Andalucía ya está entrando en el verano de 2026. Millones de turistas comienzan a llegar a nuestras costas, la población se dispara en numerosos municipios y la presión sobre los servicios públicos aumenta. Sin embargo, justo cuando la presión asistencial comienza a intensificarse por la llegada casos de visitantes, el Gobierno de Moreno Bonilla vuelve a reducir la actividad sanitaria y mantiene en la incertidumbre a ciudadanos y profesionales sobre los recursos reales que estarán disponibles durante los próximos meses.
De hecho, UGT ha denunciado que los centros de salud comenzarán a cerrar sus consultas por la tarde desde el 29 de junio, adelantando la reducción de actividad respecto a veranos anteriores. Para el sindicato, la medida supone una reducción anticipada de la asistencia sanitaria en un momento en el que numerosos municipios ya empiezan a afrontar una mayor carga asistencial.
No hablamos de una medida menor. La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. Es donde se diagnostican enfermedades, se realizan seguimientos, se controlan patologías crónicas y se evita que miles de pacientes terminen saturando las urgencias hospitalarias. Cada consulta que desaparece supone una dificultad añadida para miles de ciudadanos.
La crítica sindical no se limita al calendario. UGT considera que adelantar el cierre de las consultas vespertinas evidencia una estrategia basada en la reducción de actividad en lugar del refuerzo de recursos. Una decisión difícil de justificar en una comunidad que cada verano recibe millones de visitantes adicionales.
La experiencia reciente debería servir de advertencia. Durante el verano de 2025, únicamente 392 centros de salud mantuvieron actividad por las tardes de una red de más de 1.500 centros sanitarios existentes en Andalucía. Dicho de otra forma, tres de cada cuatro centros dejaron de ofrecer atención vespertina. Ahora la reducción comienza antes y amenaza con prolongarse durante más tiempo.
La contradicción es evidente. Municipios de la Costa del Sol como Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Mijas, Estepona o Torremolinos duplican e incluso triplican su población durante julio y agosto. Lo mismo ocurre en numerosos puntos del litoral gaditano, almeriense o onubense. Málaga recibe cada verano millones de visitantes y lo lógico sería reforzar los recursos allí donde aumenta la población. Sin embargo, la respuesta vuelve a ser la reducción de consultas y la limitación de la actividad sanitaria.
Y todo ello ocurre mientras Andalucía vuelve a aparecer en los últimos estudios y análisis sobre financiación sanitaria como la comunidad autónoma con menor inversión sanitaria por habitante. La noticia, difundida por distintos medios durante los primeros días de junio, confirma una realidad que millones de andaluces llevan años percibiendo en su día a día.
Cuando una comunidad autónoma está a la cola de España en inversión en sanidad pública por habitante, resulta imposible sostener que el deterioro asistencial sea fruto de circunstancias puntuales. Es una consecuencia directa de las prioridades políticas de quien gobierna. Y los resultados están a la vista de cualquier ciudadano que intenta acceder a una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica en un plazo razonable.
Lo más llamativo es que Andalucía afronta este verano sin conocer aún cuál será el verdadero alcance del dispositivo sanitario previsto por la Junta. Y esa incertidumbre no surge de la nada. Los antecedentes invitan a la preocupación.
El pasado verano la Junta anunció más de 36.500 contrataciones para cubrir las necesidades estivales. Sin embargo, los sindicatos denunciaron que buena parte de esos contratos eran de muy corta duración y que apenas una pequeña parte correspondía a médicos. Una situación especialmente llamativa si se recuerda que Moreno Bonilla prometió cuando estaba en la oposición acabar con la precariedad laboral en la sanidad pública andaluza y apostar por contratos más largos y estables.
La realidad ha sido muy distinta. Los profesionales sanitarios continúan denunciando problemas de estabilidad laboral y dificultades para desarrollar una carrera profesional atractiva dentro del Servicio Andaluz de Salud. El resultado empieza a ser alarmante. Cada vez más médicos y especialistas rechazan contratos ofertados por el SAS o buscan oportunidades en otras comunidades autónomas donde las condiciones resultan más atractivas.
Entre las consecuencias más preocupantes de esta situación destaca la falta de anestesistas que denuncian sindicatos y profesionales sanitarios en distintos hospitales andaluces. La falta de estos profesionales está provocando dificultades para mantener la actividad quirúrgica programada, obligando en algunos casos a suspender o retrasar intervenciones previstas. Una situación que agrava uno de los principales problemas de la sanidad andaluza: las listas de espera.
La ecuación es tan sencilla como preocupante. Si faltan anestesistas, se realizan menos operaciones. Si se realizan menos operaciones, aumentan las listas de espera. Y cuando aumentan las listas de espera, miles de pacientes ven retrasados tratamientos e intervenciones que afectan directamente a su salud y a su calidad de vida.
Resulta difícil aceptar que una comunidad autónoma de casi nueve millones de habitantes siga enfrentándose a problemas tan básicos en áreas tan sensibles de su sistema sanitario. Porque detrás de cada intervención aplazada hay una persona esperando. Detrás de cada consulta cerrada hay un paciente que tarda más en ser atendido. Y detrás de cada profesional que rechaza trabajar en el SAS hay un fracaso de gestión que debería preocupar seriamente a cualquier responsable político.
A ello se suma otro precedente inquietante. El pasado verano permanecieron fuera de funcionamiento más de 3.000 camas hospitalarias en Andalucía. Mientras la población aumentaba por la llegada masiva de visitantes y el sistema seguía soportando importantes listas de espera, miles de camas quedaron inactivas durante los meses estivales. Hoy, cuando el verano de 2026 ya ha comenzado, los andaluces siguen sin saber cuál será la capacidad hospitalaria real con la que contará el sistema sanitario público.
Mientras tanto, la Junta sigue sin ofrecer respuestas claras sobre cómo piensa afrontar los próximos meses.
¿Cuántos médicos se contratarán para cubrir las vacaciones?
¿Cuántas camas hospitalarias permanecerán abiertas?
¿Cuántos centros de salud mantendrán consultas por la tarde?
¿Cuántos quirófanos funcionarán a pleno rendimiento?
Son preguntas que deberían estar respondidas antes del inicio de la temporada alta. Sin embargo, Andalucía vuelve a afrontar el verano sin conocer con precisión los recursos sanitarios de los que dispondrá. Y eso es precisamente lo más preocupante.
Porque estamos hablando de la sanidad pública. Del servicio que atiende una urgencia, diagnostica un cáncer, realiza una intervención quirúrgica o salva una vida. Porque estamos hablando de un derecho fundamental que debería reforzarse precisamente en los periodos de mayor presión sobre el sistema sanitario.
Sr. Moreno Bonilla, Andalucía merece una sanidad preparada para el verano, no una sanidad que entre en modo ahorro cuando más personas necesitan atención. Merece planificación, transparencia y recursos suficientes. Y merece un Gobierno que entienda que la salud de millones de andaluces y de quienes nos visitan no puede seguir gestionándose a base de cierres anticipados, contratos precarios e improvisación permanente.
Porque cuando la población aumenta y los recursos disminuyen, el problema no es la falta de información. El problema es la falta de prioridades.
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