El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha decidido bajar la persiana de la Universidad de Sevilla. Y no es una metáfora. Lo que está ocurriendo en la Universidad de Sevilla, obligada a ejecutar un plan de ajuste traumático de 16 millones de euros, es el inicio de un apagón educativo sin precedentes. La negativa de San Telmo a cubrir los salarios de los profesionales que sostienen la universidad ha dejado a la Hispalense bajo mínimos.
Esta situación fuerza a la institución a una dieta estricta y obligatoria. Mientras tanto, la Junta de Andalucía riega con privilegios y alfombras rojas al floreciente negocio de las universidades privadas. El ataque es una realidad que se mide en aulas masificadas, puertas cerradas y titulaciones denegadas. Este plan de choque supone un retroceso histórico para los derechos de los andaluces.
No se trata de una gestión ineficiente de la propia institución, sino de una pinza financiera ejecutada con precisión quirúrgica desde el Gobierno andaluz del PP. Al prorrogar los presupuestos y no contemplar el margen necesario para las subidas salariales, la Junta traslada el déficit directamente a las aulas. El resultado es dantesco: menos docentes, grupos más llenos y la decisión de cerrar edificios por la tarde para ahorrar en suministros básicos.
Para los alumnos, esta medida es un golpe directo a la línea de flotación de la igualdad. La universidad pública siempre ha sido el refugio de la clase media trabajadora, y muchos estudiantes dependen del turno de tarde para compatibilizar su formación con empleos. Al apagar las luces a las seis de la tarde, Moreno Bonilla envía un mensaje implícito: si no puedes estudiar por la mañana, quizás la universidad pública no sea para ti.
La masificación de los grupos y la falta de sustituciones degradan la calidad de la enseñanza. Los estudiantes ven cómo su formación se convierte en una carrera de obstáculos donde el apoyo personalizado desaparece. No es solo un problema de horarios, es una merma en el derecho a una educación de excelencia que no dependa del código postal o de la cuenta corriente familiar.
Para los docentes e investigadores, el escenario es de una precariedad asfixiante. La reducción en la contratación y el bloqueo de las promociones internas frenan en seco el relevo generacional. Profesores asociados y ayudantes doctores viven en una incertidumbre constante. Andalucía corre el riesgo de sufrir una fuga de cerebros interna: talento formado con dinero público que se ve obligado a marcharse ante la falta de recursos mínimos y de oportunidades de ser un profesional en la enseñanza pública universitaria.
No se puede investigar al más alto nivel ni preparar clases excelentes cuando la preocupación principal es si la Junta transferirá los fondos para la nómina. La estrategia de Moreno Bonilla se basa en una asfixia programada para degradar lo público hasta que parezca deficiente. Es el paso previo necesario para justificar el trasvase de alumnos hacia la privada.
Mientras la Hispalense hace encaje de bolillos, el mapa de Andalucía se llena de centros privados con una celeridad pasmosa. Bajo el actual mandato del Partido Popular, la educación superior ha dejado de ser un derecho blindado para ser un mercado de títulos. La recién aprobada Ley de Universidades para Andalucía es la herramienta legal para consolidar esta hoja de ruta.
Esta ley flexibiliza las exigencias para los centros privados, muchos de ellos controlados por fondos de inversión. Al mismo tiempo, somete a la pública a una vigilancia fiscal que impide su normal crecimiento. Es una competencia desleal financiada indirectamente por el Gobierno de Moreno Bonilla al retirar el oxígeno financiero a las instituciones con siglos de historia.
El cierre de facultades vespertinas es la cara más cruel de este ajuste. La universidad es un espacio de convivencia e investigación que no puede limitarse a un horario de oficina. Las bibliotecas vacías y los laboratorios cerrados son el precio que el Partido Popular está dispuesto a pagar por su dogma ideológico. No es eficiencia presupuestaria, es un desmantelamiento consciente.
Cerrar una facultad a media tarde no es ahorrar en kilovatios, es cercenar el intercambio de conocimiento. Es una estafa a los miles de estudiantes que pagan sus tasas y ven sus servicios recortados. Servicios no solo docentes, sino de tipo biblioteca, deporte o secretaría.
El hachazo de 16 millones impacta también en el Personal de Administración y Servicios. Con menos recursos para gestionar una burocracia compleja, el día a día se vuelve una gestión de crisis constante. El recorte en servicios de mantenimiento y limpieza empeora las condiciones de habitabilidad de los campus, afectando a la dignidad de quienes allí trabajan y estudian.
Resulta cínico que la Consejería de Universidad alegue desconocimiento sobre este desfase contable. No es un error administrativo; es una decisión política tomada desde San Telmo. Moreno Bonilla ha elegido priorizar su relato de bajada de impuestos a las rentas más altas, pagándolo con el cierre de aulas y la expulsión de docentes del sistema público.
Mientras la pública mendiga para pagar la calefacción, las universidades privadas avanzan sin oposición. Se está construyendo una Andalucía de dos velocidades: una para quienes pueden pagar y otra para la mayoría social. Este modelo dinamita el ascensor social y premia el origen económico por encima del esfuerzo y la capacidad intelectual.
La Universidad de Sevilla es un referente internacional. Permitir que se marchite por una asfixia presupuestaria es una irresponsabilidad histórica. El malestar de decanos y profesores no es una disputa menor, es un grito de alerta ante la degradación de un pilar fundamental de nuestra democracia. Lo que hoy ocurre en la Universidad de Sevilla ya se vive en la asfixiante situación de la Universidad de Málaga. Es una mancha de aceite que amenaza con extenderse a toda la red pública andaluza.
Sin embargo, este escenario tiene fecha de caducidad. Las próximas elecciones autonómicas se presentan como la oportunidad real para detener este proceso. El cambio en nuestra tierra ya no es una opción de partido, es una necesidad de supervivencia para la universidad pública. Los andaluces tendrán que decidir en las urnas si validan este modelo de apagón y privatización.
Andalucía necesita una universidad pública fuerte e independiente. La situación de la Hispalense demuestra que para Moreno Bonilla la educación pública es un estorbo que hay que minimizar. Es nuestra obligación defender que las luces de la universidad sigan encendidas para todos. El cambio es urgente para que el conocimiento no vuelva a ser un privilegio de clase.
El tiempo de las excusas y los anuncios de financiación récord debe terminar en las urnas. La Universidad de Sevilla merece respeto y los andaluces merecen un gobierno que no baje la persiana del futuro. La dignidad de nuestra tierra pasa por blindar sus aulas y proteger a quienes en ellas construyen la Andalucía del mañana.
