Las grandes ciudades españolas han abrazado con entusiasmo las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Circular por Madrid o Barcelona exige, cada vez más, una pegatina de la DGT: azul para los vehículos de cero emisiones, verde (C) para los menos contaminantes. El objetivo es loable —mejorar la calidad del aire—, pero la política de etiquetas está dibujando un mapa de dos velocidades que ignora al mundo rural. Allí donde se cultiva el trigo, se cría el ganado y se cosecha la verdura que llena los mercados urbanos, no hay etiquetas que valgan: el campo es, por ahora, la gran zona gris.
Desigualdad manifiesta para las zona rurales
La paradoja es evidente. Los agricultores y ganaderos, que dependen de vehículos y maquinaria con años de antigüedad —a menudo tractores sin etiqueta o furgonetas diésel de clase C, cuando la tienen—, ven cómo las restricciones al tráfico encarecen su acceso a los centros de distribución. Mientras, las zonas urbanas con alta concentración de etiquetas 0 y C reciben subvenciones para renovar flotas, instalar puntos de recarga eléctrica y disfrutar de aire más limpio. El campo, en cambio, respira el polvo de las explotaciones intensivas, los purines y las partículas de la maquinaria obsoleta, pero carece de ayudas específicas para electrificar un tractor o renovar un camión de reparto.
Los tractores tienen una media de 15 años
Los datos son tozudos. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 85% de los tractores en uso tienen más de 15 años y ninguno alcanza la etiqueta 0. Un agricultor de Jaén o de Zamora no puede optar a las mismas deducciones fiscales que un repartidor de paquetería en Madrid.
La transición ecológica, tan celebrada en las capitales, se convierte en un lujo inalcanzable para quien produce el 70% de los alimentos frescos que consumimos. “Nos exigen sostenibilidad, pero no nos dan herramientas”, resume José Manuel, cerealista de la comarca leonesa del Páramo. “En mi pueblo, el coche más limpio es el que menos humo echa, pero tenemos que llevar la cosecha a la cooperativa sí o sí, con lo que haya”.
Tasas elevadas de enfermedades respiratorias en algunas áreas rurales
Pero la desigualdad no es solo tecnológica, sino también sanitaria y económica. Mientras los vecinos de las zonas con etiqueta 0 y C disfrutan de una reducción media del 20% en partículas contaminantes (datos de Ecologistas en Acción), las áreas rurales registran tasas más altas de enfermedades respiratorias vinculadas a la quema de rastrojos y al uso de fitosanitarios. Y la brecha se agrava con la despoblación: los jóvenes emigran a ciudades donde el coche eléctrico es un símbolo de estatus, mientras los pueblos envejecen con motores diésel de los años 90.
Necesidad de renovación del parque móvil agrario
La solución no pasa por prohibir también en el campo, sino por diseñar políticas territoriales justas. Si la España rural da de comer a la España urbana, es hora de que también tenga derecho a respirar sin castigos ni exclusiones. Una etiqueta C para un tractor o una furgoneta de reparto no debería ser un privilegio, sino una herramienta de cohesión. Mientras no exista un plan específico de renovación del parque móvil agrario —con ayudas directas y puntos de recarga en explotaciones—, la lucha contra el cambio climático seguirá siendo un relato de dos Españas: la que limpia su aire a costa de ensuciar el del otro. Y el otro es el que nos alimenta.
