Presentarse para ser elegido como representante público es una decisión personal y, sobre todo, voluntaria. Quiero decir con esto que cuando una persona asume dar un paso adelante para trabajar (supuestamente) en beneficio del pueblo, entiendo que tiene claro que se entregará aportando todos sus conocimientos, valía e interés para representar tanto a quienes le han votado como a quienes no lo han hecho. Personalmente considero que se trata de una de las funciones más nobles, exigentes y al mismo tiempo satisfactorias que puedan desempeñarse. Cuando hay vocación de servicio público, claro. 

Los salarios que perciben los políticos se encuentran ahora mismo por encima de la media del salario de nuestro país. Según la normativa aplicable  relativa al régimen económico de los diputados parlamentarios a nivel nacional, el salario base de sus señorías es de 2.813,17 euros mensuales. Esta es la cantidad mínima que todos perciben. A parte, habría que añadir los suplementos que cobran aquéllos que viven fuera de Madrid (o los que declaran vivir fuera de Madrid, siendo unos 1.823 euros en concepto de pago para gastos), y los específicos que cobran por realizar labores "suplementarias" dentro de las Cortes (por ejemplo, un portavoz recibirá, además de su salario como diputado, 1.741,19 euros por gastos de representación, y 926,31 euros en concepto de libre disposición).

Igualmente tienen cubiertos los desplazamientos: bien porque dispongan de un coche oficial, o porque trasladen el gasto del kilometraje. Si no utilizan ninguna de estas dos opciones, tienen a su disposición una tarjeta anual que les permite gastar 3.000 euros en taxis. 

El Congreso también se encarga de pagar asistentes parlamentarios, y una cantidad fija mensual de 28.597,08 a cada grupo parlamentario y una subvención variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos de 1645,49 € mensuales por cada Diputado.

Con todos estos datos que le comento, solamente quiero mostrar que ninguno de Sus Señorías podría tener queja (al menos desde cualquier persona más o menos sensata) ni plantear problema para realizar sus tareas. Siendo honestos, es francamente complicado encontrar un trabajo donde se garanticen estas condiciones y facilidades. Y debo señalar que no he hecho mención a las retribuciones posteriores, ni a los planes de pensiones especiales ni a otro tipo de beneficios de los que gozan sus Señorías. Algo que, personalmente, a veces chirría, puesto que disponer de una serie de privilegios por el hecho de representar a ciudadanos que jamás soñarían con tenerlos, es ciertamente chocante (por no decir incoherente, abusivo y lamentable). 

Sea como fuere, comprendo que un político debe estar bien pagado. Que no le debe faltar de nada para realizar correctamente sus funciones, y que efectivamente, un trabajo bien realizado merece aportarle tiempo, conocimiento y horas de estudio e investigación. 

Por todo ello, y por otras razones adicionales, la norma establece que el ejercicio de los Diputados ha de ser en exclusiva, esto es: no se permite tener otro tipo de ingresos ni realizar cualquier otra actividad profesional retribuida. Sin embargo, se prevén excepciones para aquellos casos en los que, por tratarse de un hecho excepcional y debidamente justificado, pudiera pedirse una compatibilidad. Ya sabe el lector que en nuestro país la excepción se convierte en norma, así se llegó a que lo raro fuera encontrar Señorías que únicamente cobrasen por la realización de su función de representantes de la ciudadanía. Fue el PSOE hace un par de años aproximadamente quien estableció la norma para todos sus cargos públicos de que la participación en medios de comunicación sería posible para ellos siempre y cuando no percibieran cantidad económica alguna. Y de este modo, muchos de ellos destinaron el dinero a organizaciones de ayuda social en distintos ámbitos. Esto no sucedió en el resto de formaciones. Concretamente, en el caso de Podemos, se establecía una recomendación a través de sus normas internas, donde los representantes públicos se limitaban el salario a percibir, quedando éste en tres veces el salario mínimo interprofesional. El resto, iría destinado a proyectos, organizaciones o fines que ellos entendieran adecuados. En su momento fue muy comentado el hecho de que Iglesias realizase sus donaciones a La Tuerka, su propio proyecto televisivo. Resultaba hasta cierto punto insultante tratar de aleccionar dando ejemplo, cobrando ese salario mínimo multiplicado por tres, y donando el resto a un proyecto propio. Porque al fin y al cabo, para hacer eso, mejor no haber hecho nada. Ahora el debate se ha puesto sobre la mesa porque sus señorías quieren poder cobrar a parte de sus salarios como diputados. Entre otros, Pablo Iglesias. Sinceramente, me encaja que esto quieran hacerlo los diputados del PP o Ciudadanos. Pero que los de Podemos quieran dar a entender que pueden realizar sus tareas públicas al tiempo que siguen manteniendo sus industrias o negocios personales, me parece lamentable. Tan lamentable como no entender que es necesario generar confianza en la población, limpiar la imagen de los políticos que se han pasado la vida enriqueciéndose a costa de todos, y que, en definitiva, este país deje de ser un chiringuito donde cada uno hace lo que le parece lo más  adecuado para sus propios intereses. Personalmente creo que un buen político, dedicado a su función, no tienen tiempo para decidirse a otros negocios. Y si saca tiempo de donde sea para llevar sus negocios adelante, éstos no deberían tener ni por asomo ningún tipo de relación con su tarea política. Llámenme extremista, desconfiada o radical. Pero es lamentable el nivel de corrupción al que hemos llegado. Y en parte, ha sido gracias a estas triquiñuelas. Entiendo que a la derecha le parezca estupendo no poner ningún tipo de límites al enriquecimiento. Sobre todo al que tenga que ver con ellos. Pero que un partido que quiere considerarse de izquierda aplauda esto, francamente, es lamentable. Bien me parece la postura del PSOE, que se ha negado en rotundo a que lo habitual sea permitir este tipo de enjuagues. Sin duda, lejos parecen haber quedado aquellos discursos de los de abajo con otra los de arriba. 

Una limitación de mandatos, un riguroso control para aquellos casos en los que se solicita la compatibilidad, y una normativa más rigurosa al respecto serían medidas muy positivas a desarrollar en este momento de crisis política y democrática que estamos atravesando.