La intervención de Miguel Ríos en La noche 24 Horas, el espacio de Xabier Fortes en RTVE, ha reabierto un debate que supera el ámbito estrictamente judicial. El veterano músico, uno de los grandes referentes del rock español, rompió su habitual discreción pública para opinar sin ambages sobre la reciente condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. 

“Me afecta mucho lo del exfiscal”, aseguró Ríos desde el primer momento. Pero el núcleo de su reflexión fue todavía más duro: “Me parecía que estaba viendo el NO-DO”. Su acusación no era solo jurídica o política, sino estética y moral: la imagen del fiscal general defendiendo su actuación, rodeado de tensión mediática y acusaciones cruzadas, le evocó al músico una escena impropia de una democracia consolidada. “No tenía el peso de la modernidad”, lamentó, aludiendo a un “aire antiguo” que, en su opinión, impregnaba todo el proceso.

El cantante describió la situación como “realmente dramática”: ver a “un hombre bueno defendiéndose” frente a acusaciones que, según él, estaban impulsadas por personas cuya credibilidad estaba ya cuestionada. Ríos quiso ser muy preciso: no hablaba del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sino de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a quien recordó por “haber confesado que mintió” sobre el caso. Para el músico, ese desequilibrio moral entre acusadores y acusado reflejaba un problema más profundo en el clima institucional del país.

Aunque Ríos aclaró que no mantiene una amistad personal con García Ortiz, sí insistió en que lo conoce lo suficiente como para valorar su integridad. “Me pareció siempre un tipo de ejemplaridad y elegancia inusitada”, afirmó con pesar. Su intervención, lejos de sonar como una defensa partidista, tuvo un tono casi cívico.

El terremoto institucional provocado por la condena del Tribunal Supremo -dos años de inhabilitación por revelación de secretos en el caso relacionado con el empresario Alberto González Amador- no tardó en traducirse en consecuencias políticas. García Ortiz presentó su dimisión inmediatamente tras conocerse la sentencia, cerrando de forma abrupta su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.

Con el cargo vacante, el Gobierno no tardó en mover ficha. La elegida para sustituirlo es Teresa Peramato, fiscal especializada en violencia de género y considerada una de las principales impulsoras de la especialización judicial en este ámbito. 

Ríos, sin embargo, no centró su intervención en el relevo institucional, sino en la escena pública que ha rodeado la caída de García Ortiz. En su lectura, lo inquietante no es solo la condena, sino lo que representa: un clima de desconfianza, ruido político y aparente descoordinación institucional que, según él, devuelve al país a estéticas y dinámicas que creía superadas. La referencia al NO-DO no fue casual: el cantante quiso poner en palabras una sensación de regresión democrática que, en su opinión, afecta a la imagen del país y a la credibilidad de sus instituciones.

Miguel Ríos, sin pretenderlo, ha puesto sobre la mesa algo más grande que un caso judicial: la pregunta de si España está avanzando hacia una modernización institucional real o si, por el contrario, determinadas imágenes nos devuelven a sombras del pasado que creíamos definitivamente superadas. Y quizá por eso su intervención ha sido tan comentada: porque interpela a un país entero y no solo a sus tribunales.

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