Mucho se ha dicho sobre la importancia de tener palabra como gesto último de honor e hidalguía. A pesar de estar rodeado de montañas de dinero y cocaína a partes iguales, Tony Montana, en una de las escenas más recordadas de Scarface, aseguraba que “todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie”.

Salvo contados casos como los de Donald Trump o Silvio Berlusconi, la potencia testicular de un político es irrelevante, mientras que su palabra es la razón máxima para entregarle nuestra confianza. Al fin y al cabo, un proceso electoral se basa en una promesa que se compra a cambio de votos por un periodo finito.

En el caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de lo que estamos hablando es de la palabra, de la importancia de la promesa dada, por mucho que el Partido Popular se empeñe en machacar al electorado con el argumento de la “presunción de inocencia”.

Y hay en juego muchas palabras. La primera, la de Ciudadanos, que se ha apoderado del relato de la “regeneración democrática”. El PP en Murcia firmó un acuerdo con la formación naranja para propiciar la investidura de Sánchez y, en dicho contrato, el primer punto establece que se separará “de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. Lo que acaba de ocurrir con el propio presidente de Murcia, imputado en el caso Auditorio.

El resto del acuerdo se convierte en papel mojado en el momento en que Ciudadanos no haga efectivo el primer punto y tome las medidas necesarias, como apoyar la moción de censura que plantea Podemos. Lo mismo ocurre con el punto 93 del acuerdo entre Ciudadanos y PP para la investidura de Rajoy, que exige la dimisión de quienes “hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción”. Aquí ni siquiera hay posibilidad de ambigüedad y se menciona todas las fases de la investigación judicial.

También podríamos acudir a la Ley de Transparencia de Murcia, que en su artículo 54 dice que cuando exista un auto que en el que un cargo público sea “imputado o figura legal equivalente […] entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía”. Aquí tampoco hay ambigüedad sobre si hay que estar imputado, investigado o medio pensionista, pero sí se habla de autos de tribunales -el del caso Auditorio es de un fiscal- y se utiliza la forma verbal “entenderá”.

No se baraja la opción de que Pedro Antonio Sánchez sea corto de entendederas, pero más allá de su capacidad para hacer análisis de textos, está su habilidad para entenderse a sí mismo, cuando dijo: “Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo. Y cumplo mi palabra”.

Ahí es donde está el quid de la cuestión, en cumplir la palabra. Porque, al final de todo, lo único que nos queda son “mis cojones y mi palabra”. Incluso cuando eres un delincuente. Como Tony Montana, se entiende.