Casi todo el mundo opina en redes sociales. La cuestión es si lo hace dando la cara o parapetado en un perfil con seudónimo. Además, no todo el mundo utiliza las redes sociales de la misma manera: los que hay que solamente acceden a ellas para mirar lo que dicen los demás; los hay que únicamente las utilizan para compartir imágenes con amigos y familiares; pero los más, lo hacen para informarse sobre la actualidad política, social o cultural.
Es innegable que el uso de redes sociales cada vez está siendo más común para estar informados, para interactuar con otras personas y sobre todo, para difundir mensajes, sumar apoyos para campañas, o para atacar al contrincante. Lo saben bien los partidos políticos que han llegado a contratar servicios para que generen cuentas falsas, detrás de las que hay una persona controlando varias, que atacan al unísono a la persona o cuenta indicada, o aplaude a quien le pague. Bienvenidos al mundo cibernético.
Los jueces, los policías y otros trabajadores no tienen permitido, en principio, hacer manifestaciones públicas de sus opiniones cuando puedan comprometerles. Han de velar por la objetividad y ejercer su trabajo sin la menor sombra de duda en sus actuaciones para que estas puedan plantearse dentro del estricto y riguroso cumplimiento de la ley.
El caso es que ya se ha conocido y denunciado en muchas ocasiones que precisamente quienes no deberían hacer exhibición de ningún tipo de ideología o crítica se han amparado en cuentas que no mostraban su identidad para opinar igualmente. Ha sido muy conocido el caso del agente Baena, más conocido en las redes sociales como "Tácito", que era el nombre que precisamente utilizaba en Twitter. Pero no ha sido el único.
Hace poco, Jon Iñárritu, Senador de Bildu denunciaba precisamente los insultos que había recibido desde una cuenta que también se amparaba en el uso de seudónimo para atacarle públicamente. Concretamente los insultos provenían de un fiscal adscrito al Servicio de Criminalidad Informática, Jorge Bermúdez .
También han sido conocidos los casos de distintos jueces y magistrados que actuaban de la misma manera, parapetados tras sus seudónimos en las redes sociales para insultar y atacar a distintas personas por cuestiones políticas o ideológicas. Así lo destapó el diario La República. Y las reacciones no se han hecho esperar.
Acabamos de conocer que desde la Comisión de ética del Consejo General del Poder Judicial se ha emitido un dictamen al hilo de una consulta sobre el uso que los jueces hacen de las redes sociales, en el que se da libertad para opinar y participar en espacios como Twitter sin necesidad de esconderse tras seudónimos. Eso sí, les piden extremo cuidado, prudencia y cortesía para que su imagen de independencia no quede dañada.
Lo cierto es que les advierte y les pone tantos avisos que al leerlo, a uno se le quitan las ganas de abrirse una cuenta con esas condiciones. Sobre todo teniendo en cuenta que, si es "la justicia" la que ha de considerar si se están o no saltando las reglas éticas, lo podrían tener difícil. Bueno, en realidad no, sencillamente el problema se daría en el momento en que a alguno se le ocurriera soltar alguna "broma" o "comentario subido de tono" y por ser juez no encontrase la condena que otros, que al no serlo, sí han recibido.
Se plantea un debate interesante en todo esto. Porque hasta ahora se supone que no sabíamos quién era la persona que nos estaba insultando detrás de un seudónimo. Ahora esta nueva decisión estaría abriendo la puerta para que nos podamos pelear con uno frente a frente.... y ¿qué ocurriría si mañana nos toca ser juzgados por él? La cosa es interesante.
Lo cierto es que a día de hoy ya nos ocurre. Personalmente he llegado a recibir insultos por parte de algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Concretamente de un Guardia Civil que tuvo la poca perspicacia de hacerme comentarios sobre un día en que acudí al cuartel a poner una denuncia por un asunto de tráfico (a denunciar a un conductor semisuicida). Y después, al calor del troleo en twitter no tuvo mejor idea que mandarme un mensaje privado, amenazante, y diciendo algo así como "no vuelvas a ir al cuartel de XXX".... poco tardó en darse cuenta y borrarlo. Y de esta manera pude comprobar cómo hay agentes que a través del "anonimato" se dedican a comportarse de manera que después otros vamos a denunciar. Me pregunto si cuando he puesto alguna denuncia en la comisaría por las amenazas recibidas en twitter estaría observándome alguno que precisamente tiene comportamientos lamentables en redes.
Todo esto, en mi opinión, se podría intentar solucionar si al acceder a cuentas de redes sociales hubiera que registrarse con datos reales: con tu DNI, sin ir más lejos. Ah! ya estarán aquellos que piensan que yo lo que quiero es fiscalizar y limitar la libertad... nada más lejos de la realidad. Pero resulta que soy de las personas que creen que cuando no tienes intención de delinquir, ni de amenazar, ni de utilizar las redes para hacer nada que no harías de frente en la calle, no deberías temer por estar sencillamente localizable. ¿Por qué? Porque en caso de que cometas un delito grave (como puede ser una amenaza) debería ser fácilmente denunciable. Y actualmente resulta que no lo es. Que hay una impunidad tremenda para aquellos que, cambiando sus IP, pueden hacerse pasar por cualquiera para comportarse como auténticos delincuentes. Y lo más triste es que son impunes.
Por eso la decisión que acaba de tomar el CGPJ me parece una auténtica chorrada. Porque mientras puedan seguir teniendo impunidad los que usan las redes para atacar desde cuentas con seudónimos, ¿para qué van a querer jueces y magistrados, policías o quien sea dar la cara y arriesgarse a jugarse el trabajo?
Vayamos al grano: un registro donde todo el mundo tenga que dejar constancia de quién hay detrás de la cuenta "perico el de los palotes" para que se le quiten las ganas de hacer lo que la impunidad hoy le permite.
¿A que no se atreven?
