Andalucía vive una situación tan grave como incomprensible: más de nueve meses sin que 20.000 familias —algunas ONG elevan la cifra a 40.000— puedan acceder a la ayuda más elemental para llenar la nevera y cubrir necesidades básicas de higiene. Son hogares con menores a su cargo que, desde marzo, se han quedado sin la tarjeta monedero, una herramienta diseñada para combatir la pobreza infantil y garantizar la alimentación de las familias vulnerables.
La paralización no ha sido causada por Europa ni por el Gobierno de España, que financia íntegramente el programa pese a que las comunidades debían aportar un 3% residual. Ha sido el Gobierno de Moreno Bonilla quien mantiene bloqueada la segunda fase alegando trámites administrativos y una adjudicación “inminente” que, nueve meses después, sigue sin concretarse.
Las tarjetas monedero —o tarjeta FEGA— forman parte del Fondo Social Europeo+ y se estrenaron en 2023 mediante un contrato estatal gestionado por Cruz Roja. Aquella primera fase, rápida y eficaz, caducó en marzo y desde entonces Andalucía se quedó sin el programa. La propia Cruz Roja confirma que no se está entregando ninguna tarjeta. Son familias atrapadas en un vacío administrativo cuyas consecuencias son tan simples como brutales: neveras vacías durante nueve meses, y aún más en Navidad, cuando la desigualdad se hace especialmente visible.
El programa asigna cantidades modestas pero decisivas según el tamaño familiar: 130 euros para dos personas, 160 para tres, 190 para cuatro y 220 para cinco o más. No se trata de caridad, sino de una política pública moderna ligada a acompañamiento profesional que favorece la inclusión social. Su paralización no tiene explicación técnica plausible; sí, en cambio, un evidente problema de prioridades políticas.
La gravedad del retraso obligó al Defensor del Pueblo Andaluz a abrir una queja de oficio para reclamar explicaciones sobre por qué la Junta no ha ejecutado el contrato, cuándo volverá a estar disponible la ayuda y por qué un programa que debía arrancar en enero de 2025 sigue paralizado. El Defensor habla de un retraso “ya injustificable”, de “gran cantidad de quejas” y de una necesidad urgente. Es una llamada de auxilio institucional ante una administración que parece haber desconectado por completo de la realidad social.
La respuesta del Gobierno de Moreno Bonilla ha sido escudarse en que el nuevo modelo estatal les obligaba a diseñar un programa propio “desde cero”. Incluso si fuera cierto —algo más que discutible—, resulta imposible justificar nueve meses de bloqueo cuando la primera fase, diseñada por el Gobierno central, se puso en marcha en apenas tres meses. Si el Estado pudo hacerlo, ¿cómo justificar que Andalucía no haya logrado activarlo en más de 270 días?
La última explicación es que la mesa de contratación ofrecerá resultados “pronto”, sin fecha concreta y con el riesgo de que cualquier recurso empresarial prolongue aún más el proceso. ¿Qué deben hacer esas familias mientras tanto? ¿Cómo se llena una nevera a base de promesas? La Junta ha tratado de justificar el retraso argumentando que dividió la licitación en ocho lotes —uno por provincia— para facilitar la participación de supermercados locales. Una medida comprensible, pero que no puede convertirse en la excusa perfecta para dejar nueve meses sin ayuda a quienes no pueden esperar ni un día.
Mientras Moreno Bonilla repite que “Andalucía avanza”, los datos oficiales desmienten ese relato. Andalucía es hoy la comunidad con más personas en riesgo de pobreza o exclusión social, más de tres millones. De los 20 municipios más pobres de España, 16 están en Andalucía. El PIB per cápita es el más bajo del país, un 25% por debajo de la media. El alquiler ha subido un 11,8%, el segundo mayor incremento nacional. El paro sigue en el 15,3%, cinco puntos por encima de la media estatal. La renta disponible es la segunda más baja de España.
Y la cifra más estremecedora: la pobreza infantil alcanza el 40,5%, la más alta del país. Casi uno de cada dos menores andaluces carece de lo básico y la pobreza severa infantil ha pasado del 13,5% al 16,18% en apenas un año. Con estos datos sobre la mesa, resulta aún más inexplicable que una comunidad con los peores indicadores sociales de España haya permitido que la herramienta diseñada precisamente para combatir esta situación lleve nueve meses detenida.
Lo que no se detiene, en cambio, son otras prioridades del Ejecutivo de Moreno Bonilla: dos subidas de sueldo en un año para altos cargos; rebajas fiscales para grandes patrimonios; millones en publicidad institucional; apoyo decidido a universidades privadas mientras la pública se ahoga; recortes acumulados en sanidad, educación y servicios sociales. Para todo eso no hubo problemas administrativos ni retrasos. Ninguna adjudicación interminable. Ninguna excusa.
La Andalucía real —la de los barrios empobrecidos, la de las madres que estiran la comida para que dure, la de los menores que crecen sin lo básico— no aparece en los anuncios de la Junta. La muestran el INE, AROPE, la Agencia Tributaria y las ONG: una comunidad empobrecida, precarizada y olvidada. Por eso la pregunta no es si la Junta puede activar ya las tarjetas monedero. Puede. La pregunta es por qué no quiere hacerlo. Porque lo que está en juego no es un trámite: es la diferencia entre proteger a quienes están en la cuerda floja o dejarlos caer.
Las tarjetas monedero son más que un apoyo económico: representan dignidad, protección y un modelo de gobierno que pone a las personas en el centro. Hoy ese programa está congelado. Guardado en un cajón institucional mientras miles de familias esperan y miles de niños crecen en pobreza. Y mientras la Junta se excusa, la desigualdad avanza.
Andalucía no necesita más anuncios ni más discursos autocelebratorios de Moreno Bonilla. Necesita acción, responsabilidad y la puesta en marcha inmediata de las tarjetas monedero. Sin más retrasos. Sin más excusas. Sin más daño.