Los fondos buitre no podrán en adelante ganar dinero a espuertas con las viviendas de protección social. Toparán con un mercado condicionado por el precio de los alquileres, lo que podría hacerles descartar la compra de inmuebles protegidos. El anteproyecto de Ley de Vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros marca de forma clara y determinante la función social de la vivienda con una serie de claves que harán más difícil la especulación.

Aunque el anteproyecto tiene por delante un largo recorrido parlamentario, la regulación de los precios del alquiler, la definición del gran tenedor (más de diez inmuebles) y sus limitaciones caso de ser persona jurídica, la definición de zonas tensionadas que es donde se aplicarán las medidas especiales sobre precios y donde las comunidades autónomas tienen la capacidad de aplicar o no esas medidas, se orientan en esa misma dirección. El PP ya ha adelantado que tiene escasa intención de llevarlas a efecto si de ellos depende. Más aun, Pablo Casado, anunció el pasado 6 de octubre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad respecto a esta Ley.

Si finalmente la recurriera ante el Constitucional, no sería la primera vez que el PP lo haga por este tipo de asuntos. Ya lo hizo contra la ley inmobiliaria de la Generalitat de Catalunya, que también impide en determinadas zonas que se suban los precios. Es conocido que el abogado que lleva esta causa en nombre de los populares es Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos. Como es habitual, el partido de Casado hace causa común con los grandes propietarios que llevan meses denunciando “el intervencionismo” del Gobierno, pues los fondos y las asociaciones del sector consideran que limitar los alquileres amenaza la libertad de empresa y es negativo para la inversión dado que, según insisten, pueden ahuyentar a los inversores.

Fondos buitres y grandes empresas han estado muy mal acostumbrados a llevarse la porción más grande del pastel cortándolo a su manera, ignorando las necesidades sociales que les deben importar bastante poco. El PP ya protagonizó en 2013 la venta por parte de la Comunidad de Madrid de 3.000 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, operación que el Tribunal Supremo anuló, por falta de justificación; pero intentarlo, lo intentaron, como bien recordaba no hace mucho el diario Infolibre. Sin olvidar a la mujer de José María Aznar, Ana Botella, que a su paso por la alcaldía de Madrid vendió sin pestañear, por poco más de 128 millones, 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda al fondo de inversión Blackstone.

Esta es una de las diferencias con la derecha y la ultraderecha que tienden a mirar a los suyos y los partidos progresistas que se preocupan por los ciudadanos, en especial por los que tienen más difícil sobrevivir en su vida cotidiana. Por eso, el Partido Popular que está obsesionado en judicializar lo que le es adverso, intenta que los jueces les sean favorables.