Tres años después del inicio del nuevo ciclo económico, el 70% de los hogares no ha percibido que los efectos de la recuperación económica les hayan llegado. En el caso de los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe, en estos momentos, que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. Esta es una de las principales constataciones que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) pone sobre la mesa en el informe “Análisis y Perspectivas 2017. Desprotección social y Estrategias familiares” que se ha presentado en Madrid en la sede de Cáritas Española.

Los datos presentados proceden de una encuesta realizada por la Fundación en el primer trimestre de este año a más de 1.300 hogares repartidos por las 17 Comunidades Autónomas para conocer en profundidad los cambios que la gran recesión de los años 2007-2013 ha generado en los hogares españoles y en qué situación se encuentran para afrontar el período de recuperación actual. La encuesta señala, por ejemplo, que solo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentado los efectos de la recuperación económica y que la evolución en las condiciones de vida no está siendo lo positiva que cabría esperar. Los hogares que menos están percibiendo los efectos del nuevo ciclo económico son, precisamente, aquellos que más sufrieron los efectos de la crisis.

A través de diecisiete indicadores se ha medido la denominada “red de seguridad” de los hogares, es decir, su capacidad para afrontar situaciones adversas futuras, y se ha observado la evolución de estas condiciones desde el momento precrisis hasta nuestros días. Los resultados de la encuesta constatan que la mitad de las familias (50.1%) tienen hoy en día una “red de seguridad” que es peor que en la situación precrisis, mientras que para el 42,3% se mantendría igual y habría mejorado para el 7,6%.

Los aspectos que han empeorado en más de la mitad de los hogares son las capacidades de ahorrar (el 60% de los hogares viven sin tener nada ahorrado o con un nivel de ahorro tan pequeño que no le permitiría resistir sin tener ingresos más de uno o dos meses), de resistir una nueva crisis económica, de hacer frente a una reforma necesaria de su vivienda o de llegar a fin de mes. En cuatro de cada diez hogares han empeorado también su capacidad para hacer frente a necesidades de salud no cubiertas por el sistema nacional de salud, para pagar refuerzos educativos a los hijos, para afrontar el pago de recibos energéticos y para garantizar una estabilidad en el empleo de los miembros del hogar y unos ingresos estables.

Durante la presentación del informe se han puesto sobre la mesa dos cuestiones estructurales que también detecta la encuesta: La primera de ellas tiene que ver, en palabras del director técnico de FOESSA, “con el riesgo que tenemos como sociedad de acostumbrarnos a la precariedad, y así lo reflejan nuestras previsiones, pues cuando se nos pregunta por nuestras expectativas dentro de 5 años, el 47,1% cree que estará igual; y tan solo el 19,9% cree que mejorara la situación económica de su hogar. Un 26,4% de la población entrevistada cree que empeorará”. La segunda cuestión hace referencia a la desconfianza en la participación social y política como estrategia de mejorar la realidad. “Son los sectores más vulnerables de la sociedad –alerta Lorenzo- los que, precisamente, perciben que la participación política y social no es una vía útil para mejorar sus condiciones de vida: para el 75,6% votar no sirve, para el 56,9% no sirve asociarse y para 61,2% no sirve la movilización”.

El informe se cierra con un capítulo final donde se debate tres ámbitos que guardan relación directa con la pobreza, la exclusión social y el bienestar, como es el desafío demográfico provocado por la brecha entre fecundidad real y deseada, y algunos de los obstáculos que impiden su superación relacionados con la precariedad social y el escaso desarrollo de políticas públicas de apoyo a los individuos y familias.