El acuerdo entre el Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez y Unidos Podemos sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) marca un giro muy importante en la orientación política y económica de España. Quizás llega un poco tarde, porque algo parecido tal vez se hubiese podido alcanzar después de las últimas elecciones generales, pero siempre es mejor tarde que nunca. El excelente ejemplo de Portugal, con un gobierno monocolor socialista que cuenta con el apoyo parlamentario tanto del Bloco de Esquerda como del PCP -esto es, del conjunto de la izquierda lusa-, puede tener por suerte su traslación también a nuestro país. Con muy buenos resultados económicos y sociales tras haber padecido con gran dureza las drásticas medidas de austeridad impuestas por la Comisión Europea, Portugal se ha convertido en un referente a tener en cuenta en España, aunque el nuestro sea, para bien y para mal, un mapa político bastante más complejo y complicado.

En buena lógica política, los mismos grupos parlamentarios que dieron sus votos a la moción de censura constructiva contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, deberían facilitar la aprobación de estos PGE. Para que este proyecto presupuestario sea aprobado basta que obtenga la mayoría simple, es decir que alcance más votos a favor que en contra; en este caso, a diferencia de lo que ocurre en cualquier moción de censura, no es necesaria la mayoría absoluta. Por consiguiente, quien de verdad quiera oponerse a estos PGE deberá votar en contra de ellos. En contra de unos presupuestos que proponen medidas socialmente muy atractivas y difícilmente rebatibles desde una óptica progresista. Además, con medidas que nadie en su sano juicio puede rechazar desde la práctica totalidad del territorio español, pero mucho menos todavía en comunidades como Cataluña, el País Vasco, Canarias, Valencia, Andalucía o Galicia, entre otras.

¿Se atreverán, los parlamentarios de ERC y del PDECat, a votar en contra de una propuesta presupuestaria progresista y tan positiva para Cataluña?

A ERC y al PDECat, los dos partidos políticos independentistas catalanes, se le presenta un dilema decisivo. Exigir al Gobierno de España que interfiera en las acciones judiciales para darle sus votos para la aprobación de estos PGE no es de recibo. En primer lugar, porque es tanto como negar la existencia en España de un Estado democrático y social de derecho. Pero también porque les será muy difícil, al PDECat y en especial a ERC, justificar o explicar su oposición a un proyecto presupuestario que, además de representar un importante giro progresista, genuinamente socialdemócrata, para el conjunto de España, representa también una serie de medidas muy positivas en concreto para Cataluña, con unos 3.200 millones de euros de inyección presupuestaria que pueden y deben revitalizar a la economía catalana, tan maltrecha a causa de la gran crisis financiera y económica vivida estos últimos diez años, pero sobre todo durante este último año a causa de los efectos negativos que el “procés” ha tenido en sectores clave de la economía catalana.

¿Se atreverán, los parlamentarios de ERC y del PDECat, a votar en contra de una propuesta presupuestaria progresista y tan positiva para Cataluña, esto es para la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana? Será la prueba clara de si el huido expresidente Carles Puigdemont, o su sustituto y vicario Quim Torra, todavía sigue mandando o no en el independentismo catalán, imponiendo contra viento y marea su insensata hoja de ruta. Será la prueba también de si ERC -y tal vez también una parte muy importante y sustantiva del PDECat- se atreve o no va dejar de moverse al dictado de Waterloo.