El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana considerar la incorporación como delito en el Código Penal, el acoso a las mujeres en las entradas de las clínicas de abortos. La votación ha puesto al descubierto, una vez más, las pocas diferencias ideológicas que existen entre el PP de Pablo Casado y la extrema derecha. La sesión parlamentaria también ha dejado bien claro, que los partidos que se presentan como únicos defensores de la ley y el orden son, precisamente, los que más las transgreden.

La escena del diputado totalitario Javier Sánchez García, llamando bruja a la diputada socialista Laura Berja, viene a demostrar, por si había alguna duda, que los políticos de la derecha no han superado ni el pensamiento ni el lenguaje del medievo. Conminado hasta en tres ocasiones por quien ejercía la presidencia del Congreso en ese momento, Alfonso Rodríguez, a salir de la sala de plenos, como marca el reglamento parlamentario, el señor diputado se negó y, después de un breve receso, aceptó a regañadientes y de manera casi ininteligible, a retirar el calificativo.

Por si le falta algo a esta historia, tantas veces repetida últimamente en nuestro parlamento, el diputado medieval de la extrema derecha que se niega a cumplir las normas es juez.

 No es el único empleado público que se niega a cumplir las leyes. La aprobación en el Congreso de esta propuesta, ha sacado a luz las muchísimas dificultades que tienen las mujeres en nuestro país para abortar en hospitales públicos. Una considerable mayoría de ginécologos se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, y se niegan a practicar abortos, al menos a hacerlo en el horario que dedican a la sanidad pública, porque algunos de ellos no tienen el mínimo problema, bien al contrario, a hacerlo en clínicas privadas.

La objeción de conciencia es un derecho inalienable de los médicos, pero debería tenerse en cuenta antes de concederles plaza en un hospital del estado, en un país donde la ley defiende el, no menos inalienable, derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Si permitimos que la ideología de algunos  esté por encima de las leyes, corremos el riesgo de que éstas sean inaplicables. ¿Debemos permitir, por ejemplo, que un médico testigo de Jehová se niegue a hacer transfusiones de sangre o que un pediatra que haya caído en la homeopatía no recete vacunas a sus pacientes? Los sanitarios públicos y los jueces que no sean capaces de dejar su credo colgado en la percha de casa, deberían tener la honestidad de renunciar al sueldo que les pagamos los ciudadanos.