Hay momentos en los que una sociedad se mira al espejo. Momentos que no solo reflejan lo ocurrido, sino también cómo reaccionamos ante ello. El accidente ferroviario de Adamuz es uno de esos momentos. No solo por la tragedia en sí, que deja un dolor irreparable, sino por lo que vino después: la explotación política de ese dolor.
Nada hay más delicado que una pérdida humana. Nada exige mayor prudencia, silencio y respeto. Y, sin embargo, incluso antes de que se activaran los protocolos de emergencia, antes de que los equipos técnicos comenzaran su trabajo, antes de que las familias pudieran ser acompañadas en su dolor, ya circulaban en redes, tertulias y titulares veredictos cerrados: abandono, caos, negligencia, colapso del sistema ferroviario. No era información contrastada. No era análisis. Era estrategia.
Son los mismos actores y hacen siempre lo mismo: transforman el sufrimiento en munición política. Lo hacen sin pruebas, sin datos, con un único objetivo: erosionar la confianza en un servicio público esencial y desgastar al Gobierno, incluso al precio de la verdad y la dignidad.
Claro que hay que aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades. Pero en asuntos tan sensibles no se puede mentir a conciencia ni dejar que esas mentiras queden impunes.
España vive desde hace tiempo una ofensiva persistente de desinformación organizada, especialmente intensa cuando se trata de servicios públicos que funcionan, que baten récords de uso o que desmontan el relato del desastre permanente. El ferrocarril es uno de ellos. Y por eso, tras Adamuz, no se buscó entender qué había ocurrido ni esperar los informes técnicos, sino instalar una idea simple y falsa: que el sistema se derrumba.
La línea Madrid-Sevilla es una de las infraestructuras más renovadas del país. En los últimos años ha recibido cerca de 700 millones de euros. Solo el tramo donde ocurrió el accidente fue renovado en mayo de 2025, con sustitución de carriles, traviesas y desvíos, y superó cuatro inspecciones técnicas en apenas cuatro meses. La última, realizada once días antes del siniestro, no detectó anomalías relevantes. Estos datos no alivian el dolor, pero desmontan el relato del abandono deliberado.
Aun así, se afirmó que las vías estaban en mal estado, que se había usado material de baja calidad, que se ignoraron advertencias de los maquinistas. Nada de eso se sostiene. Las obras superaron todas las pruebas exigidas, las velocidades estaban limitadas y los trenes circulaban por debajo de esos límites. Los sindicatos de maquinistas han dejado claro que no existe relación entre sus comunicados y el accidente. Convertir insinuaciones en certezas fue decisión política, no conclusión técnica.
También se intentó vincular el siniestro a la liberalización ferroviaria, como si más operadores implicaran automáticamente menor seguridad. Otro bulo. España mantiene una densidad de tráfico inferior a la de otros países europeos y, pese al aumento significativo de viajeros y trayectos, los accidentes graves han descendido. La red ferroviaria española se sitúa por debajo de la media europea en siniestralidad, un dato incómodo para quienes necesitan alimentar alarma constante.
Un elemento especialmente molesto para los agitadores del caos es la inversión. Desde 2017, la inversión global en la red ferroviaria se ha triplicado y en la red convencional se ha multiplicado por seis. El gasto en mantenimiento por kilómetro ha aumentado un 60 %. Son cifras oficiales, públicas y verificables. Desmontan de raíz la idea de un sistema abandonado o gestionado con desprecio por la seguridad.
Nada de esto reduce el impacto emocional del accidente. Nada devuelve las vidas perdidas. Nada compensa el sufrimiento de las familias. Precisamente por eso resulta tan indecente la utilización política de la tragedia. Mientras algunos difundían bulos y buscaban titulares, los servicios de emergencia se activaron en minutos, se movilizó asistencia sanitaria y psicológica, se puso en marcha el plan de atención a las víctimas y se mantuvo coordinación constante con autoridades judiciales y autonómicas. Hubo trabajo silencioso, profesional y respetuoso.
La respuesta institucional fue inmediata, coordinada y transparente. Hubo comparecencias públicas, información continuada y un compromiso claro: no adelantar conclusiones sin informes técnicos. Investigar un accidente ferroviario no es un debate de plató ni una consigna partidista. Es un proceso riguroso que exige tiempo, independencia, prudencia y respeto a quienes ya no pueden defenderse.
Aun así, se intentó sembrar sospechas sobre la investigación: que el ministro respondía tarde, que quería controlarla, que se ocultaban datos. La realidad es que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios es independiente, integrada por expertos externos, y será quien determine las causas con criterios técnicos, no políticos. Conocer la verdad tarda, mientras que las mentiras son inmediatas y reiteradas, capaces de socavar la confianza pública.
Lo ocurrido tras Adamuz deja una lección inquietante. No estamos ante errores aislados ni exageraciones espontáneas. Estamos ante una estrategia reconocible: aprovechar cualquier crisis para erosionar la confianza en lo público, sembrar miedo y construir un relato de país fallido. Da igual que se trate de trenes, sanidad o educación. El método es siempre el mismo y sus consecuencias, corrosivas para la convivencia democrática.
Frente a ello, la respuesta no puede ser solo técnica; debe ser también política y cívica. Defender los servicios públicos implica defender la verdad, explicar los datos con claridad, desmontar los bulos con paciencia y señalar, sin estridencias, pero con firmeza, a quienes utilizan el dolor ajeno como herramienta de desgaste. Callar ante la mentira también tiene un coste.
Cuando se miente sobre la seguridad ferroviaria, no se ataca únicamente a un ministro o al Gobierno. Se daña a miles de profesionales que trabajan cada día para que millones de personas viajen de forma segura. Se erosiona la confianza colectiva. Se juega, de forma irresponsable, con el miedo de la ciudadanía.
Adamuz merece respeto. Las víctimas y sus familias merecen rigor y verdad. Merecen que su tragedia no sea utilizada como argumento político ni arma arrojadiza. Y el país merece algo mejor que una política instalada en la desinformación permanente. La verdad no evita las tragedias, pero la mentira siempre las empeora. Siempre.
