Moreno Bonilla le niega a Andalucía 2.600 millones por proteger a un Feijóo debilitado

Juan Manuel Moreno Bonilla ha tomado una decisión que deja a Andalucía sin miles de millones de euros que podrían haberse destinado a reforzar la sanidad, la educación o la vivienda pública. La Junta ha rechazado la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para condonar parte de la deuda autonómica, pese a que Andalucía era la comunidad que más salía ganando con esa medida. Según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), decir “no” a esa condonación equivale a renunciar a 2.655 millones de euros de ahorro en intereses hasta 2030. En otras palabras: pagaremos más por obedecer las estrategias del Partido Popular a nivel nacional.

La decisión no solo tiene un fuerte impacto económico. También tiene un evidente componente político. Un dato que se conoce justo cuando Alberto Núñez Feijóo llega a Sevilla para clausurar el congreso del PP andaluz. Un Feijóo debilitado internamente, sin un proyecto claro y necesitado de mostrar unidad. Moreno Bonilla le ofrece esa imagen de cohesión que tanto busca, aunque para ello Andalucía pierda dinero. La foto de ambos juntos sale cara: 2.655 millones de euros menos para la comunidad.

Mientras el PP celebra su congreso en el Palacio de Congresos de Sevilla, ese mismo domingo, miles de ciudadanas y ciudadanos se manifestarán en las calles de las ocho provincias andaluzas. La plataforma AMAMA ha convocado protestas en defensa de la sanidad pública. Dos escenarios opuestos en un mismo día: dentro, el poder político felicitándose a sí mismo; fuera, la ciudadanía reclamando hospitales dignos, menos listas de espera y una atención sanitaria que funcione. Dos imágenes que resumen la Andalucía actual: una de escaparate y otra de realidad.

Conviene recordar cómo empezó todo. Durante meses, la Junta de Andalucía reclamó una condonación de deuda que rondaba los 17.800 millones de euros, argumentando que era fundamental para garantizar la estabilidad financiera de la comunidad. Era, según el propio Gobierno andaluz, una medida imprescindible. Sin embargo, cuando el Gobierno de España aceptó abrir la negociación y elevó incluso la cifra hasta los 18.791 millones, la postura de Moreno Bonilla cambió de forma radical. Lo que antes era una prioridad pasó a calificarse de “inaceptable”.

El cambio no puede explicarse por motivos económicos. Las necesidades de Andalucía siguen siendo las mismas. Lo que cambió fue la estrategia política del Partido Popular. Feijóo necesitaba mantener un discurso de agravio territorial, insistiendo en que el Gobierno favorece a Cataluña o al País Vasco. Pero los números desmontaban ese relato: la comunidad más beneficiada con la condonación era Andalucía. Admitirlo habría dejado sin base ese discurso victimista. Por eso, la Junta prefirió renunciar al dinero antes que romper el mensaje que se repite desde Génova.

La AIReF ha sido clara. Mientras la Junta minimiza el impacto, asegurando que el ahorro sería de solo 140 millones al año, los cálculos reales sitúan la cifra en torno a 530 millones anuales. En cinco años, eso supone 2.655 millones de euros. No se trata de dinero que llegue en efectivo, pero sí de un alivio financiero que permitiría reforzar los servicios públicos, invertir en políticas sociales y aliviar la presión sobre las cuentas autonómicas. Ese margen económico habría dado a la Junta un respiro muy necesario, especialmente en un momento de déficit de personal en sanidad y educación.

Para entender lo que significa esa cifra, basta con trasladarla a la vida cotidiana. Con esos 530 millones de ahorro cada año, Andalucía podría: contratar a 6.000 profesionales sanitarios más, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo; realizar 42.000 operaciones quirúrgicas adicionales al año, reduciendo las listas de espera; garantizar más de 2 millones de consultas de atención primaria adicionales, fortaleciendo un sistema que hoy se encuentra al límite.

Se podrían construir dos hospitales comarcales nuevos o modernizar completamente varios de los existentes; incorporar 1.400 nuevos docentes, bajando ratios y mejorando la calidad educativa o promover la construcción de 2.800 viviendas públicas, una medida eficaz para ayudar a jóvenes y familias trabajadoras que no pueden afrontar los precios actuales del alquiler.

Todo eso cabe dentro de los 2.600 millones de euros que Moreno Bonilla ha decidido que Andalucía no merezca. Todo eso se podía haber hecho. Todo eso estaba al alcance. Y todo eso se ha perdido por una decisión estrictamente política.

No es la primera vez que el Gobierno andaluz renuncia a fondos que beneficiarían a la ciudadanía. Moreno Bonilla ya rechazó más de 1.800 millones del escudo social impulsado por el Gobierno central durante la pandemia. También dejó escapar 112 millones de euros para guarderías. Sin embargo, cuando se trata de adjudicarse méritos por proyectos financiados con fondos estatales o europeos, la Junta no duda en presentarlos como propios. La incoherencia es evidente: lo que viene del Gobierno de Sánchez se critica, incluso aunque sea positivo para Andalucía.

Esta forma de gobernar tiene consecuencias directas. Los centros de salud están saturados, los profesionales sanitarios agotados, las familias esperan meses para una cita o años para recibir una ayuda de dependencia. En los colegios, las ratios se disparan y las aulas se convierten en espacios donde una maestra debe atender a casi treinta niños. Y en el mercado de la vivienda, miles de jóvenes no pueden emanciparse porque los precios son inasumibles. Todo esto sucede mientras el Gobierno andaluz renuncia a recursos que podrían aliviar parte de esos problemas.

Cuando Feijóo y Moreno Bonilla suban al escenario del congreso del PP andaluz, sonreirán ante las cámaras y hablarán de estabilidad, de buena gestión y de orgullo andaluz. Pero detrás de esa imagen hay una factura: 2.655 millones de euros menos para Andalucía. Esa cifra no es abstracta. Son hospitales que no se construyen, profesores que no se contratan, viviendas que no se levantan. Es el precio de la obediencia partidista.

Un presidente que renuncia a 530 millones de ahorro anual para proteger a su jefe político no gobierna pensando en su tierra. Gobierna pensando en los equilibrios internos de su partido. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿quién gobierna realmente en Andalucía? ¿Juan Manuel Moreno Bonilla o Alberto Núñez Feijóo? Y, sobre todo, ¿para quién gobiernan?

Lo que está en juego no es una simple cuestión contable ni una disputa entre administraciones. Es una decisión que afecta directamente al futuro de más de ocho millones de andaluces. Cada euro que se deja escapar es un euro menos para mejorar la vida de la gente. Cada renuncia política es un freno para el desarrollo de una tierra que necesita avanzar.

Andalucía no puede permitirse seguir pagando el precio de la lealtad de su presidente a los intereses del PP nacional. Porque mientras los dirigentes se preocupan por sus movidas internas, las familias andaluzas siguen esperando soluciones. Y el bienestar de toda una comunidad no debería sacrificarse por una foto de unidad partidista.