El mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid no está en crisis; está directamente en llamas por la inacción consciente del Gobierno regional. Mientras miles de familias son expulsadas de sus barrios por precios impagables, conviene recordar una realidad jurídica incómoda para la Puerta del Sol: la competencia exclusiva en materia de vivienda es de las comunidades autónomas.
La única responsable legal con potestad para intervenir se llama Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la presidenta de Madrid prefiere ejercer la desregulación más salvaje: negarse a aplicar la Ley de Vivienda, rechazar las zonas tensionadas y vetar cualquier límite a los precios no es neutralidad; es una decisión política muy clara para favorecer al rentismo mientras miles de familias son expulsadas de sus barrios.
La última polémica desatada tras conocerse que el Gobierno regional ha adquirido un inmueble de altísima gama en Chamberí es la gota que colma el vaso. Demuestra la distancia enorme que hay entre las urgencias de la Puerta del Sol y los apuros de la gente en la calle. Mientras la ciudadanía hace malabares para pagar el alquiler y llegar a fin de mes, la Comunidad de Madrid decide resolver sus necesidades de espacio institucional comprando una propiedad señorial de gran lujo.
Según las informaciones publicadas por varios medios, el plan es usar este inmueble como dependencias administrativas y despachos mientras duran las obras en la Real Casa de Correos. Hablamos de un inmueble de unos 485 metros cuadrados, con 200 metros de terraza, con un coste estimado entre los 4 y los 6 millones de euros pagados con el dinero de todos. Una barbaridad que deja clarísimas las verdaderas prioridades del Ejecutivo de Ayuso.
El contraste con la realidad cotidiana es sangrante. Desde que Ayuso llegó a la presidencia regional en el verano de 2019, el precio del alquiler en Madrid se ha disparado más de un 50%. Se ha pasado de pagar unos 13,5 euros el metro cuadrado a batir récords históricos por encima de los 21 euros en la región y más de 23 en la capital.
Con estos números, que un joven se independice es un auténtico milagro. Pero es que esta crisis ya no afecta solo a los más jóvenes. Informes y noticias recientes muestran cómo trabajadores esenciales para la región —como médicos, enfermeros, celadores o profesores— pasan verdaderos apuros para pagar un piso con los sueldos que cobran. Miles de empleados públicos tienen que destinar más de la mitad de su nómina solo a tener un techo, mientras la máxima responsable de la vivienda en Madrid responde con parálisis, sin construir VPO y con un rechazo frontal a regular el mercado.
A esta falta de empatía se suman preguntas de gestión que exigen respuestas inmediatas. Como ha señalado el ministro Óscar López, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que dar explicaciones con luz y taquígrafos sobre el cómo, el cuánto, el por qué y el para qué de este desembolso millonario. Si la excusa era buscar espacio provisional por las obras de la sede central, ¿por qué no reubicar a la gente en alguno de los muchos edificios que la Comunidad de Madrid ya tiene en propiedad? La red de inmuebles del Gobierno regional es gigantesca. ¿De verdad no había un solo edificio público libre en todo Madrid y era imprescindible acudir al mercado privado de gran lujo?
Por si fuera poco, existen serias dudas urbanísticas publicadas sobre si el Plan General de Ordenación Urbana permite usar como oficinas administrativas una planta residencial de esas características. El secretismo con el que se ha llevado todo no ayuda. Cuando se gastan millones del contribuyente en zonas VIP, pedir cuentas no es hacer oposición: es controlar el uso de las arcas públicas.
El agravio es todavía peor si miramos en qué se gasta el dinero y en qué se ahorra. Mientras para esta compra de lujo no han faltado millones ni prisa, colectivos como los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid siguen peleando por mejoras laborales básicas, estabilidad y medios dignos para apagar incendios. Da rabia ver cómo la administración autonómica pone pegas presupuestarias a la hora de mejorar la sanidad pública o cuidar a quienes protegen nuestros montes, pero encuentra dinero de inmediato para despachos oficiales con terraza.
El fondo de este asunto no son solo los millones de euros que cuesta la operación, aunque la cifra sea una barbaridad. Lo verdaderamente grave es el mensaje político que envía la presidenta. Quien tiene la potestad constitucional para bajar los precios prefiere usarlo para mirar para otro lado.
El modelo de "libertad" de Ayuso se resume en esto: libertad para que los fondos de inversión suban los alquileres sin freno y libertad para que el Gobierno regional compre inmuebles de lujo. Para los ciudadanos, la única "libertad" que queda es tragar con la subida o marcharse de su ciudad.
Un Gobierno que piense en la gente usaría sus competencias para crear vivienda pública y proteger a sus trabajadores. Pero el Ejecutivo autonómico prefiere ignorar la realidad. Gobernar desde la moqueta y las alturas no tapará lo evidente: mientras el Gobierno de Ayuso estrena dependencias señoriales en Chamberí, Madrid se ahoga bajo la factura del alquiler.
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