Juanma Moreno Bonilla ya no puede pisar la calle. Cada vez que se expone sin filtros, sin alfombra roja, sin escoltas ni focos a medida, se encuentra con lo que Andalucía realmente piensa de él: abucheos, gritos de hartazgo y un rechazo creciente. En lugar de vítores, pitadas; en lugar de palmas, pancartas.
Lo vimos hace unos días en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga, durante un partido de baloncesto del Unicaja. Moreno Bonilla acudió acompañado de Feijóo y Bendodo, esperando una ovación. Lo que recibió fue una sonora pitada. Días antes, en Écija, tuvo que abandonar también un acto entre protestas masivas en defensa de la sanidad pública.
Moreno Bonilla ya no engaña a nadie. Su tiempo político se ha agotado, y lo sabe. Su fachada amable y su cuidada estrategia de comunicación ya no tapan la realidad: seis años y medio de recortes, deterioro de lo público y una gestión marcada por el abandono de las necesidades reales de la ciudadanía. Ni los medios afines ni las encuestas maquilladas pueden esconder lo evidente: a un año de las elecciones, Moreno Bonilla es un presidente acorralado por su propio fracaso.
La ciudadanía andaluza ha empezado a despertar. Cada vez son más los que levantan la voz contra un modelo político que ha beneficiado a unos pocos a costa de la mayoría. Y lo confirman también los datos. Según el último barómetro de GAD3 para ABC —nada sospechosos de ser de izquierdas—, la ciudadanía suspende masivamente a Moreno Bonilla en todas las áreas claves que son competencia exclusiva suya: sanidad, educación, vivienda y política fiscal. No se salva ni una.
En sanidad, solo el 16% considera buena su gestión. Un 55% la califica de mala, y otro 28% de regular. Es decir, el 83% de la población andaluza no aprueba cómo el presidente de la Junta ha gestionado uno de los pilares del Estado del bienestar. ¿Y qué ha hecho Moreno durante estos años? Recortar, derivar millones de euros a la sanidad privada, desmantelar hospitales públicos, centros de salud y servicios de urgencias. ¿A cambio de qué? De una sanidad más cara, más desigual y más colapsada que nunca.
Y, por si fuera poco, varios contratos firmados por su gobierno están siendo ya investigados en los tribunales de Sevilla y Cádiz por posibles irregularidades. Se habla de “presuntas” adjudicaciones a dedo, de empresas beneficiadas sin concurrencia pública y de “presuntas” irregularidades administrativas. ¿Esta es la “nueva política” que prometían? Lo que hay es una vieja receta de siempre: beneficiar a unos pocos y dejar tirados a la mayoría.
En vivienda, el drama es igual de sangrante. El 61% de los andaluces cree que la gestión del PP andaluz ha sido mala. Otro 23% la ve regular. ¿Qué ha hecho Moreno mientras los alquileres se disparaban y las familias eran expulsadas de sus barrios por la presión del turismo? Absolutamente nada. Ha permitido que el mercado se descontrole, ha renunciado a intervenir y ha abandonado cualquier política pública de vivienda. Ni plan de vivienda, ni freno a la especulación, ni apoyo a los jóvenes. Solo excusas y brazos cruzados.
Andalucía se vacía de vecinos y se llena de apartamentos turísticos. Con el PP gobernando en siete de las ocho capitales andaluzas, no solo no hay soluciones: hay complicidad. Por omisión, por cobardías por falta de voluntad política. Lo público le estorba, lo social le molesta, y la realidad de la calle le incomoda. Por eso no la pisa. Por eso huye.
En política fiscal, el suspenso se repite. El 42% de los encuestados califica como “mala” la gestión tributaria de la Junta. Otro 28%, como regular. ¿Por qué? Porque Moreno ha convertido Andalucía en un paraíso para los más ricos. Suprimió el impuesto de patrimonio —que solo afectaba al 0,2% más rico de la población— y renunció a ingresos esenciales para financiar los servicios públicos. En lugar de redistribuir, favoreció a quienes más tienen. En lugar de justicia fiscal, privilegios. Mientras tanto, los hospitales se colapsan y las escuelas públicas pierden recursos.
Y aquí entramos en otro de sus grandes fracasos: la educación. Desde que llegó a la Junta en 2019, el Gobierno del PP ha cerrado más de 2.400 aulas públicas. Para el próximo curso ya serán 3.000. Una sangría intolerable. Todo ello mientras incrementa el presupuesto para los centros concertados.
Moreno Bonilla no solo no ha hecho nada por la escuela pública: ha trabajado activamente en su contra. Ha debilitado su estructura, ha ignorado al profesorado, ha despreciado los recursos humanos y materiales. Está construyendo una Andalucía en la que la educación es un privilegio, no un derecho.
Ante este panorama desolador, ¿cuál es la respuesta de Moreno Bonilla? Ninguna. Guarda silencio, se esconde o recurre a su comodín favorito: culpar al Gobierno de España. Pero ese discurso ya no cuela. Los andaluces saben perfectamente que sanidad, educación, vivienda y la política fiscal son competencias de la Junta de Andalucía. Y el responsable de la nefasta gestión tiene nombre y apellidos: Juanma Moreno Bonilla.
El presidente que prometía estabilidad ha traído parálisis. El que decía gobernar para todos, ha gobernado solo para unos pocos. El que presumía de moderación, ha ejecutado sin temblarle el pulso el mayor proceso de privatización encubierta en décadas. Y ahora, ni siquiera se atreve a pisar la calle. Porque la calle -esa que ya no puede controlar- le está diciendo alto y claro: se acabó.
Andalucía no necesita un presidente escondido. Necesita un gobierno valiente, comprometido y con un proyecto para la mayoría. Andalucía necesita justicia social, servicios públicos dignos y un modelo que ponga a las personas en el centro, no a beneficios privados. Y eso no lo va a ofrecer el PP. Solo un gobierno socialista puede garantizar una apuesta real por lo público, sin complejos, y con los pies en la calle, porque sabe que ahí es donde debe estar. Andalucía empieza a hablar.
