Me asombra, y al mismo tiempo me escandaliza, observar cómo determinados grupos políticos de las derechas españolas -en especial Vox, pero también el PP-, con el apoyo entusiasta de sus potentes terminales mediáticas, han llegado a considerarse legitimados para transgredirlas leyes de nuestro Estado social y democrático de Dereco, o como mínimo para animar a que lo haga la fiel infantería de sus militantes y votantes. Las delirantes escenas de unos pocos centenares de manifestantes en el opulento barrio madrileño de Salamanca, metiendo bulla con sus cazuelas mientras blandían sus banderas españolas, no me escandaliza ni asombra porque se trate de una manifestación contra el actual Gobierno de España presidido por el socialista Pedro Sánchez y basado en la coalición de izquierdas formada por PSOE y UP, con el apoyo precario e inestable de formaciones tan diversas como ERC, PNV, MP, PRC, CC, NC, Compromís, Bildu, BNG y TE.

Los que luchamos porque España dejase atrás la cruel y larga noche de la dictadura franquista y recuperase las tan ansiadas libertades de un país democrático, nunca estaremos en contra de ninguna manifestación cívica y pacífica. No lo he estado yo nunca y espero no estarlo jamás en lo que me pueda quedar de vida, porque muy por encima de cualquier adscripción o simpatía ideológica o política soy demócrata, y por consiguiente respeto siempre todas las opciones, con la única excepción de las intolerantes, a las que respondo con mi propia intolerancia. Pero una manifestación pública, por muy legítimos que pueden ser los motivos de su convocatoria, debe ajustarse a la ley, porque para esto está el Estado social y democrático de Derecho en el que por fortuna vivimos desde hace ya más de cuarenta años. Y en un estado de alarma, que es el actualmente vigente bajo el amparo de la ley y con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de Diputados, están ahora terminantemente prohibidas no tan solo todas las manifestaciones sino también todas las concentraciones, incluso las reuniones que congreguen a un número que supere el máximo permitido.

Observando las imágenes de las curiosa manifestaciones del madrileño barrio de Salamanca -de las que EL PLURAL.COM ha dado cumplida información en varios videos particularmente elocuentes- me ha asombrado comprobar hasta qué punto se sorprendían, airados e incluso visiblemente escandalizados, algunos de los manifestantes, en especial algunas mujeres ya maduras, al comprobar que un reducido contingente de agentes tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local les recriminaban su actuación por ser ilegal, aunque lo hicieran solo verbalmente y con toda corrección, al menos según lo que yo he podido observar en las imágenes de estas manifestaciones.

Para buena parte de las derechas españolas parece como si estuvieran realmente convencidas de que el poder les pertenece “por la gracia de Dios”, como rezaba en los por fortuna ya lejanos tiempos de la dictadura en todas las monedas de nuestro país en referencia a Francisco Franco, “caudillo de España por la gracia de Dios”. Estos sectores de las derechas españolas -que tienen sus propias versiones nacionalistas en algunas de nuestras comunidades autónomas, muy en especial en Cataluña pero también en el País Vasco- no llegan a entender que en una democracia nadie, ningún sector social determinado, posee ni puede poseer el poder en exclusiva, y mucho menos de forma indefinida. Estos sectores de nuestras derechas aún no han llegado a comprender que una democracia se basa exclusivamente en la expresión libre y soberana de la ciudadanía con derecho a voto, siempre con el debido y estricto respeto y cumplimiento de la legalidad propia de todo Estado social y democrático de Derecho.

En el madrileño barrio de Salamanca no fueron pocos los manifestantes que se extrañaron e incluso se escandalizaron de forma muy visible, al comprobar, entre atónitos y perplejos, cómo los mismos agentes policiales a los que tantas veces aplaudían cuando, con razón o sin ella, reprimían, en no pocas ocasiones incluso con el uso de una violencia física desproporcionada, a manifestantes de otro tipo, mientras que en este caso se limitaban solo a censurarles su comportamiento y a ordenar que se dispersaran. La perplejidad de los escasos manifestantes del barrio de Salamanca respondía fundamentalmente a que muchos de ellos habían creído siempre que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eran “suyos”, y solamente suyos, como una parte más de sus pertenencias, de lo que siempre han considerado que han sido, son y deben seguir siendo sus posesiones por derecho natural o divino.

Por mucho que algunos medios al servicio de estas derechas hayan escrito incluso sobre la “brutal” actuación policial, no he conseguido hallar ni la más mínima presencia de algo que pueda considerarse como tal. No he alcanzado a ver ni una sola imagen de esta supuesta brutalidad policial. Ni en las imágenes publicadas en ELPLURAL.COM ni en las difundidas hasta ahora por ningún otro medio de comunicación. A diferencia de lo que en otras ocasiones todos hemos podido ver, por ejemplo en los tan lamentables hechos del ilegal referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1-O, o en tantas manifestaciones nacidas al calor del movimiento del 15-M, por poner solo unos pocos ejemplos de actuaciones policiales en las que pudimos ver todo tipo de excesos y abusos policiales, en el barrio de Salamanca no hubo nada que reprochar a los agentes policiales allí desplazados. Ninguno de ellos recurrió a la aplicación de métodos de actuación como los establecidos en la célebre “ley mordaza”, que estoy seguro que ha sido defendida con pasión por muchos de los manifestantes del barrio de Salamanca. Y a mí, como demócrata consecuente que soy, me gusta mucho que haya sido así: que los policías que intervinieron en estos incidentes tan penosos se limitasen a hacer cumplir la ley y a cumplirla ellos mismos, sin llegar siquiera a utilizar los métodos más duros y expeditivos que la legislación actual le siguen dando.

Una sola voz de estas derechas españolas, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, ha sabido estar a la altura al referirse a los sucesos del barrio de Salamanca. Porque ha recriminado y criticado lo que de ilegal había en su actuación en las calles y ha animado, en cambio, a que quienes deseasen manifestarse lo hicieran desde sus terrazas, balcones o ventanas, por tanto sin transgredir la legalidad. Mientras, otros destacados dirigentes del mismo PP, con la cada vez más inefable presidenta de la Comunidad, Isabel Diaz Ayuso, a la cabeza, y también los principales líderes de Vox, han defendido unas actuaciones públicas manifiestamente ilegales. Con sus entusiastas y potentes voceros y propagandistas de los medios de comunicación públicos y privados aplaudiéndoles a rabiar, como les suele ser tan característico. Es la tristemente tan conocida y endémica tendencia de unas determinadas derechas españolas -repito e insisto: con sus ya antes mencionadas versiones nacionalistas- que se consideran poseedoras únicas y eternas del poder, por derecho natural o divino. Siguen apostando por el guerracivilismo, por “las dos Españas” -o por “las dos Cataluñas”, o por “los dos Países Vascos”. Siguen aún, para nuestra desgracia colectiva, sin haber llegado a comprender y asumir las bases en las que se fundamenta una democracia, sin aceptar que por suerte vivimos en un Estado social y democrático de Derecho, en el que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes.

Concuerdo con la observación del gran historiador e hispanófilo irlandés Ian Gibson: "organizar cacerola das ahora es de gente malvada, desquiciada y fanática". No obstante, me permito añadirle una muy breve coletilla: pero es legal. Y esto es lo mínimo que se le puede y debe exigir a todos los ciudadanos de este país: el estricto cumplimiento y respeto de la legalidad democrática. Aunque, como bien afirma Gibson, "el único interés del PP en estos momentos es derrotar a Sánchez y al Gobierno de coalición". Pues que lo intenten, por muy "malvado, desquiciado y fanático" que sea este intento. Pero que lo intenten legalmente.