Hay decisiones políticas que definen a un gobernante más que cualquier discurso. Decisiones que revelan para quién gobierna y, sobre todo, a quién obedece. Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de tomar una de esas decisiones. El presidente de la Junta de Andalucía ha rechazado una propuesta del Gobierno de España que supondría 4.846 millones de euros más para Andalucía, la mayor inyección de recursos para una comunidad autónoma en el nuevo modelo de financiación.
Conviene recordarlo con precisión: Moreno Bonilla reclamó durante años 4.000 millones de euros más para Andalucía. Lo hizo desde el Parlamento andaluz, lo convirtió en eje de su discurso político y lo utilizó para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, cuando el Ejecutivo central y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponen sobre la mesa 4.846 millones de euros —casi 850 millones más de lo que él exigía—, Moreno Bonilla dice “no”. Y ese “no” tiene consecuencias directas y muy negativas para los andaluces.
Esa reclamación no era retórica ni coyuntural. En 2018, con el PSOE al frente de la Junta, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad exigir al Estado esos 4.000 millones para corregir la infrafinanciación histórica de Andalucía. Moreno Bonilla la respaldó entonces desde la oposición y la ha seguido defendiendo ya como presidente, incluso hace apenas unos meses en sede parlamentaria. Por eso resulta imposible de explicar que hoy rechace 4.846 millones de euros: no ha cambiado la cifra que reclamaba, lo que ha cambiado es su disposición a aceptar una propuesta del Gobierno de España.
Y la pregunta clave es por qué. Sobre todo cuando, bajo el gobierno de Moreno Bonilla, los servicios públicos se han deteriorado gravemente. La sanidad pública andaluza ha sido especialmente castigada, con listas de espera récord, falta de profesionales y un progresivo desmantelamiento de la atención primaria. A ello se suman los problemas en educación, el colapso de la dependencia y el aumento de la desigualdad. Estos 4.846 millones de euros son fundamentales para recuperar y reforzar los servicios públicos que el PP ha debilitado. Rechazarlos no es solo incoherente: es una renuncia consciente a mejorar la vida de los andaluces.
Rechazar todos estos miles de millones de euros no es una cuestión técnica ni un desacuerdo razonable sobre el modelo. Es una decisión política consciente. Es decir “no” a más recursos para hospitales, colegios, ayudas a la dependencia, políticas de vivienda o lucha contra la exclusión social. Es decir “no” a mejorar los servicios públicos de una comunidad históricamente infrafinanciada.
Según la propuesta del Gobierno de España, Andalucía sería la comunidad más beneficiada de todo el país, incluso por delante de Cataluña, esa Cataluña que obsesiona al Partido Popular y que utiliza permanentemente para la confrontación política, y que recibiría 4.686 millones de euros. Este dato desmonta de raíz el relato del agravio permanente que el PP lleva años alimentando. No hay castigo a Andalucía. Hay una apuesta clara, verificable y cuantificable.
María Jesús Montero, que ya diseñó en su etapa como consejera de Hacienda un modelo que reclamaba esos 4.000 millones ha cumplido. Lo prometió y lo ha hecho. Y lo ha hecho pensando en Andalucía, en corregir su infrafinanciación histórica y en garantizar que nuestra comunidad se sitúe en la media de financiación del conjunto del país.
Frente a esa realidad, Moreno Bonilla no ofrece ninguna alternativa. No presenta cifras, no propone otro modelo, no explica cómo piensa obtener más recursos para Andalucía. Se limita a decir “no”, refugiándose en la confrontación política y en un discurso vacío que ya no se sostiene. Pedía 4.000 millones. Le ofrecen 4.846. Los rechaza. Ahora debería explicarlo a los andaluces.
No es la primera vez que ocurre. Ya sucedió con la condonación de la deuda autonómica. El Gobierno de España puso sobre la mesa una quita histórica que habría supuesto liberar a Andalucía de casi 19.000 millones de euros de deuda, convirtiéndola de nuevo en la comunidad más beneficiada. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el principal organismo autónomo de análisis y evaluación económica del Estado, el ahorro en intereses para Andalucía habría superado los 2.600 millones de euros. Y, una vez más, Moreno Bonilla dijo “no”, alineándose con la estrategia de bloqueo marcada por Génova.
El patrón se repite siempre. Cuando una medida beneficia claramente a Andalucía pero procede de un Gobierno socialista, el PP andaluz la rechaza, aunque eso suponga renunciar a recursos imprescindibles y perjudicar a millones de ciudadanos. Moreno Bonilla antepone los intereses de Feijóo a los intereses de su tierra.
La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, lo ha expresado con claridad: “Que lo acepte ya. Que no nos avergüence anteponiendo los intereses de Feijóo a los de los andaluces”. Porque renunciar a este dinero no es un gesto simbólico. Es un daño real. Son 4.846 millones de euros menos para reforzar los servicios públicos.
Este rechazo evidencia también que el Partido Popular no tiene un modelo de financiación autonómica. Nunca lo tuvo. Cabe recordar que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta y fue incapaz de aprobar un nuevo modelo. Ahora, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tiende la mano y presenta una propuesta concreta, el PP vuelve a levantar el muro de la confrontación.
La incoherencia es clamorosa. Moreno Bonilla defendió en el pasado un planteamiento prácticamente idéntico al que hoy rechaza. Entonces lo avaló. Hoy lo critica. No por convicción, sino por cálculo político. No por Andalucía, sino por obediencia partidista.
Este nuevo modelo corrige la infrafinanciación histórica de Andalucía y garantiza que la comunidad reciba lo que le corresponde por población y necesidades sociales. Cumple con el acuerdo del Parlamento andaluz. Supera las cifras reclamadas. Refuerza el gasto en sanidad, educación, dependencia y políticas sociales. ¿Qué más se puede pedir?
La respuesta es incómoda para el PP: no pueden aceptarlo porque desmonta su relato. Porque demuestra que Andalucía no está marginada, sino priorizada. Porque evidencia que María Jesús Montero hace más por Andalucía desde el Gobierno de España que Moreno Bonilla desde la Junta.
Rechazar estos fondos es una irresponsabilidad histórica. Es hipotecar el futuro de Andalucía por puro sectarismo político. Es convertir la financiación autonómica en un arma partidista. Y es, sobre todo, una traición a los intereses de los andaluces.
La pregunta final es sencilla y legítima: ¿va Moreno Bonilla a seguir anteponiendo los intereses de su partido a los de Andalucía? ¿Va a seguir diciendo “no” a más recursos mientras los servicios públicos se deterioran? Porque gobernar no es confrontar. Gobernar es elegir. Y Moreno Bonilla ha elegido mal.
