Andan la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox enzarzados en su competición para ver quién es más radical y extremista. El ejemplo más nítido, vergonzoso e indecente es el de los señores Mañueco y García Gallardo, presidente del PP y vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León, que día sí, día también, resuelven su concurso de estulticia e idiocia para ver quién es más facha generando conflictos que asombran al conjunto de España y de la Unión Europea. Eso sí, con el beneplácito, complicidad y complacencia del líder del PP, el señor Feijóo.

Feijóo ha recuperado la vieja, nueva y falsa idea del PP de acercarse al centro político, película que ya nos contaron los Aznar, Rajoy, Casado y demás líderes de la derecha tradicional para captar votos. La apariencia de una derecha moderada, que en realidad es una derecha extrema y corrupta cuyo único objetivo, a corto plazo, es pillar la llave de la caja de los Fondos Europeos para volver a robar a todos los españoles.

Cuando analizamos la actualidad política es inevitable no referirse a estos hechos, porque además de repulsivos, tienen un alto grado de retrofranquismo derechista si observamos episodios como el de la imposición de Vox al PP de Castilla y León para atacar a las mujeres, para intentar conculcar sus derechos y utilizar indignamente el poder que le han otorgado Feijóo y Mañueco. Lo que ha ocurrido en Castilla y León contra el derecho de las mujeres a elegir libremente en el tema del aborto solo puede calificarse de infamia e ignominia, insisto, con el apoyo del señor Feijóo.

Permítanme que prefiera hablar de las cosas importantes, de las cosas positivas, de las decisiones del Gobierno de España que benefician y apoyan a la ciudadanía, a las personas, a la mayoría social que conforman las clases trabajadoras, las clases medias, los y las pensionistas y los colectivos con más dificultades.

Haciendo balance de esas medidas y del impacto social que tendrán en este año 2023 quiero referirme al incremento de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital. Dos compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tienen en una repercusión directa para mejorar la vida de las personas.

En primer lugar, gran importancia y repercusión para la economía de España y para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas del incremento medio de las pensiones entre diciembre de 2018 y enero de 2023, periodo comprendido entre la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 y el último incremento del 8,5% aplicado para el año 2023.

El incremento medio de las Pensiones en España es del 36,47 % entre 2018 y 2023. La Pensión media en España en diciembre de 2018 era de 960,98 euros. La pensión media en enero de 2023 asciende a 1.311,43 euros. Un incremento de 350,45 euros, lo que supone una subida del 36,47%.

Por ello, es necesario recordar que el compromiso del Gobierno socialista corrige el techo del 0,25% impuesto por el Gobierno del PP presidido por Rajoy, que implicó que las pensiones sólo subían un cuarto de punto al año con independencia del alza de los precios.

Es decir, corrige el mecanismo, adoptado sin consenso ni diálogo por el PP, y al margen del Pacto de Toledo, que supuso una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, subrayando el cumplimiento del compromiso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de tender la mano a partidos de la oposición y agentes sociales para lograr un gran Pacto por las Pensiones Públicas.

No solo se trata del cumplimiento de un compromiso del Gobierno de España con un colectivo de 9 millones de personas en nuestro país. Se trata de adoptar medidas en favor de las personas, medidas en favor de colectivos más vulnerables económicamente que requieren de políticas solidarias y de izquierdas.

El Ejecutivo del PSOE presidido por Pedro Sánchez ha cumplido su palabra. La revalorización de las pensiones está garantizada y nuestro compromiso con su sostenibilidad es firme: revalorizar las pensiones para garantizar el poder adquisitivo de los y las pensionistas.

En segundo lugar, es necesario valorar la gran importancia del número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que se incrementó en un 87,12% en el último año, pasando de 824.441 en 2021 a 1.542.675 en 2022. Es decir 718.234 beneficiarios más.          

El número total de resoluciones del IMV aprobadas en España a 31 de diciembre de 2022 era de 549.670 mientras que al cierre de 2021 era de 362.017, un incremento de 187.653 resoluciones y del 51,84%.

El número total de adultos beneficiarios del IMV en España a 31 de diciembre de 2022 era de 883.251 personas, mientras que al cierre de 2021 era de 518.609, un incremento de 364.642 personas y del 70,31%.

El número total de menores beneficiarios a 31 de diciembre de 2022 era de 659.424, mientras que al cierre de 2021 era de 305.832, un incremento de 353.592 personas y del 115,62%.

El Ingreso Mínimo Vital, en apenas dos años y medio, ya forma parte del eje de las políticas sociales del Gobierno, para dar respaldo a la población que sufre pobreza severa y a los niños y niñas que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza. Una situación terrible, la de hogares sin ningún tipo de ingreso ni de ayudas, que han empeorado con las sucesivas crisis sociales y económicas derivadas de la pandemia del COVID y de la Guerra de Putin en Ucrania.

El IMV es una propuesta que partió del PSOE en 2015, cuando Pedro Sánchez la incluyó en los Acuerdos de País. La aprobación del IMV por el Consejo de Ministros en mayo de 2020 es una de las medidas más necesarias para proteger a la población más vulnerable y en riesgo de exclusión, golpeada especialmente por la crisis.

El Ingreso Mínimo Vital reduce la pobreza y fomenta la inclusión social. Se trata de una prestación de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con carácter permanente y con una doble finalidad: reducir la pobreza y fomentar la inclusión social.

Se trata, por tanto, de una iniciativa pionera porque es la primera vez que en España se pone en marcha una medida de esta naturaleza. Cumplimos con las recomendaciones que, cada año y desde 2014, nos hace el Consejo de la Unión Europea: “Mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias”.