [y del PP y C's en algunos de los puntos] los pasados 28 de julio y 20 de julio.

En éstos, se fijó destinar 302 millones de euros del superávit municipal del año anterior a diveros proyectos de obra pública: una respuesta del Consistorio de Madrid al recorte de Hacienda de un total de 238 millones de presupuesto. Una acción llevada a cabo por "incumplir la regla de gasto", según la administración.

Pero el primero de los dos requerimientos fechado en el 7 de agosto, recuerda al Consistorio que tiene aprobados acuerdos "de no disponibilidad de créditos de las cuentas de 2017", y que los suplementos de crédito "rebasan ampliamente la cantidad previamente declarada como no disponible por el Ayuntamiento". 

El Gobierno central considera que las modificaciones de crédito aprobadas en el Pleno municipal durante dichas fechas son "contrarias de derecho".

El Ministerio de Hacienda ya ha explicado que los requerimientos formulados al Ayuntamiento de Madrid no suponen la paralización de ningún proyecto de obra en la ciudad, sino "recalcar que para ello no se pueden utilizar partidas afectadas por acuerdos de no disponibilidad presupuestaria". 

Rechazo del Consistorio

El Consistorio ha mostrado su rechazo al requerimiento "al no haberse tenido en cuenta la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas". 

Además, añade que "existe una habilitación legal expresa para poder incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior", según subraya la carta. En nota de prensa defiende que se trata de una actuación "ajustada a la ley" y "necesaria para Madrid". 

La decisión de la corporación local se apoyó en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera [recogida por la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017].

Concretamente, esta ley permite destinar el superávit obtenido por las corporaciones locales en 2016 [una vez aprobada la liquidación del Presupuesto] a inversiones financieramente sostenibles. En concreto, el Consistorio cerró las cuentas con 1.0055 millones de superávit durante el ejercicio pasado.