Feijóo ha ido a Asturias y como buen “trilero”, ha tratado de convencernos de que tiene la “piedra filosofal” para bajar el precio de la vivienda. ¿Y si la tiene por qué no la aplican sus barones y baronesas? ¿Por qué no la ha aplicado el PP en los 34 años que lleva gobernando la Xunta de Galicia? Porque hay que recordar que las competencias en vivienda las tiene las comunidades autónomas. Las tiene Ayuso, Moreno Bonilla o Mazón.
Feijóo, desde un hotel de lujo (300 euros la noche), propone con una mano ayudas para facilitar el acceso a una vivienda, mientras con la otra, se apunta a la creación de una burbuja inmobiliaria que dispare aún más los precios. Plantea algunas medidas que ya está aplicando el Gobierno de España y otras, a las que se opuso recientemente en el Congreso. Y expone otras medidas populistas que si gobernara nunca aplicaría, como lo demuestra la gestión en las comunidades donde gobierna el PP. En definitiva, mentiras y más mentiras.
El aún líder del PP se ha sacado de la manga unas recetas para vivienda, para volver a los tiempos de los grandes pelotazos urbanísticos, más rápidos y con menos control. Para ello ha ideado la desregulación del uso del suelo, la renuncia al control de los precios y la rebaja de impuestos a especuladores. Esto no solucionará el problema que tienen millones de españoles para acceder a la vivienda, pero sí hará muy ricos a unos pocos.
Desmontemos a Feijóo. Su modelo es el mismo que el de Aznar, crear otra burbuja inmobiliaria en España, que ya sabemos que terminó empobreciendo durante años a millones de españoles y españolas. Su propuesta es la liberalización de suelo indiscriminada y avales a la compra, que aumentarán la demanda y el precio. Al final la ayuda va a los promotores. Es lo mismo que en 1998, entonces eran deducciones fiscales a la compra.
La solución del PP para aumentar la oferta de vivienda siempre es desregular el uso del suelo. Sin embargo, la experiencia demuestra que esto no beneficia a los ciudadanos, sino a los grandes promotores inmobiliarios. La Ley del Suelo de 1998, impulsada por Aznar, permitió recalificar masivamente terrenos cómo urbanizables, provocando la burbuja de 2008. Según datos del Banco de España, entre 1998 y 2007 el precio de la vivienda subió un 150%, muy por encima del poder adquisitivo de los españoles. Ahí empezaron los problemas.
La segunda propuesta de Feijóo es renunciar a cualquier control sobre los precios de alquiler, porque dice que ello desincentiva la oferta y ahuyenta a los propietarios. Miente y sabe que miente. En Berlín, por ejemplo, el límite de precios en zonas tensionadas redujo los alquileres en un 11% en sus primeros años de aplicación, según un estudio del DIW Berlín. Por el contrario en Madrid, donde Ayuso ha optado por desregular el mercado, los precios crecen sin freno. Según Fotocasa, Madrid es la región con los alquileres más caros de España, con un aumento del 12,9 % en 2023.
Y la tercera gran propuesta de Feijóo es reducir impuestos a grandes propietarios y promotores, dice que para dinamizar el mercado. Sin embargo, esto solo beneficia a las grandes fortunas en detrimento de las arcas públicas y el bienestar colectivo. Así en Andalucía, Moreno Bonilla ha eliminado impuestos como el de Patrimonio y ha reducido gravámenes vinculados a la compra de vivienda. Esto no ha provocado una bajada de precios para los ciudadanos, sino los beneficios para los especuladores. Según datos del Consejo General del Notariado, en Andalucía el precio de la vivienda subió un 8,1% en 2023, pese a estas supuestas “medidas de alivio fiscal”.
Las propuestas de Feijóo en vivienda no son nuevas ni innovadoras. Se basan en un modelo neoliberal que ya se ha demostrado que no resuelve la crisis habitacional en España. La desregulación del suelo, el abandono del control de precios y las rebajas fiscales a los especuladores son políticas que alimentan la especulación, aumentan los precios y dificultan el acceso a la vivienda. Todo ello lo estamos comprobando en las comunidades autónomas donde gobierna el PP.
¿Dónde han subido más los precios de la vivienda en 2024? En Canarias, un 16,4%; en Madrid, un 14,1%; en Baleares, que sigue siendo la región más cara del país, siguen subiendo los precios, un 13,1%; en la Comunidad Valenciana y Murcia, un 12,7% y en Andalucía, un 8,3%.
¿Qué tienen en común todas estas comunidades? Que en todas gobierna el PP, salvo en Canarias, que gobierna Coalición Canarias, eso sí, en un pacto con el PP. ¿No parece demasiado casualidad? No, no lo es. Los precios suben porque Ayuso, Moreno Bonilla, Mazón, Marga Prohens y López Miras quieren. Porque su modelo, el de Feijóo, prioriza los intereses de los especuladores sobre los derechos de los ciudadanos. Así de claro.
Frente a estas recetas fallidas del PP, basta con cumplir y aplicar las medidas de la Ley de Vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez para empezar a revertir esta situación. El derecho a una vivienda digna no puede estar supeditado a los intereses del mercado. Los ciudadanos merecen políticas que prioricen su bienestar y no las ganancias de unos pocos.
La Ley de Vivienda aprobada en 2023 por el actual gobierno, posee herramientas para combatir la especulación y garantizar la accesibilidad. Como la declaración de zonas tensionadas, el control de precios del alquiler y la obligación de dedicar un porcentaje del parque inmobiliario a vivienda protegida. Sin embargo, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han bloqueado o ignorado su aplicación.
Un informe de Oxfam Intermón revela que, de aplicarse correctamente la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez, los precios del alquiler bajarían un 20% en las zonas más tensionadas del país. Pero esta oportunidad se ve frustrada por la negativa de los gobiernos autonómicos del PP a implementar dichas medidas. Un dato, en Cataluña donde sí se está aplicando la Ley de Vivienda se ha reducido el precio de los alquileres en los 141 municipios declarados como “zonas tensionadas”.
El presidente Pedro Sánchez lo tiene claro y va a dar la batalla para que bajen los precios de la vivienda: “No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres”. Y garantiza que el Gobierno trabaja para que la vivienda sea “un derecho para todos”, aunque reconoce que “la situación es difícil porque los precios de los pisos no han parado de subir, la oferta es escasa y a menudo deplorable, pero hay que pelear para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos”. Una vez más, en este asunto, como en el resto, el PP no busca solucionar la situación, sino utilizar los problemas de la vivienda para intentar desgastar al Gobierno.