A la espera de lo que nos deparen las nuevas medidas económicas que dará a conocer el Gobierno del PP, a la vista está que las excusas hasta ahora aducidas para intentar justificar estos incumplimientos caen por su propio peso. La desviación del déficit de la Administración Central será mínima, apenas de unas décimas, mientras que esta desviación es de escándalo en gran número de comunidades autónomas y ayuntamientos, administraciones que en casi todos los casos cuentan con gobiernos del PP desde hace muchos años. ¿A qué viene ahora la aparente ignorancia del Gobierno del PP? ¿Pretenden hacernos creer ahora que desconocían el déficit de sus propias administraciones?

Las medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy apenas cubren la mitad del ajuste requerido, por lo que resulta más que previsible que se nos anuncien en breve, tal vez hoy mismo, nuevas medidas económicas. Habrá que ver si siguen la misma tónica depresiva y regresiva, de penalización fiscal concentrada especialmente en la clase media asalariada, de fuerte frenazo al consumo y, por consiguiente, de mayor recesión económica.

El ya anunciado aumento impositivo, aunque pretenda presentárnoslo como progresivo, reincide en una evidente injusticia fiscal, porque no tributan más quienes más ingresos perciben sino aquellos que tienen menos medios para ocultar sus ingresos, esto es los asalariados. Los expertos señalan que en España la economía sumergida equivale casi a un cuarto de nuestro PIB, esto es a un cuarto de un billón de euros. Las grandes fortunas siguen fiscalmente descontroladas, con un elevado fraude fiscal facilitado en gran medida por la existencia tanto de los paraísos fiscales como de las “sicav”. Mientras España se sitúa ahora, con el nuevo Gobierno del PP, como el tercer país de Europa con el impuesto sobre la renta de las personas físicas más alto, superada sólo por Suecia y Bélgica, es evidente que este impuesto grava casi en exclusiva a los trabajadores por cuenta ajena o propia: el 85% de la recaudación del IRPF en España proviene de los salarios. El aparentemente progresivo nuevo tipo impositivo máximo del 52% esconde otra mentira del Gobierno del PP: afectará tan sólo a poco más del 0,1% de los 19 millones de declarantes, mientras que seremos muchos los ciudadanos, trabajadores por cuenta ajena o propia y también todo tipo de pensionistas, que veremos sustancialmente incrementados nuestros impuestos. Y todo ello con unos recortes presupuestarios que afectarán también especialmente a estos mismos sectores populares, con reducciones muy importantes en algunos servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Estamos en “el inicio del inicio”. De momento hay que constatar ya evidentes incumplimientos de los compromisos que Mariano Rajoy y el PP contrajeron con el conjunto de los ciudadanos. Una constatación que se da de bruces con otra reciente promesa del propio presidente del Gobierno: “Decir al pan pan y al vino vino”. Porque al incumplimiento de unas promesas electorales se añade ahora el intento torticero de querer hacernos creer que las medidas ya adoptadas, y las que se irán tomando a partir de ahora, son equitativas y justas, cuando una vez más van contra los intereses legítimos de la inmensa mayoría de ciudadanos.

Nada más lógico cuando el nuevo ministro de Economía es alguien como Luis de Guindos, poderoso ejecutivo del banco Lehman Brothers hasta que la quiebra de esta entidad financiera estadounidense dio el pistoletazo de salida de esta primera gran crisis económica global. Es el mismo Luis de Guindos que en 2007 recomendaba invertir en el Royal Bank of Scotland RBS, que en 2008 recomendaba invertir en Fortis, y que en 2009, entonces ya en Price Waterhouse Coopers, recomendaba invertir en la Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM. Quienes le hicieron entonces caso e invirtieron 1.000 euros en aquellas entidades tienen ahora, respectivamente, tan sólo 29, 39 o 0 euros. Este es ahora nuestro ministro de Economía. “Uno de los suyos”.

Jordi García Soler es periodista y analista político