La cosecha de la uva pasa moscatel en la comarca de la Axarquía atraviesa un momento crítico tras perder hasta el 70 % de la producción por las olas de calor y las altas temperaturas de este verano. Este duro golpe agrario se suma a la sequía y plagas anteriores, amenazando la continuidad de un cultivo único en el mundo. Sin embargo, ante esta grave catástrofe económica y social en municipios como Almáchar, El Borge o Moclinejo, la respuesta del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido el silencio sepulcral, la falta de ayudas directas y el absoluto abandono institucional.
Aquellas encendidas promesas electorales en las que el presidente andaluz aseguraba que defendería sin fisuras el mundo rural se han revelado como un rotundo engaño. Mientras la Junta de Andalucía recorta drásticamente el presupuesto para el SIPAM —el prestigioso sello de la FAO que reconoce a esta uva como patrimonio mundial— a la cifra ridícula de 10.000 euros, amenaza la tranquilidad de miles de jornaleros con su silencio sobre el PER y condena a estos pueblos a serios problemas de transporte público con Málaga, la Axarquía sufre el desprecio de una administración que trata a sus vecinos como andaluces de segunda.
La uva pasa moscatel de la Axarquía no es un cultivo cualquiera. Su sistema agrícola tradicional está oficialmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Se trata de un distintivo internacional de altísimo valor que poseen contadísimos territorios en todo el planeta y que premia no solo un fruto de calidad excepcional, sino un conocimiento ancestral, un paisaje abancalado único y una forma de vida que fija la población al territorio.
Sin embargo, para el Gobierno del Partido Popular en San Telmo, los reconocimientos internacionales de la UNESCO o la FAO parecen servir únicamente como decorado para hacerse fotos en periodos electorales. La realidad del presupuesto andaluz demuestra el desprecio absoluto hacia esta figura de protección: de los ya escasos y testimoniales 140.000 euros que se contemplaban en ejercicios anteriores —de los cuales gran parte jamás llegaban a ejecutarse—, la Junta de Andalucía ha perpetrado un tijeretazo demoledor en las últimas cuentas públicas, recortando la partida para el SIPAM de la Axarquía a la ridícula cifra de 10.000 euros.
La comparativa con otras comunidades autónomas resulta sonrojante y saca a la luz la insensibilidad de la administración autonómica. Mientras el Gobierno Vasco destina anualmente más de 300.000 euros de dinero público a la gestión y puesta en valor de su enclave SIPAM en las Salinas de Añana mediante una fundación activa, Moreno Bonilla destina cero euros de presupuesto real a la Asociación SIPAM de la Axarquía. Es la diferencia entre creer firmemente en la identidad cultural y el desarrollo económico rural o condenarlo al ostracismo más absoluto.
La negligencia de la Junta de Andalucía no se limita únicamente a la desinversión económica, sino que alcanza cotas de incompetencia burocrática difícilmente explicables. La presidencia de la Asociación SIPAM recae formalmente en la propia Delegación Territorial de Agricultura de la Junta en Málaga. Pues bien, tras más de cuatro años desde que municipios como Almáchar, El Borge o Moclinejo acordaran aportar cuotas anuales de sus propias arcas municipales para financiar la contratación de un gerente y dinamizar el territorio —lo que permitiría movilizar más de 60.000 euros al año—, la Junta ni siquiera ha sido capaz de facilitar un número de cuenta bancaria oficial donde los ayuntamientos puedan ingresar dichas partidas.
Esta inaudita paralización administrativa bloquea cualquier iniciativa de promoción turística, gastronómica o cultural que pudiera generar empleo y riqueza en los pequeños municipios del interior. En lugar de liderar, coordinar y aportar recursos, la Consejería de Agricultura actúa como un tapón burocrático que asfixia la voluntad de los alcaldes y agricultores locales. Se abandona la gestión a su suerte mientras las familias que sostienen con su sudor heroico las laderas de la Axarquía ven cómo sus pérdidas económicas amenazan con liquidar definitivamente un oficio generacional.
Por si la asfixia económica y la falta de infraestructuras no fueran suficientes, sobre miles de familias del campo andaluz se cierne ahora una profunda y justificada preocupación. Con la entrada de Vox en la gobernabilidad de la Junta de Andalucía tras las exigencias del pacto de investidura, el fantasma del desmantelamiento de la protección social agrícola ha vuelto a escena. La extrema derecha repitió por activa y por pasiva que su objetivo era eliminar el antiguo PER (el actual subsidio agrario vinculado al PFEA/AEPSA), una herramienta vital de renta y cohesión que sostiene el tejido productivo de nuestros pueblos.
¿Qué dice ahora Moreno Bonilla al respecto? Nada. Un silencio aplastante domina el Palacio de San Telmo. Tras incorporar los postulados de la ultraderecha a la gestión autonómica, tanto el Partido Popular como Vox guardan un sospechoso y cómplice mutismo sobre el futuro de unas ayudas de las que dependen miles de peonadas y jornaleros en la Axarquía y en toda Andalucía. Las familias del campo exigen explicaciones inmediatas: necesitan saber si el Gobierno andaluz va a ceder ante la demolición de los derechos laborales rurales o si va a seguir amparando este ataque directo a la dignidad de los trabajadores del campo.
El desprecio institucional hacia la comarca no acaba en el ámbito agrario. Los vecinos y vecinas de pueblos como Almáchar, El Borge, Moclinejo y el resto de municipios del interior de la Axarquía sufren un segundo y severo castigo: un servicio de transporte público interurbano absolutamente deficiente, desmantelado y obsoleto que cercena sus oportunidades de desarrollo. Tener serias dificultades diarias para desplazarse en autobús hasta la capital malagueña o hacia los centros sanitarios y administrativos de referencia no es una fatalidad inevitable, sino el resultado directo del abandono del Gobierno andaluz en materia de movilidad.
¿Cómo pretende Moreno Bonilla luchar contra la despoblación si priva a los jóvenes y mayores de los pueblos de las conexiones más básicas? Sin transporte público accesible, digno y frecuente, y sin apoyo decidido al sector agrario local, los municipios del interior de la Axarquía quedan condenados al aislamiento social y a la desconexión económica respecto al dinamismo del litoral. Exigir la articulación urgente de un plan de choque de transporte comarcal es una reivindicación de justicia social que la Junta ignora de forma sistemática.
La situación ha llegado a un punto de no retorno. La moción presentada por el Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía exige medidas extraordinarias: ayudas directas a fondo perdido para los agricultores afectados por las olas de calor, exenciones y reducciones fiscales, y un plan de apoyo financiero continuo a las explotaciones en riesgo de abandono.
Andalucía no puede permitirse el lujo de perder su patrimonio agrícola ni de tratar a sus habitantes del interior como ciudadanos de segunda categoría. Moreno Bonilla debe bajar del helicóptero de la propaganda electoral, pisar el terreno abrasado por las temperaturas extremas y dar explicaciones públicas a las familias de la Axarquía. La protección del SIPAM, la defensa de los derechos de los jornaleros y el reequilibrio territorial no se gestionan con titulares amables en televisión, sino con presupuestos reales, gestión eficiente y la firme voluntad de no dejar tirado a ningún pueblo andaluz.
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