El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo / EP
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Cuando mis hermanos eran pequeños, mi madre tenía una curiosa costumbre. Si traían alguna invitada o invitado a casa y decía alguna palabra malsonante, mi madre castigaba sin jugar a aquel de mis hermanos que hubiera invitado al malhablado mientras el lenguaraz seguía disfrutando a sus anchas. Por más que protestaran alegando que no habían sido ellos sino su amigo o amiga, mi madre no cejaba: ellos eran los responsables de que quien hubiera proferido la palabrota estuviera allí, y por tanto eran responsables de lo que dijo. Y que nadie crea que se trataba de palabras gruesas, prohibidas o inaceptables, porque bastaba un simple “idiota” o “imbécil” para que mi progenitora pusiera en marca su estrategia de mano de hierro con guante de seda.
Mi madre, como cualquiera en aquellos años de la Transición, evolucionó, y, cuando me llegó a mí el turno de llevar amigas a casa, ya no era tan estricta, aunque eso no quiera decir que permitiera las malas palabras o los insultos. Todavía recuerdo que me llegó a castigar por decir simplemente “caramba”, solo porque era una versión dulcificada de “caray”, y eso entraba de lleno en su lista negra de expresiones prohibidas.
Muchas veces pienso en ella cuando oigo a quienes se dedican a la política escupirse insultos o leo las lindeces que se dedican en redes sociales o medios de comunicación, y estoy segura de que le daría un patatús cada vez que escuchara según qué cosas, especialmente cuando vienen de esas personas teóricamente educadas y formadas que, además, han sido elegidas para representarnos. Aunque quizás lo que más espantaría a mi madre no sería tanto el insulto en sí, sino que se repitiera como si tuviera mucha gracia, llegando a hasta hacer rimas y chascarrillos con ello.
Y, como quiera que mi memoria está que se sale, también me vienen a la cabeza los tiempos en que insultar era un ilícito penal, aunque fuera leve. La de juicios de faltas que hice en su día en que se dilucidaba si una vecina le había dicho a la otra “guarra, que no te lavas la faja” u ordinarieces similares. Entonces pensaba que era una pérdida de tiempo, y recibí con alegría la despenalización de las injurias leves allá por el 2015. Pero hoy confieso que he llegado a echarlas de menos. Quizás se lo pensarían un poco antes de soltar la lengua con expresiones por las que mi madre les diría que han de lavarse la boca con lejía.
La cuestión es que hoy parece que todo vale, amparado bajo el enorme paraguas de la libertad de expresión. Pero hay que recordar que una cosa es la libertad de expresar una opinión, y otra la de insultar gratuitamente, y que el hecho de que algo no sea delito no quiere decir que esté bien, ni siquiera que lo permita la ley.
Sin duda alguna, el insulto es el argumento de quienes carecen de argumentos. Pero igual habría que reinstaurar la costumbre de mi madre y castigar no solo a quien insulta sino también a quien lo propicia y a quien lo consiente. Pero es más que posible que si lo hiciéramos hubiera overbooking en el rincón de pensar.
SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora @gisb_sus)
