El ministro de Justicia tras la sentencia de la manada anunció que desde ese mismo viernes la Comisión General de Codificación tenían el encargo de “trabajar en el estudio para una reforma del Código Penal”. La intención de Catalá, según manifestó en ese momento, es presentar "en semanas" una primera propuesta de reforma al resto de grupos políticos.

 ¿Pero qué es y quiénes son los miembros de esa Comisión General de Codificación?

Esta Comisión es “el órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministro de Justicia al que corresponde, en el ámbito de las competencias propias del departamento ministerial al que está adscrito, la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”. 

Es evidente que las funciones que tiene encomendadas no son despreciables y que hablamos de un grupo de personas con tareas importantes en el proceso de elaboración de las iniciativas legislativas. 

El libro “Historia de la Comisión”, de Juan Francisco Lasso Gaite, recuerda que fueron Las Cortes en septiembre de 1820 quienes “pidieron al Gobierno que (…) se eligiese un número de Letrados competentes para la formación de los Cuerpos legales. Por Real Decreto de 19 de agosto de 1843 fue creada la Comisión General de Codificación.

Hoy esa Comisión es el órgano colegiado asesor del Ministro de Justicia tiene Estatutos de funcionamiento aprobados por el Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre.

Dicho Real Decreto indica que integran la Comisión General de Codificación, su Presidente, el Vicepresidente, los Presidentes de Sección (miembros natos) los vocales (miembros NO natos) y el Secretario general. 

Pues bien, los datos que figuran en la Web informativa de dicha Comisión indican que las personas a las que el Ministro ha encargado ese trabajo son en un 100% varones si hablamos de los vocales natos y un 86% de los vocales también son varones.

A todos los elige el Ministro de Justicia. Tanto a los Presidentes de Sección como a los vocales permanentes el Ministro de Justicia los selecciona entre juristas de reconocido prestigio “que acrediten, al menos, quince años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico”

Resulta sorprendete que el Ministro no encontrase mujeres con “quince años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico” cuando el “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial” detalla que las 2.858 juezas y magistradas en activo suponen el 53,2% de la Carrera Judicial. Súmese a eso la ingente cantidad de juristas que sufren la carencia de instrumentos legales o la insuficiente formación de sus señorías sobre las dinámicas coercitivas que se usan contra las mujeres y que sin nuevos instrumentos legales no encontraran el reproche penal que la sociedad exige.

Más soprendentes todavía son los datos de la Sección 4ª de Derecho Penal, integrada exclusivamente por hombres y a la que Catalá ha encomendado el estudio de la reforma del delito de violación:

  • Mestre Delgado, Esteban (Presidente)
  • Arroyo Zapatero, Luis
  • Boix Reig, Javier
  • Cancio Meliá, Manuel
  • Carbonell Mateu, Juan Carlos
  • Córdoba Roda, Juan
  • García Valdés, Carlos
  • Gimbernat Ordig, Enrique
  • González Cussac, José Luis
  • Hernández Gil, Francisco
  • Lescure Martín, Gustavo
  • Mapelli Caffarena, Borja
  • Moscoso del Prado, Javier
  • Muñoz Conde, Francisco
  • Pellón Rivero, Ricardo
  • Peñaranda Ramos, Enrique
  • Polaino Navarrete, Miguel
  • Quintero Olivares, Gonzalo
  • Rodríguez Mourullo, Gonzalo,
  • Silva Sánchez, Jesús María

El ministro y Rajoy deben cumplir la Ley de Igualdad

Hay que llamar la atención sobre este hecho y al Gobierno de Rajoy cabe exigirle que se modifique el Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre para que se dé cumplimiento a la Ley de Igualdad que exige la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de la Administración General del Estado y en sus designaciones de miembros de órganos colegiados, comités etc. 

En el Grupo Parlamentario Socialista ya trabajamos en una iniciativa en este sentido, pero hay urgencias que reclamar, por eso, sin esperar a la modificación del Real Decreto, y dado que el Ministro tiene un margen estatutario para nuevos nombramientos, es exigible que, para el análisis sobre las agresiones sexuales, se incorporen a esa Comisión mujeres expertas en derecho antidiscriminatorio y en violencia de género. Es una oportunidad para garantizar que la Justicia y el Derecho dejen de despreciar parte del conocimiento y que, por fin, se ponga encima de la mesa aquello que las mujeres tienen que decir sobre esa “coartada del consentimiento” que la tradición jurídica usa siempre para amordazar y estigmatizar a las mujeres cuando son víctimas de agresiones sexuales.

Este es el listado del resto de miembros de la Comisión General de Codificación