Andalucía, entre el cáncer y el colapso mientras Moreno Bonilla y Vox negocian sillones

Una vecina de Almonte con un melanoma agresivo acumula ya tres años y medio esperando una cita en Dermatología, otro síntoma brutal del deterioro de la sanidad pública andaluza. Las elecciones ya han pasado, pero las listas de espera siguen costando vidas y todo apunta a que la situación irá a peor. Mientras tanto, en estos días, Moreno Bonilla escenifica un “teatrillo” de una supuesta resistencia frente a la extrema derecha, que nadie se cree.

El decorado de la moderación y la llamada "vía andaluza" empieza a resquebrajarse una semana después del paso por las urnas. Ni Moreno Bonilla gobernará en solitario con sus 53 escaños ni Vox piensa regalarle gratuitamente la investidura; ambos representan una calculada coreografía política en los platós de televisión con la que intentan disimular la parálisis de una comunidad asfixiada por los recortes en sanidad, educación y vivienda.

Detrás de los discursos de centralidad con los que Moreno Bonilla pretende seducir a los analistas, la realidad andaluza golpea con una crudeza intolerable. El caso más dramático e indignante de los últimos días llega desde la provincia de Huelva: una vecina de Almonte lleva exactamente 1.272 días —tres años y medio— esperando una cita programada con el servicio de Dermatología. El motivo de la consulta es un melanoma plantar, uno de los cánceres de piel más agresivos y con mayor riesgo de metástasis si no se interviene a tiempo.

Por otro lado, el Sindicato Médico de Granada ha lanzado esta misma semana una alerta roja institucional para denunciar la situación de colapso extremo en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. La falta de personal, la saturación de plantas de hospitalización y la incapacidad para aliviar el embudo de ingresos desde urgencias han desembocado en jornadas de auténtico caos asistencial, con profesionales médicos completamente desbordados.

Mientras la joya de la corona de los servicios públicos se desangra, el Palacio de San Telmo se ha convertido en el epicentro de un sofisticado combate de boxeo de mentira. La aritmética surgida de las urnas andaluzas es tozuda: el Partido Popular no ha conseguido mayoría absoluta. Mientras Vox, por su parte, ha obtenido 15 escaños decisivos. Con una repetición electoral totalmente descartada, Moreno Bonilla necesita el sí o la abstención de la ultraderecha. No hay otra combinación física posible y el pacto es un destino inevitable.

Sin embargo, el primer mensaje que lanzó el presidente en funciones al concluir el escrutinio fue proponer a Vox, sin pestañear, que se quedara fuera del Gobierno andaluz para mantener la centralidad. Una mentira tan burda que ni él mismo se cree. Conviene recordar que Moreno Bonilla fue el pionero absoluto en abrir las instituciones de par en par a la ultraderecha en España y Europa en el año 2018.

Hasta la fecha, el gobierno de Moreno Bonilla ha aplicado de forma sistemática y silenciosa una parte sustancial de la agenda ideológica de Vox: desde el freno a las políticas de memoria democrática hasta la asfixia de las subvenciones a colectivos sociales y de igualdad.

El problema actual radica exclusivamente en el marketing. Al líder del PP le aterra que las políticas reaccionarias aparezcan firmadas bajo el membrete oficial de una coalición con Vox, ya que eso destruiría la ficción de líder moderado que tanto dinero público le cuesta promocionar. Una cosa es aplicar el programa de la extrema derecha con piel de cordero y otra muy distinta verse obligado a hacerlo bajo la exigencia pública y el chantaje diario de sus socios de Vox.

Pero el truco de magia ya no le funciona. Desde la dirección de Vox ya le han enviado un mensaje claro y contundente a Moreno Bonilla advirtiendo que no van a regalar ni sus votos ni sus escaños.

El ejemplo de lo ocurrido en plazas como Extremadura, Aragón o Castilla y León demuestra cuál es el “modus operandi” real de Vox, forzando la entrada en los ejecutivos autonómicos sin importar el desgaste mediático de sus compañeros de viaje.

Esta semana, Vox ha terminado de arrinconar al presidente andaluz al poner encima de la mesa de negociación el principio de la “prioridad nacional” para el acceso a las ayudas sociales y el empleo público, un eslogan radical que el propio Moreno Bonilla tachó repetidamente de electoralista, ilegal e impracticable durante los debates de la campaña electoral. Ahora, atrapado en su propia ratonera numérica, el PP andaluz se prepara para tragarse sus propias palabras, porque pactarán. Por supuesto que pactarán.

Mientras se consuma el reparto de sillones en las negociaciones de investidura, los problemas estructurales que se ocultaron durante la campaña electoral emergen con fuerza en el resto de las áreas clave.

La comunidad escolar se encuentra en pie de guerra tras confirmarse los planes de la Consejería de Educación de suprimir de forma masiva líneas de Educación Infantil pública, provocando el hacinamiento en las aulas.

En el ámbito superior, se confirma que los rectores andaluces han decidido congelar la adaptación de sus estatutos a la polémica Ley de Universidades Públicas de Andalucía por graves incompatibilidades constitucionales, acusando a la Junta de diseñar una ley para asfixiar las finanzas de los campus públicos y extender una alfombra roja a las universidades privadas.

Al mismo tiempo, el acceso a un techo digno se ha convertido en una quimera burocrática; colectivos sociales denuncian que la Junta de Andalucía ha depurado y dado de baja de golpe decenas de miles de solicitudes de vivienda protegida para maquillar las listas de demandantes, mientras la ineficacia de la administración autonómica provoca la pérdida de subvenciones millonarias de los fondos europeos destinadas a la edificación de VPO.

En el plano medioambiental, la tramitación de la polémica legalización de pozos ilegales en la Corona Norte de Doñana se desvela definitivamente como lo que siempre fue: un anzuelo de propaganda para arañar poder territorial en Huelva. Con el acuífero en estado terminal, la Junta carece de recursos hídricos reales para cumplir sus promesas a los agricultores, al tiempo que colectivos ecologistas denuncian el desvío de fondos de depuración prioritarios hacia otros fines comerciales.

El desenlace de esta obra de teatro es de sobra conocido y terminará con la firma de un gobierno compartido de PP y Vox. Lo verdaderamente trágico de la gran farsa andaluza es comprobar que, una vez desmontado el decorado de las elecciones, el guion del sufrimiento ciudadano sigue intacto: las listas de espera matan, las aulas se masifican y la privatización de los servicios esenciales avanza implacable mientras los actores principales terminan de maquillarse para la función.