La derecha ya no disimula: si hace falta romperlo todo para gobernar, lo harán

Hay momentos en los que una democracia empieza a deteriorarse no porque desaparezcan las elecciones, sino porque determinados sectores dejan de aceptar las reglas básicas del juego democrático. Y eso es exactamente lo que empieza a percibirse en España. La sensación de que una parte de la derecha ha asumido que todo vale con tal de desalojar al adversario del poder ya no es una exageración de militantes enfadados: es una preocupación cada vez más extendida entre ciudadanos que observan cómo el clima político se degrada día tras día.

Lo más preocupante no es la crítica al Gobierno. La crítica es sana y necesaria. Lo verdaderamente inquietante es la estrategia permanente de demolición, la creación constante de sospechas, el intento de convertir cualquier rumor en una condena pública y cualquier investigación en una sentencia política anticipada. Porque cuando el objetivo deja de ser convencer en las urnas y pasa a ser destruir al adversario por cualquier vía, la democracia entra en una zona peligrosa.

Lo hemos visto antes. Y no precisamente en países lejanos o ajenos a nuestra realidad europea y occidental.

En Portugal, el socialista António Costa terminó dimitiendo como primer ministro tras una investigación judicial relacionada con negocios del litio y del hidrógeno. El impacto político fue devastador: dimisión inmediata, crisis institucional y elecciones anticipadas. Sin embargo, poco después trascendió que la Fiscalía portuguesa había cometido errores graves, entre ellos la confusión entre el nombre de António Costa y el del entonces ministro de Economía, António Costa Silva, en una transcripción de escuchas telefónicas. 

El daño ya estaba hecho. Costa había abandonado el cargo y su imagen pública había quedado profundamente deteriorada. Meses después, seguían existiendo dudas sobre el alcance real de las sospechas y sobre cómo una investigación con errores tan serios pudo desencadenar semejante terremoto político.  El caso portugués dejó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué ocurre cuando la maquinaria judicial y mediática actúa a una velocidad muy superior a la de las garantías democráticas?

Brasil vivió algo todavía más extremo con Lula da Silva. El líder progresista fue condenado y encarcelado en el marco de la operación Lava Jato, quedando fuera de las elecciones presidenciales de 2018. Posteriormente, el Tribunal Supremo brasileño anuló sus condenas al considerar que el tribunal que lo juzgó no tenía competencia para hacerlo y que el juez actuó con parcialidad. 

Lula pasó 580 días en prisión. Y aunque posteriormente recuperó sus derechos políticos y regresó a la presidencia, nadie puede devolverle el daño político, personal y democrático que aquello provocó. Incluso miembros del Supremo brasileño llegaron a calificar el caso como uno de los mayores errores judiciales de la historia del país. 

Y no hace falta irse tan lejos. En Andalucía sigue muy presente todo lo ocurrido con las macrocausas impulsadas por la jueza Mercedes Alaya contra antiguos dirigentes socialistas. Años después, el Tribunal Supremo acabó retirando el delito de malversación a los expresidentes andaluces Chaves y Griñán. Pero el daño ya estaba hecho. Durante años se instaló una condena pública y mediática que tuvo enormes consecuencias políticas y electorales, sin olvidar las personales para los afectados.

Y acabamos de conocer otro episodio que vuelve a alimentar el debate. Después de meses de ruido político, titulares y acusaciones constantes contra Begoña Gómez, un informe de la UCO concluye que no existen ingresos opacos ni movimientos sospechosos en sus cuentas y que sus ingresos “concuerdan” con su actividad profesional. Incluso algunos medios destacan que el informe debilita buena parte de los principales indicios sobre los que se había construido el relato inicial de investigación. Pero, una vez más el desgaste público, político ya está hecho.

Estos ejemplos deberían servirnos como advertencia. Porque las democracias se erosionan mediante campañas permanentes de descrédito, filtraciones interesadas, condenas mediáticas anticipadas y una utilización política de ruido judicial.

Y en España empiezan a verse demasiados síntomas preocupantes.

Hace años, Aznar pronunció aquella frase de “el que pueda hacer, que haga”. Una frase que muchos interpretaron como una llamada a activar todos los resortes posibles contra el adversario político. Desde entonces, una parte de la derecha española parece instalada en la lógica del bloqueo permanente: si gobierna la izquierda, el país es ilegítimo; si la derecha pierde elecciones, la culpa siempre es de una conspiración; si la mayoría parlamentaria no les favorece, entonces hay que deslegitimar las instituciones.

Lo vimos con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada durante años. Lo vemos cada vez que determinadas decisiones judiciales aparecen acompañadas de filtraciones selectivas y titulares diseñados para destruir reputaciones antes de que exista una sentencia. Y lo vemos también en cierta estrategia mediática basada más en la intoxicación constante que en la información rigurosa.

Porque aquí conviene decir algo incómodo: la justicia, por desgracia, no siempre es justa. Y reconocerlo no es atacar la democracia, sino precisamente defenderla. Las instituciones democráticas deben poder ser criticadas cuando fallan.

No se trata de desacreditar a jueces o fiscales en bloque. Sería injusto y falso. Hay profesionales independientes y extraordinariamente rigurosos. Pero también resulta evidente que en algunos casos puntuales esto no es así.

Y mientras tanto, el ruido continúa creciendo.

También en el ámbito mediático. En los últimos años estamos viendo cómo determinados grupos de comunicación viran editorialmente de forma muy evidente hacia la derecha, muchas veces condicionados por intereses económicos, presiones empresariales o estrategias políticas. Los ciudadanos no son ingenuos. Perciben perfectamente cuándo determinados relatos se construyen de manera coordinada y cuándo ciertos comunicadores pasan de informar a militar políticamente desde un micrófono.

Pero quizá lo más preocupante sea otra cosa: el intento de normalizar la idea de que “no pasaría nada” si el PSOE facilitara un gobierno de la derecha mediante una abstención. Y ahí aparece un fenómeno especialmente doloroso para muchos votantes progresistas: antiguos referentes socialistas que parecen dedicar hoy más energía a atacar al actual presidente del Gobierno que a combatir las políticas de la derecha.

Resulta difícil de entender para buena parte de la militancia socialista que dirigentes históricos aparezcan cómodamente junto a líderes del PP, mientras apenas elevan la voz contra los recortes, las privatizaciones o las políticas regresivas impulsadas por la derecha. Especialmente en territorios como Andalucía, donde el deterioro de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación genera cada vez más preocupación social.

La crítica interna es legítima. Siempre lo ha sido en el PSOE. Pero una cosa es discrepar y otra contribuir a construir el relato de que da igual quién gobierne, de que izquierda y derecha son lo mismo, o de que entregar el poder a quienes llevan años bloqueando instituciones tendría un coste democrático irrelevante.

Y no, no da igual.

Porque cuando una derecha política, mediática y económica empieza a asumir que cualquier herramienta es válida para alcanzar el poder, el problema deja de ser partidista. Pasa a ser democrático.

España necesita una oposición fuerte, seria y responsable. Lo que no necesita es una estrategia permanente de desgaste basada en incendiar instituciones, alimentar sospechas sin pruebas sólidas y convertir la política en un campo de demolición total.

Porque cuando todo vale para conquistar el poder, lo que acaba rompiéndose no es solo un gobierno. Lo que termina resquebrajándose es la propia confianza de los ciudadanos en la democracia.