No hemos empezado aún la legislatura y ya está la derechona soliviantada y cacareando, lo que viene a ser su estado natural y en el que pueden continuar los próximos cuatro años. Lo último que ha irritado a sus señorías de la bancada conservadora era imaginar que los diputados independentistas catalanes no hubieran sido suspendidos.
Los letrados del Congreso han avalado su suspensión automática, como se sabe, con el mismo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aplicó el juez instructor Pablo Llarena para suspenderlos de sus anteriores funciones como diputados autonómicos. Llarena es el que trazó el implacable recorrido de los imputados, irritando a mucho a catalanes como yo mismo que jamás hemos defendido la independencia.
La apuesta del PP y de Ciudadanos ha sido contundente. Exigían que la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, procediera a dicha suspensión y amenazaban con pedir su dimisión en caso contrario. Una reclamación a la tercera autoridad del Estado que lleva en el cargo menos días que los dedos de una mano.
Una decisión, por cierto, que la podía haber tomado el Tribunal Supremo en vez de reenviar la pelota al tejado parlamentario. Se hubiera evitado tanta tensión y tantas agresiones verbales.
Pero claro, el PP y su casi clónico Ciudadanos no podían consentir dar la razón a las posiciones más prudentes y se adelantaron a la jugada, amenazando a la presidenta Batet no solo con la reprobación, sino con acudir a los tribunales en el caso de que la mesa del Congreso hubiera sido contraria a la suspensión.
En un esfuerzo por demostrar lo que denuncian mañana, tarde y noche, el favoritismo del PSOE hacia los secesionistas, la derecha muestra su frustración por los buenos resultados de la izquierda en las elecciones generales, así como su desgraciada premonición de que en la triple consulta del próximo domingo, PP y Ciudadanos vuelvan a morder el polvo. A eso se debe la irritación, no hay que darle muchas más vueltas.
