A veces, el exceso de orden conduce al caos, aunque parezca una paradoja. Al expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, se le perdió la agenda en la que apuntaba con esmero cada paso, cada reunión, cada entrada y salida. Así, disponía de un control añadido de sus negocios, que eran también los de otros, correligionarios y ajenos.

Gracias a esas cuidadosas anotaciones, que él inició en 1997 y continuó hasta 2018 –cuando sus circunstancias procesales le apartaron de la vida activa y además cayó gravemente enfermo-, la agencia fraude de Hacienda y los UCO de la Guardia Civil han podido establecer, entre otras cosas, las trazas de un posible enriquecimiento irregular de quien fue ministro de José María Aznar, amén de diputado regional, diputado en el Congreso y senador. También trabajó como adjunto con el secretario general de Telefónica.

Los indicios apuntan a un presunto cobro de comisiones de muchos millones en base a concesiones de las ITV y de parques eólicos cuando era President de la Generalitat Valenciana. Los informes que estudia el juzgado de instrucción número 8 de Valencia son contundentes, Zaplana era “la jerarquía superior” de una trama societaria que se extendía por trece países para evitar al fisco y repatriar más tarde el dinero. Su fin era cobrar comisiones, desde luego nada legales, cuantificadas en más de once millones de euros.

No actuaba solo. Entre la larga serie de nombres beneficiados e incursos en este asunto que se investiga si hubo corrupción, brilla por sí mismo el de Juan Cotino, que ostentó diversos cargos de relieve en la Generalitat Valenciana como Consejero y vicepresidente, presidió las Cortes de Valencia y fue director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar.

La agenda de Zaplana da cuenta de veinte años de multitud de reuniones en las que los protagonistas de esta historia tan poco edificante dedicaban el tiempo a organizar su beneficio particular derivado de los asuntos públicos para los que habían sido elegidos y/o designados. A la vez que quienes eran altos cargos o funcionarios, percibían su sueldo oficial. Produce sonrojo ajeno pensar que mientras estas cosas sucedían, el propio Zaplana como portavoz popular arrojaba duras palabras de duda contra la justicia y las fuerzas de seguridad en la línea de la teoría de la conspiración de los terribles atentados de Atocha, el 11M de 2004, sobre los que Aznar mintió.

No viene de nuevas que políticos del PP se aprovechen del dinero que administran para enriquecerse. Tenemos demasiados casos en los tribunales y en prisión y una condena rotunda a la mala actuación del PP que apuntan a que solo estamos viendo la punta del iceberg. Mientras, los de Génova se dedican con especial saña a descalificar y perseguir a los jueces que contra viento y marea hacen su trabajo de investigar y sentenciar. Lógico: las indagaciones de Hacienda y de la Guardia Civil apuntan a una forma de vida muy próxima al delito. La agenda de Zaplana lo corrobora.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com