La decisión de disolver las Cortes y convocar comicios de manera adelantada ha dejado en el aire una serie de proyectos que aún no habían culminado su recorrido institucional. Ese trámite inconcluso afecta especialmente a dos modificaciones promovidas desde la Dirección General de Tráfico, ambas relacionadas con la seguridad en las carreteras.
Aunque el Ejecutivo había mostrado interés en sacarlas adelante, la falta de apoyos parlamentarios y la complejidad del Congreso ya habían ralentizado su avance. El cierre anticipado de la legislatura terminó de bloquearlas. La medida forma parte del habitual frenazo normativo que acompaña a cualquier final anticipado de mandato. No se trata, sin embargo, de un caso aislado, sino de un efecto previsible del calendario electoral.
Modificar umbrales de velocidad
Una de ellas buscaba modificar los umbrales de velocidad a partir de los cuales una infracción puede convertirse en delito contra la seguridad vial. La intención era rebajar los márgenes actuales. En núcleos urbanos, bastaría con rebasar en cincuenta kilómetros por hora el máximo permitido para que el conductor pudiera enfrentarse a responsabilidad penal. En vías interurbanas y carreteras convencionales también se planteaba reducir el exceso necesario respecto a las reglas vigentes. Si hubiera prosperado, estas conductas podrían castigarse con prisión de tres a seis meses, multas económicas, trabajos comunitarios y la pérdida del permiso de conducir.
El consumo de alcohol a debate
La otra propuesta se centraba en el consumo de alcohol. Los responsables de Tráfico y el ministro del Interior defendieron públicamente la necesidad de endurecer las tasas permitidas. El texto pretendía bajar el límite de alcohol en sangre de 0,5 gramos por litro a 0,2 gramos. Con ello se aspiraba a instalar una política más cercana a la tolerancia cero y a reducir la siniestralidad. La iniciativa había empezado a tramitarse, pero todavía debía superar debates de enmiendas y distintas fases antes de una hipotética aprobación final. Solo cuando se forme un nuevo Gobierno se sabrá si decide recuperarlas, modificarlas o abandonarlas definitivamente. Mientras tanto, las normas actuales siguen aplicándose y los cambios anunciados no pueden entrar en vigor. La seguridad vial queda, por tanto, a la espera de una nueva oportunidad política.
Numerosas obras paralizadas
Este adelanto electoral en España ha provocado la paralización de numerosas obras de infraestructura en todo el país, especialmente aquellas que dependen de la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado o que se encontraban en fases administrativas previas a su licitación o ejecución. Las más significativas son:
- Nudo de Tres Caminos (Cádiz)
- Tercer carril de la A-67 (Cantabria)
- Enlace entre la A-66 y la A-62 (Salamanca)
- Obras en la N-232 (Castellón)
- Terceros carriles en la AP-7 (Castellón)
- Duplicación de la A-63 (Asturias)
- Autopista AP-66 (Asturias)
Es importante señalar que la paralización de estas obras no siempre implica que los trabajos físicos se detengan de inmediato. En muchos casos, lo que se congela es el impulso político y administrativo necesario para su licitación, adjudicación o modificación presupuestaria, lo que provoca retrasos significativos en los plazos previstos.
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