2. ¿Es inevitable el copago? La pérdida de recaudación que supuso para la Generalitat catalana la supresión del Impuesto de Sucesiones fue de 130 millones de euros, 50 millones menos de lo que calcula recaudar el gobierno nacionalista con la instauración del copago por receta médica (180 millones de euros). De manera directa e indirecta, el PP apoyó ambas decisiones lo que prueba la sintonía conservadora respecto a las prioridades de gasto e ingresos públicos. Con todo, si algo demuestra el error de suprimir el Impuesto de Sucesiones es que existen vías alternativas de financiar las políticas públicas. Recuperar el Impuesto de Sucesiones en lugar de crear el copago en Cataluña, o elevar los impuestos especiales al tabaco y al alcohol de alta gradación parece más justo que cargar sobre el enfermo, el coste de la financiación sanitaria. También, hay que caminar en la mejora de la gestión sanitaria, entre otras, centralizando las compras de las redes hospitalarias en aquellas CCAA que aún no lo han hecho. Otros caminos son posibles para sostener la financiación de la sanidad pública sin poner en peligro su gratuidad.
3. ¿Puede el gobierno central desentenderse del copago sanitario? En mi opinión, no. Una de las principales responsabilidades del gobierno central es garantizar la igualdad entre españoles, principio que se vería vulnerado en caso de que Moncloa mirara hacia otro lado dejando el que unas regiones implantaran el copago sanitario y otras no. La decisión de posponer la extensión del copago al conjunto de CCAA hasta después de las elecciones andaluzas tiene dos lógicas: (i) evitar daños electorales al candidato Arenas, y (ii) ser consciente, como lo es el gobierno, de que sería imposible extender el copago con un presidente al frente de una de las regiones más pobladas del país, Andalucía, beligerante con tal medida. En cierta medida, en manos de los andaluces está el que el pato del copago se convierta o no en realidad para el conjunto de españoles.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón es Profesor en UCJC
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