Para una persona con Esclerosis Lateral Amiotrófica, ocho meses no son un simple plazo en un calendario. Ocho meses pueden ser, sencillamente, el tiempo que le queda de vida. Mientras la enfermedad avanza sin descanso y la persona va perdiendo la capacidad de moverse o respirar por sí misma, cientos de familias andaluzas viven una pesadilla diaria cuidando a su familiar a todas horas, esperando que la Junta de Andalucía cumpla lo prometido.
Por eso la pregunta es directa y no admite rodeos: ¿cómo se atreve Juanma Moreno Bonilla a pedir paciencia a quien se le agota el tiempo y la vida, mientras él no tarda ni un solo día en aumentarse su propio sueldo y en crear decenas de puestos nuevos para sus altos cargos?
Esa es la cruda realidad de la política que se aplica hoy en el Palacio de San Telmo. Para las familias destrozadas por la ELA solo hay excusas, papeleos que se piden una y otra vez y promesas que se quedan en palabras vacías.
Pero para la cúpula del Gobierno andaluz las cosas funcionan a una velocidad pasmosa. Para subir el sueldo del presidente, para contratar a decenas de asesores a dedo y para ampliar la estructura de la administración no hay trabas ni burocracia que valga.
Esto no es un fallo técnico ni un problema de papeles sobre una mesa. Es una decisión consciente sobre dónde decide el Gobierno andaluz poner el dinero de todos. En Andalucía la ELA no es una cifra abstracta ni un expediente guardado en una carpeta. Detrás de cada caso hay una persona que se va apagando y un entorno familiar que se arruina económica y emocionalmente para poder atenderla las veinticuatro horas del día.
Las ayudas aprobadas para los casos de máxima gravedad pueden alcanzar hasta los 9.859 euros al mes. Ese dinero no es un regalo: es el único medio que tienen estas familias para pagar cuidadores profesionales, adaptar sus casas o costear las máquinas que permiten a estos pacientes seguir respirando. Sin esa ayuda, la ruina es absoluta.
Ante esta situación de emergencia, la primera responsabilidad está en quien tiene que gestionar los recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el desarrollo de la Ley ELA, creó el nuevo grado de atención urgente y destinó 500 millones de euros para financiar estas prestaciones a medias con las comunidades autónomas.
El mensaje del Ministerio a todos los gobiernos autonómicos fue claro: había que preparar de inmediato los mecanismos necesarios para que el dinero llegase directamente a los hogares. Todo el mundo sabía lo que había que hacer. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha dejado pasar mes tras mes, acumulando retrasos sangrantes de hasta ocho meses.
Las propias asociaciones de enfermos lo han explicado de la forma más triste posible: la Junta llama a las puertas de las familias, pide documentos y confirma cuantías en cartas oficiales, pero el dinero real sigue sin llegar a las cuentas bancarias.
Y la ELA no espera a que un funcionario firme un papel ni a que un consejero busque una fecha en el calendario. Retrasar ocho meses el pago de esta ayuda significa quitarle a una familia vulnerable casi 79.000 euros con los que tendría que haber pagado a los cuidadores que atienden a su familiar día y noche.
La prueba de que las cosas se pueden hacer de otra manera está en lo que ha ocurrido en otros lugares de España. En Asturias, el gobierno autonómico puso en marcha un protocolo de urgencia para que los enfermos cobren la ayuda desde el mismo momento en que la solicitan.
En el País Vasco, las instituciones adaptaron sus normas para garantizar que la ayuda para contratar cuidadores sea compatible con otros servicios esenciales. En Navarra y en Cataluña se crearon vías exprés para evaluar a los enfermos en solo dos semanas y tramitar los pagos de forma inmediata. Y si en otros territorios se ha podido organizar la administración para responder a tiempo, ¿por qué en Andalucía se tarda más de medio año en entregar la ayuda a un enfermo terminal?
La respuesta no está en la falta de recursos económicos, sino en las prioridades políticas de Moreno Bonilla. Mientras a un enfermo de ELA se le exige esperar meses por un trámite, el Ejecutivo andaluz ha batido el récord histórico de altos cargos, alcanzando los 314 puestos directivos en la Junta.
Esto supone 47 altos cargos más que los que había cuando Moreno Bonilla llegó al gobierno prometiendo justo lo contrario: reducir el gasto de la administración. Mantener esta enorme estructura de puestos políticos cuesta a los andaluces más de 34 millones de euros cada año.
A todo este despliegue de puestos se suma la subida salarial que el presidente andaluz ha aplicado a su propio cargo y a la cúpula de su Gobierno. El sueldo de Juanma Moreno Bonilla ha alcanzado los 92.208,84 euros al año, lo que supuso una subida acumulada de casi el 39% respecto al salario que percibía la Presidencia en etapas anteriores.
Para subirse el sueldo a sí mismo y para repartir puestos de confianza entre los suyos no han existido dudas, ni atascos administrativos, ni falta de presupuesto. Todo se ha hecho con mucha rapidez. Pero cuando se trata de enviar un asistente a la casa de una persona que no puede moverse de la cama, la administración andaluza se vuelve lenta, fría y calculadora.
Este contraste es insostenible y define a la perfección el estilo de gobierno que el PP está aplicando en Andalucía. No se puede argumentar que no hay personal suficiente para tramitar las valoraciones cuando se dedican millones de euros a pagar sueldos de asesores nombrados a dedo.
No se puede pedir comprensión a una familia angustiada mientras el Boletín Oficial de la Junta publica un incremento tras otro en los gastos de la cúpula política del Gobierno autonómico. Gobernar consiste, antes que nada, en elegir a qué se da prioridad. Y las prioridades de Moreno Bonilla han quedado a la vista de toda Andalucía de forma clara e indiscutible.
Para la maquinaria de su partido, para los altos cargos y para su propio sueldo hay toda la prisa, el dinero y los recursos del mundo. Para los enfermos de ELA y para la gente que sufre, solo hay burocracia, papeles y una espera que destruye vidas.
Moreno Bonilla debería aprender una lección básica de humanidad y de servicio público: un expediente sobre la mesa de un despacho puede esperar en un cajón, pero un enfermo de ELA no tiene tiempo que perder.
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