El botón rojo se colapsa en Andalucía: mayores abandonados a su suerte con el Gobierno de Moreno Bonilla

En Andalucía, hoy, una persona mayor puede pulsar el botón rojo de la teleasistencia en una emergencia y encontrarse esperando más de quince o veinte minutos para ser atendida. Ese tiempo, que para cualquiera puede parecer poco, es la diferencia entre vivir o morir cuando hablamos de una caída, un infarto o una crisis respiratoria. Y, sin embargo, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla sigue afirmando que el Servicio Andaluz de Teleasistencia funciona “con normalidad”. ¿De verdad puede decir eso mirando a la cara a quienes esperan ayuda solos en casa?

Porque la realidad es tozuda: hay listas de espera de meses para instalar el dispositivo en el domicilio, centralitas saturadas durante las horas punta y picos de más de un centenar de llamadas sin responder a tiempo. No se trata de un fallo puntual, sino de un problema estructural en un servicio diseñado para proteger la vida de más de 270.000 personas en Andalucía, muchas de ellas mayores de 80 años que viven solas.

El sindicato CGT denunció en la Cadena SER que este verano se han vivido auténticos cuellos de botella en Málaga, con la centralita bloqueada durante minutos y llamadas que se pierden en un limbo de espera. Por su parte, UGT advirtió en declaraciones recogidas por La Voz del Sur que “la situación es crítica”, con retrasos inaceptables de más de quince minutos para atender emergencias, fallos técnicos constantes y una gestión incapaz de dar respuesta al volumen actual de usuarios.

Durante muchos años, el Servicio Andaluz de Teleasistencia fue un ejemplo de política social eficaz: un botón, una voz al otro lado, una seguridad inmediata. Pero en pocos años, mientras la población envejecía y la lista de usuarios crecía de 176.000 a más de 275.000 personas, el refuerzo de plantilla no siguió el mismo ritmo. La consecuencia es clara: más llamadas, más incidencias y menos capacidad para responder.

Los propios teleoperadores han tenido que pedir disculpas públicamente. En enero de 2024, la Cadena SER informó de que el servicio en Málaga sufría picos de espera de hasta 20 minutos. Posteriormente, en febrero de 2025, el mismo medio amplió la denuncia señalando que las demoras podían alcanzar los 30 minutos, con centenares de llamadas acumuladas. En agosto de 2025, una nueva publicación de la SER precisó que se habían registrado picos de hasta 130 usuarios esperando simultáneamente más de 20 minutos para ser atendidos.

Mientras tanto, las listas de espera para instalar el dispositivo pueden superar los cinco o seis meses. Hay familias que solo consiguen avanzar cuando envían reclamaciones formales o presionan a través de los servicios sociales. ¿Cómo puede ser que un dispositivo destinado a garantizar una emergencia llegue cuando la emergencia ya puede haber ocurrido?

A este deterioro operativo se suma otro menos visible, pero igual de grave: la pérdida del acompañamiento humano. Antes, los usuarios recibían una llamada de control cada dos meses y felicitaciones por cumpleaños o fechas señaladas. Para muchos mayores, era la única conversación del día. Hoy, en muchos casos, esas llamadas se han reducido a una vez al año y las felicitaciones han desaparecido. No es un detalle menor: es romper el vínculo emocional que daba sentido al servicio.

La Junta presume de “modernización tecnológica”: detectores de gas, humo o movimiento, dispositivos móviles y nuevas plataformas digitales. Sobre el papel, suena bien. Pero cada nuevo aparato implica más incidencias, más llamadas, más carga de trabajo… sin un refuerzo proporcional de personal. Más herramientas sin más manos no es un avance: es una forma de maquillar el problema.

En diciembre de 2024, la CGT presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, alertando de que los registros internos del Servicio Andaluz de Teleasistencia mostraban picos de más de 400 llamadas en espera y que la falta de personal podía poner en riesgo la vida de los usuarios.

Los registros internos del Servicio Andaluz de Teleasistencia reflejan colapsos con cientos de llamadas en espera y tiempos de respuesta que superan cualquier estándar razonable para una emergencia. Cuando un servicio de este tipo falla de manera sistemática, deja de ser un asunto de gestión para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública.

A pesar de todo, la Junta insiste en que no hay colapso. Habla de millones de llamadas atendidas, de nuevas instalaciones, de ampliaciones previstas. Pero evita responder a la pregunta esencial: ¿responde el servicio con rapidez cuando alguien pulsa el botón porque no puede respirar, porque sangra o porque está solo en el suelo?

Lo más preocupante es la actitud del presidente Moreno Bonilla. Ante las denuncias de CGT, UGT y los propios trabajadores, su reacción ha sido la misma de siempre: un comunicado lleno de cifras y autocomplacencia. Ningún reconocimiento de los fallos, ninguna promesa de un plan urgente de refuerzo, ninguna asunción de la gravedad de lo que está ocurriendo. La estrategia es negar el problema y seguir hablando de “modernización” y “eficiencia”, mientras la realidad se deteriora.

Moreno Bonilla se ha especializado en la propaganda: hablar de récords, de miles de usuarios nuevos, de millones de llamadas atendidas. Pero la realidad es otra: mayores que esperan con el botón rojo en la mano y la angustia en el cuerpo porque nadie les contesta. Decir que “no pasa nada” porque finalmente la llamada se atiende es no comprender el sentido de la teleasistencia. Aquí no se trata de gestionar trámites administrativos: se trata de salvar o perder minutos vitales.

Las consecuencias son reales y concretas. Una caída atendida tarde puede provocar fracturas complicadas o infecciones que acaban en hospitalización. Una crisis cardíaca sin respuesta inmediata puede dejar secuelas permanentes. Una llamada no contestada puede ser la última. Y quienes más sufren las esperas son, precisamente, quienes menos capacidad tienen para alzar la voz.

Andalucía tiene más de un millón de personas que supera los 65 años, y cerca de 300.000 viven solas, según el INE. La teleasistencia no es un lujo ni un capricho: es la pieza que permite a muchas de esas personas seguir viviendo en su casa con seguridad. Cuando esa pieza falla, no solo peligra la salud: se erosiona la dignidad.

La defensa del Estado del Bienestar no se hace con discursos, sino con decisiones. Moreno Bonilla puede inaugurar centros, presentar dispositivos nuevos y difundir notas de prensa hablando de récords. Pero si mientras tanto una persona mayor pasa quince largos minutos esperando al otro lado del teléfono, esos comunicados no valen nada.

Invertir en teleasistencia no es un gasto: es una decisión ética. Significa reforzar plantillas, mejorar la organización de turnos, reducir la burocracia de acceso y devolver el componente humano que nunca debió perderse. Significa, en definitiva, poner la vida por encima de la propaganda.

Bajo su mandato, Andalucía ha pasado de ser un referente nacional en teleasistencia a sufrir retrasos de veinte minutos en emergencias, listas de espera interminables y un abandono del acompañamiento humano a nuestros mayores. La pregunta es sencilla, señor Moreno Bonilla: ¿puede una persona mayor esperar veinte minutos cuando pide ayuda? Si la respuesta es no —y lo es—, entonces no hay excusas. Hace falta un plan urgente. Y hace falta ya.

Andalucía merece un presidente que ponga a los mayores en el centro, no a la propaganda. Mientras Moreno Bonilla siga priorizando la foto y el titular por encima de la salud y la seguridad de miles de personas, cada espera de veinte minutos frente al botón rojo será también su responsabilidad.