La estrategia de Feijóo: antes el poder que el país

La derecha española ya ha empezado a preparar el relato por si pierde las próximas elecciones: no habrán sido limpias. No denuncian irregularidades concretas; construyen una coartada antes incluso de que se abran las urnas. Es una estrategia conocida, la misma que puso en práctica Donald Trump en 2020 y que ahora algunos parecen dispuestos a importar sin el menor pudor.

El mecanismo es siempre el mismo. Se siembra la sospecha antes de conocer el resultado. Si ganan, todo habrá funcionado correctamente. Si pierden, el sistema estará amañado, el Gobierno carecerá de legitimidad y cualquier resultado será cuestionable. No es nada nuevo. Llevan deslegitimando al actual Ejecutivo desde el mismo día en el que se conocieron los resultados de las últimas elecciones generales.

El PP y Vox cuentan ya con una influencia muy importante en buena parte de los grandes poderes del país. La tienen, de forma evidente, en el ámbito económico. Y, a través de él, en una parte relevante del ecosistema mediático: muchos medios responden a intereses empresariales y políticos muy próximos a la derecha. También asistimos desde hace tiempo a decisiones y actuaciones judiciales que alimentan una preocupación legítima sobre la desigualdad con la que se tratan determinados asuntos.

No se trata de desacreditar a la Justicia ni de cuestionar a los jueces en bloque. Precisamente al contrario. Defender el Estado de derecho exige señalar aquello que puede deteriorar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Cuando casos que guardan grandes similitudes reciben un tratamiento radicalmente distinto según quién esté implicado, es lógico que la gente se pregunte si todos somos iguales ante la ley.

La instrumentalización judicial se percibe al comparar algunos casos. El fiscal general del Estado fue condenado por la difusión de un correo relacionado con el caso de Alberto González Amador. Sin embargo, ninguno de los periodistas que declaró en el juicio señaló a García Ortiz como fuente de la filtración, y dos magistradas del Supremo consideraron, en voto particular, que no existían pruebas para condenarlo. Aun así, fue inhabilitado.

El contraste con Miguel Ángel Rodríguez resulta difícil de entender. El ventrílocuo de Ayuso difundió los nombres y la fotografía de dos periodistas de El País, con la falsa acusación de acosar a vecinos, incluidos menores. La jueza no ha llegado a llamar a declarar a los policías que identificaron aquel día a los periodistas y que podían aclarar cómo circularon sus datos. La instrucción se ha cerrado después de escuchar a Miguel Ángel Rodríguez y a Alberto González Amador, las dos personas directamente implicadas en los hechos, cuya versión coincidente —que la imagen procedía del vecino del quinto— ha bastado para archivar la causa. Ni tan siquiera ha hecho falta comprobar si el edificio tiene cinco plantas. 

No se trata de discutir las resoluciones judiciales, sino de constatar que, según quién esté implicado, parece que el nivel de exigencia probatoria no siempre es el mismo. Y esa sensación es devastadora para la democracia. Porque la Justicia necesita ser independiente, pero también parecerlo.

Algo parecido ocurre con los medios que no forman parte de los grandes grupos de comunicación afines a la derecha. Este mismo medio donde están ustedes leyendo está columna, afronta una demanda de 300.000 euros presentada por el juez Peinado por sus informaciones sobre las presuntas irregularidades de su chalet. Una cifra así puede poner en serias dificultades a un medio pequeño, al margen de cuál sea finalmente la resolución judicial. No hace falta ganar una demanda para ejercer presión: a veces basta con elevar el coste del desacuerdo hasta hacerlo insoportable.

Pero la estrategia no se limita a los tribunales o a los medios. También necesitan señalar a quienes puedan convertir en sospechosos antes de que voten. Han encontrado dos objetivos muy claros: el voto exterior y la inmigración.

Por un lado, los descendientes de españoles que viven fuera de nuestro país, incluidos los familiares de quienes tuvieron que exiliarse durante la dictadura. La llamada ley de nietos nació para reparar una injusticia histórica y permitir que esas familias recuperaran un vínculo que nunca debieron perder. El PP votó en contra de la Ley de Memoria Democrática, pero ahora cuestiona el procedimiento y su posible impacto electoral. Feijóo ha llegado a presentar estas nacionalizaciones como una operación de "ingeniería electoral".

No importa que cada expediente requiera documentación, comprobaciones y trámites administrativos. Tampoco importa que obtener la nacionalidad no dé automáticamente derecho a votar: hay que inscribirse en el censo electoral y cumplir los requisitos correspondientes. Lo que importa es instalar la sospecha de que esos nuevos ciudadanos son votantes fabricados por la izquierda.

Por otro lado, están las personas migrantes regularizadas. La regularización no concede la nacionalidad ni el derecho a votar. Da residencia y permite salir de la economía sumergida, cotizar, trabajar con derechos y formar parte plenamente de la sociedad. Sin embargo, se les presenta como una amenaza electoral antes incluso de que puedan participar en unas elecciones.

Es significativo. Se acusa a personas que todavía no votan de poder decidir el resultado de unas urnas a las que no tienen acceso. Y se cuestiona el derecho de otros ciudadanos españoles a participar porque se sospecha que quizá no voten a la derecha. No es una anécdota. Es un precedente peligroso. Porque cuando el derecho al voto deja de contemplarse como un derecho vinculado a la ciudadanía y se convierte en algo que se concede o se cuestiona según a quién se supone que beneficiará, se abre una puerta muy difícil de cerrar.

Esa lógica no tiene un límite natural. Hoy se cuestiona el voto de los descendientes de exiliados o de quienes viven fuera de España. Mañana podrían señalar a las feministas, a los artistas, a las personas LGTBI, a los ecologistas o a cualquier colectivo que no encaje en su idea de país. La democracia empieza a deteriorarse cuando algunos consideran que hay ciudadanos más legítimos que otros para decidir el futuro común.

Todo forma parte de una construcción metódica de una coartada. José María Aznar lo resumió  con aquella frase: "El que pueda hacer, que haga". Y acaba de reclamar una "mayoría nacional" para derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. No habla de un programa concreto ni de una alternativa de país. Habla de movilizar todos los resortes posibles para recuperar el único poder que todavía se les resiste: el Gobierno de España.

Lo más grave es que están dispuestos a arruinar el país con tal de conseguirlo. España crece por encima de buena parte de Europa, crea empleo y se ha convertido en una referencia en energías renovables. La inmigración contribuye a ese crecimiento y resulta esencial para sostener nuestro mercado laboral y nuestro sistema de pensiones. Sin embargo, quienes se presentan como grandes patriotas parecen más interesados en alimentar la desconfianza que en consolidar esos avances.

Tenemos a negacionistas del cambio climático formando parte de la derecha que ya gobierna en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos, y que aspira a llegar al Gobierno de España. Una derecha que cuestiona la transición energética en un país que la está liderando en Europa. Y tenemos discursos xenófobos mientras los organismos económicos internacionales, nada sospechosos de estar afiliados al partido comunista, subrayan la importancia de la inmigración para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestro sistema social.

No es una contradicción. Es una prioridad política muy clara: antes el poder que el país. La verdadera amenaza aparece cuando una fuerza política no está dispuesta a aceptar una derrota electoral ni a respetar la voluntad expresada en las urnas. Porque cuestionar el resultado antes de que se vote no pone en duda a un Gobierno: pone en duda la democracia misma.