Mientras España arde el negacionismo sigue votando 'no'

España arde y una parte de la política sigue instalada en la negación. Mientras las llamas devoran territorio, obligan a desalojar pueblos y ponen a prueba a los servicios de emergencia, PP y VOX persisten en bloquear un acuerdo de país y en presentar la emergencia climática como una «ideología».

La dimensión de la catástrofe ya no admite eufemismos. En Niebla (Huelva), el incendio declarado el 6 de agosto ha recorrido un perímetro de más de 31.000 hectáreas. Aunque el operativo ha logrado acorralarlo y reducir la actividad a un sector, 660 personas continuaban desalojadas de fincas y viviendas aisladas. En Las Peñas de Riglos (Huesca), el fuego seguía activo al cierre de esta edición: más de 12.000 hectáreas afectadas, unos 58 kilómetros de perímetro y 1.021 personas evacuadas de 18 núcleos, además de un camping y un campamento. Las llamas llegaron a rodear el Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, sin alcanzar el edificio, mientras el patrimonio y la población se convertían en prioridades de una emergencia de escala extraordinaria.

No son episodios aislados, ni una suma caprichosa de desgracias estivales. Son la expresión cada vez más visible de un territorio más seco, de olas de calor más largas y de masas forestales que necesitan gestión durante los doce meses del año, no solo cuando ya hay humo en el horizonte. Y son, también, el resultado de una política que todavía discute la evidencia cuando debería organizar la prevención.

Mientras las llamas seguían activas, el Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de julio el Real Decreto-ley 20/2026, de medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales, publicado al día siguiente en el BOE y con efectos retroactivos desde el 22 de julio. La norma crea una Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema, financiada desde el primer día por el SEPE, que cubre hasta cuatro meses sin exigir un período mínimo de cotización, ni consumir cotizaciones para prestaciones futuras.

Podrán acogerse a ella las personas trabajadoras evacuadas o confinadas, quienes hayan perdido su vivienda y los autónomos que hayan tenido que cesar su actividad en los municipios afectados, sin necesidad de acreditar fuerza mayor. El Decreto amplía, además, los permisos retribuidos —hasta cinco días hábiles— para quienes hayan perdido a un familiar a causa de los fuegos y declara nula cualquier represalia empresarial contra quien no pueda acudir a su puesto por estas circunstancias excepcionales.

Pero atender la devastación después de que llegue el fuego, por imprescindible que sea, no basta. Esta respuesta inmediata es la parte más urgente de un proyecto más amplio: el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que Pedro Sánchez planteó en agosto de 2025, tras la oleada de incendios de aquel verano. El texto, enriquecido con más de 3.800 aportaciones de 1.300 actores —científicos, organizaciones agrarias, empresas y sociedad civil—, se estructura en 15 ejes y 80 medidas. Incluye gestión forestal activa durante todo el año, resiliencia hídrica, restauración de ecosistemas y biodiversidad, protección de infraestructuras críticas y una red permanente de seguridad social para las zonas más castigadas. También contempla un panel científico y una red de apoyo a investigadores y meteorólogos acosados por advertir sobre el cambio climático.

El negacionismo elige el bulo antes que el acuerdo

Frente a esa hoja de ruta, la respuesta de buena parte de la derecha y la ultraderecha ha sido la negativa. VOX difundió el 24 de julio, en pleno incendio de Madrid, un mensaje que resume su estrategia: «No es el cambio climático, es una ideología criminal, incompetencia y abandono». Santiago Abascal habló de «fanatismo climático» mientras miles de profesionales combatían las llamas.

El PP ha ido asumiendo progresivamente ese marco. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, calificó de «mantra» la idea de que el cambio climático mata; Cuca Gamarra redujo la propuesta gubernamental a «un titular». Desde el PSOE, Montse Mínguez ha denunciado que los populares tachan el pacto de «sectario e ideológico», asumiendo el relato negacionista de su socio de ultraderecha para no quedar contra las cuerdas ante VOX.

La negativa no se queda en las palabras. El PP ha votado contra el Pacto de Estado y los gobiernos autonómicos que preside, han rechazado en bloque la propuesta, ofreciendo en su lugar un «Acuerdo Nacional» basado en un texto de octubre de 2025 centrado, casi exclusivamente, en un Registro Nacional de Pirómanos con pulseras telemáticas.

Perseguir conductas delictivas y esclarecer los orígenes de los incendios es una obligación irrenunciable. Pero reducir una crisis territorial, climática y social a la figura del pirómano es una coartada política: desvía el debate de la prevención, de la ordenación del monte, del abandono rural, de la adaptación y de los recursos públicos necesarios para afrontar incendios cada vez más complejos. No hay pulsera telemática que enfríe una ola de calor, mantenga un cortafuegos, reduzca la continuidad del combustible o proteja una aldea rodeada por un gran incendio.

Los datos no son ideología, son evidencia

Frente a los bulos, los datos disponibles son inequívocos: España registró 91 olas de calor entre 2001 y 2025, frente a 43 en el cuarto de siglo anterior; los días bajo ola de calor pasaron de 210 a 510; y la temperatura media del país ha subido 1,75 grados desde 1961, con 221 récords de calor batidos frente a solo siete de frío en la última década. No son cifras del «Gobierno de Sánchez»: las certifica la AEMET, con medio siglo de series climáticas, y las corrobora el IPCC de la ONU.

Niebla y Las Peñas de Riglos añaden ahora nombres concretos a esa evidencia. Nombres de pueblos evacuados, de explotaciones aisladas, de familias que esperan poder volver, de brigadas y bomberos que trabajan con perímetros imposibles, de un patrimonio histórico amenazado. Nombrarlos importa porque, detrás de cada hectárea, hay un paisaje, una economía rural, una comunidad y una vida cotidiana suspendida.

Llamar «gasto ideológico» a blindar salarios de familias evacuadas, a sostener a quienes pierden temporalmente su trabajo o a restaurar bosques calcinados no es una posición política legítima entre otras: es negar la realidad que arde ante nuestros ojos. Y negar la realidad no la hace menos peligrosa; solo deja a la sociedad peor preparada para afrontarla.

Cada verano sin acuerdo es otro verano en el que la prevención forestal, la restauración ecológica, la protección de los pueblos y la red de seguridad social dependen de decretos dictados entre el humo. El Real Decreto-ley 20/2026 demuestra que se puede actuar con rapidez cuando el daño ya está hecho. Lo que España necesita es llegar antes: una política de Estado sostenida, dotada y compartida que gestione el territorio durante todo el año y no dependa de quién ocupe La Moncloa.

Porque el fuego no entiende de siglas. Pero la irresponsabilidad política sí tiene consecuencias. Y cuando los incendios avanzan, votar «no» a la evidencia equivale a dejar que el país siga ardiendo.