Desde el pasado 28 de mayo, el ministro Alberto Garzón tiene competencias para imponer multas a las empresas que cometan fraudes masivos contra los consumidores. Por primera vez desde la promulgación, hace casi 40 años, de la ley general para la defensa de nuestros derechos, el Ministerio responsable de la protección de los consumidores posee esa facultad, que deja de estar en manos exclusivas de Comunidades Autónomas, ciertos ayuntamientos y las dos ciudades autónomas.

La pregunta es, ¿lo hará? ¿Podemos esperar que en lo que queda de legislatura —que no es poco— el Ministerio de Consumo sancione o al menos abra expedientes sancionadores a unas cuantas empresas de la larga lista de sectores que nos obligan a pasear cada día por un campo de minas en forma de engaños, cláusulas abusivas e incumplimientos de contratos que hacen explotar nuestra economía?

De inicio, hay que poner en valor el hecho de que este ministro haya llevado a cabo un cambio regulatorio histórico, largamente demandado por FACUA y que representó una de las cuestiones prioritarias que expusimos a Garzón al inicio de su andadura como ministro.

¿Por qué reclamábamos este cambio? Porque cuando un fraude se produce en toda España, tiene poco sentido que para castigarlo de forma proporcional al número de consumidores afectados y al beneficio ilícito obtenido con él tengan que abrir expedientes sancionadores diecinueve organismos de consumo —los de las 17 comunidades y los de las dos ciudades autónomas—. En estos casos, puede resultar mucho más eficaz que un único organismo asuma esas competencias.

Pero además, lo cierto es que hasta la fecha, ninguna autoridad autonómica de consumo ha actuado con la dureza que correspondía ante los grandes fraudes sufridos por los consumidores. Como muestra, basta decir que la multa más alta aplicada en toda la historia por una administración de protección al consumidor se redujo a 3,15 millones de euros. Es una de las que impuso en 2017 la Junta de Andalucía —en este caso a Unicaja— como consecuencia de las denuncias presentadas por FACUA ante la aplicación de la cláusula suelo. Un macrofraude con el que la banca ingresó decenas de miles de millones de euros.

Lamentablemente, hay tres cuestiones que hacen dudar de si el ministro de Consumo y su equipo pasarán de asumir las competencias sancionadoras a ejercerlas.

En primer lugar, la forma de hacer política que caracteriza a Garzón desde que asumió la cartera de Consumo. Es raro escucharle una declaración o leerle un tuit donde señale a una empresa como autora de una práctica que vulnere la legislación de defensa de los consumidores. El ministro está especialmente centrado en cuestiones relacionadas con el juego —con una importante mejora regulatoria a sus espaldas—, el consumo sostenible y el fomento de hábitos de alimentación sanos y ecológicos. Pero todo ello mientras en paralelo deja bastante de lado algo tan esencial en un ministerio de protección de los consumidores como es la lucha contra el fraude.

La segunda cuestión es el talante que viene mostrando ante las denuncias que recibe por fraudes empresariales. De las más de 600 empresas que FACUA ha denunciado ante Consumo desde 2020, pueden contarse con los dedos de una mano —y sobran— los casos en que el ministerio ha contestado. Y cuando lo ha hecho, ha sido indicando que no se consideraba competente para actuar o que lo veía innecesario porque la empresa había cesado en la práctica denunciada.

Cierto es que no tenía aún competencias sancionadoras, pero sí para llevar a las empresas a los tribunales. Al igual que podía evaluar las prácticas denunciadas y, de compartir que efectivamente se estaba vulnerando la legislación de defensa de los consumidores, instar a la compañía en cuestión a cesar en ellas o trasladar el informe jurídico a las comunidades autónomas para potenciar así que abriesen expedientes sancionadores. Que haya llevado a cabo o no alguna de estas medidas es una incógnita, porque el ministerio se ha negado a aclarar nada al respecto a FACUA pese a las reiteradas peticiones de información.

Junto a estas dos cuestiones, vinculadas a la voluntad política de Garzón, está el hecho de que el mecanismo para emprender actuaciones sancionadoras desde el Ministerio de Consumo no está del todo claro —de hecho hay juristas que piensan que no está nada claro—.

De entrada, los cambios introducidos en la ley plantean que cuando las comunidades autónomas afectadas —aquellas en las que haya consumidores víctimas del fraude— no lo hagan, el ministerio competente en materia de consumo podrá abrir el expediente sancionador. Hasta ahora, en la cartera de Consumo han tenido conocimiento de cientos de fraudes ante los que ninguna comunidad estaba actuando y no han hecho, que se sepa, absolutamente nada en el marco de las competencias que tenían. ¿Qué va a pasar una vez que el ministerio puede multar?

Pero además, el nuevo texto incluido en la ley plantea ahora que "cuando la infracción produzca lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores o usuarios de forma generalizada en el territorio de más de una comunidad autónoma, de tal forma que se pueda ver afectada la unidad de mercado nacional y la competencia en el mismo, la competencia corresponderá a los órganos competentes en materia de consumo de la Administración General del Estado".

La cuestión es, ¿cómo decide el ministerio que se está produciendo un fraude que afecta a los consumidores de más de una comunidad "de forma generalizada" de manera que pueda verse afectada "la unidad de mercado nacional y la competencia"? Según la ley, para considerar que esto está ocurriendo "se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el número de consumidores y usuarios afectados, la dimensión del mercado donde opere la compañía infractora, la cuota de mercado de la entidad correspondiente o los efectos de la conducta sobre los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios".

Y aquí, dada la ambigüedad en la interpretación a la que se presta el texto legal, es donde entrará en juego el talante, las ganas de actuar por parte de los responsables del ministerio. Y si son las mismas que hasta ahora, mal vamos.