La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que "cumpla la ley, se deje de tonterías" y acoja a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta, advirtiendo de que "los derechos humanos están por delante y por encima de cualquier pacto con Vox".
En unas declaraciones pronunciadas en la tarde del lunes en Cadena Ser, la dirigente socialista confirmó que el PSOE-A no participará en el acto institucional convocado "de manera unilateral" por la presidencia del Parlamento andaluz, donde se izará la bandera de la ciudad autónoma en la fachada principal de la sede parlamentaria. Montero ha denunciado que esta iniciativa coincide deliberadamente con las concentraciones impulsadas por el Partido Popular en ayuntamientos de toda España, cuyo único propósito es "sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido y la bronca impregnan el ambiente político". A su juicio, la verdadera solidaridad con el pueblo ceutí no pasa por escenificaciones partidistas, sino por cumplir estrictamente la legalidad vigente en la acogida de menores.
Durante su intervención, la máxima representante de los socialistas andaluces ha censurado las contradicciones constantes que exhibe el Gobierno autonómico de coalición. A su entender, aunque los socios de gobierno intentan aparentar normalidad institucional, la realidad evidencia una profunda inestabilidad y una sumisión constante a las tesis de la ultraderecha. Montero ha aseverado que el presidente de la Junta ha estado plenamente "dispuesto a tragar" con las exigencias de Vox con el único objetivo de "mantener un gobierno de coalición al precio que sea", relegando sus compromisos sociales a un segundo plano.
Asimismo, la dirigente ha recordado que el Ejecutivo de PP y Vox acumula fricciones públicas antes incluso de consolidar iniciativas de calado en el Pleno del Parlamento. Para la secretaria general, las costuras del pacto demuestran que la ultraderecha mantendrá la voz cantante en los asuntos más complejos mientras al mandatario popular le convenga mantener la alianza para retener el poder institucional.
Críticas a la gestión de ayudas por catástrofes
En otro orden de cosas, Montero ha valorado el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno andaluz para instar al Ejecutivo central a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a 31 municipios dañados por los incendios forestales en Almería, Granada, Huelva y Sevilla, así como por la serie sísmica registrada en Granada. La líder del PSOE-A ha criticado que la Junta actúe de este modo "porque sabe que el Gobierno de España siempre declara esas zonas como catastróficas de manera automática", acusando al Ejecutivo autonómico de intentar "capitalizar" unos fondos estatales ya comprometidos para crear un "falso agravio" que oculte su inacción en competencias propias como la sanidad, la educación o la prevención de incendios. En esta línea, ha recordado que el Estado ya ha movilizado recursos extraordinarios, como los 100 millones de euros del Consorcio de Compensación de Seguros para los afectados granadinos.
Asimismo, la secretaria general ha recalcado que su formación impulsará una comisión de investigación en la Cámara autonómica para exigir responsabilidades políticas sobre la gestión de los grandes incendios forestales de este verano. Paralelamente, ha subrayado la urgencia de afrontar la crisis climática con rigor: "Hay que tomarse extraordinariamente en serio el cambio climático y planificar para evitar nuevas tragedias", advirtiendo que los recientes seísmos e incendios exigen extremar la precaución, revisar el urbanismo en zonas inundables e incrementar los refugios climáticos como prioridad absoluta del trimestre.
Por último, Montero ha respondido a las críticas recibidas por compatibilizar su liderazgo al frente del PSOE andaluz con su acta de senadora en Madrid. La dirigente ha defendido su capacidad de trabajo y ha atribuido el cuestionamiento a un sesgo de género, señalando que a varones de formaciones contrarias que ocuparon puestos similares en el pasado, como Javier Arenas, Moreno o Juan Espadas, nunca se les reprochó tal circunstancia. Para la secretaria general, contar con una voz potente en los espacios donde se adoptan las grandes decisiones del Estado es una herramienta imprescindible para defender con eficacia los intereses de Andalucía.
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