Casi 13 euros ha subido la factura de la luz del usuario medio este octubre con respecto al mismo mes de 2024. Una factura que es un 18% más cara que hace un año.
En octubre del año pasado no llegaba a los 72 euros y ahora supera los 84. Seguro que hay quien encuentra mil formas de justificarlo, por ejemplo, recordándonos que en febrero de este mismo año superó los 95 o que en marzo de 2022 llegó a rozar los 177 euros.
En resumen, que no te quejes de que te peguen un puñetazo en el estómago porque duele mucho más que te lo den en la boca y te rompan los dientes. Pero no, las grandes eléctricas siempre ganan demasiado dinero. Siempre. Lo hacen cuando la factura está en 60 y pico euros y lo hacían cuando el Gobierno tomó por fin medidas para evitar que alcanzase los 200. El famoso tope al gas.
El problema es que cuando no alcanza niveles tan bestiales como los que sufrimos hace unos años, la indignación social baja y los medios de comunicación se olvidan del tema.
Pero el modelo tarifario que tenemos en España es un absoluto disparate. Un modelo diseñado a la medida de los intereses de un oligopolio que se forra vendiendo electricidad, cuya generación resulta extraordinariamente barata a un precio salvajemente caro.
Porque no tiene ningún sentido que el precio que se fija en una subasta donde la última energía que logra entrar en función del nivel de demanda, la energía más cara, determine el precio de toda la producción.
No tiene ningún sentido que las energías procedentes de la generación nuclear y la hidráulica estén constantemente inflando los precios de todo el mercado. Como mínimo esas energías tendrían que estar fuera de la subasta diaria y someterse a un precio fijo razonable establecido a medio o largo plazo por el Gobierno.
Es una de las reivindicaciones que llevamos años planteando, pero parece que el Ejecutivo la ha olvidado. Cuando la ahora comisaria europea, Teresa Ribera, era ministra de Energía, nos dijo primero que no, que era inviable y después que sí, que era una buena idea. Nos contaron que el Gobierno reclamó la medida en Bruselas y ésta se negó.
Y la historia ha quedado ya prácticamente abandonada posiblemente porque hay menos presión social. Pero hoy, igual que cuando la factura suponía más del doble que hoy, sigue siendo necesario que se emprendan medidas para acabar con los abusos tarifarios de las eléctricas.
Como también sigue siendo necesario que el bono social que tenemos hoy en día deje de representar una auténtica pantomima, porque la gran mayoría de posibles beneficiarios no lo piden porque casi nadie lo conoce. Porque en el Gobierno no tienen especial interés en emprender medidas para que todo el mundo sepa en qué consiste y qué requisitos hay que cumplir para obtenerlo. Como tampoco tienen interés en el Ejecutivo en que sea mucho más fácil, e incluso automático, acceder a él si se cumplen esos requisitos.
En resumidas cuentas, las eléctricas van a seguir forrándose a nuestra costa con tarifas abusivas si no gritamos más fuerte. Lo de siempre. Sin presión social, el fraude tarifario continuará hasta el infinito y más allá.
Soy Rubén Sanchez y en ocasiones veo fraudes.
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