28 de abril, las personas con discapacidad intelectual votarán por primera vez

Algunas están politizadas y otras no, pero hasta ahora, las personas con discapacidad intelectual no tenían la oportunidad de votar en España. En las próximas elecciones del 28 de abril se estrenarán como electoras más de 100.000 de ellas, tras la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General (LOREG). La iniciativa, que procede de la Asamblea de Madrid y que el Congreso de los Diputados, se tomó en consideración en noviembre de 2017, y se aprobó en octubre de 2018.

Para varios colectivos de personas con discapacidad, a esta conquista del voto la deberán seguir varias reformas para que España cumpla con la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada hace más de una década, como la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres. La contempla el artículo 156 del Código Penal, la ONU ha advertido ya a España sobre ella y, según organizaciones y expertos, bajo el pretexto de evitar embarazos no deseados podría constituir una puerta abierta a abusos y agresiones sexuales. El Gobierno actual se comprometió a crear una comisión de expertos para estudiar una posible reforma del Código Penal para prohibir esta práctica, pero el cierre de la Legislatura la deja en suspenso.

Otro de los asuntos que quedan sin resolver es el de garantizar la accesibilidad universal, ya que hace más de un año -el 4 de diciembre de 2017- se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos los espacios públicos, bienes y servicios, una obligación que las administraciones no cumplen. Tampoco se ha aprobado la demandada reforma de la Ley de Propiedad horizontal, que evitaría que la falta de accesibilidad en edificios obligase a muchas personas con movilidad reducida a estar "encarceladas" en su propio domicilio, algo que ocurre según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y queda pendiente además el trasvase al sistema educativo ordinario de los más de 37.000 alumnos matriculados en centros de Educación Especial, una medida que el Ejecutivo socialista remitió al Congreso, aunque no se completará su tramitación parlamentaria.

Algunas están politizadas y otras no, pero hasta ahora, las personas con discapacidad intelectual no tenían la oportunidad de votar en España. En las próximas elecciones del 28 de abril se estrenarán como electoras más de 100.000 de ellas, tras la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General (LOREG). La iniciativa, que procede de la Asamblea de Madrid y que el Congreso de los Diputados, se tomó en consideración en noviembre de 2017, y se aprobó en octubre de 2018.

Para varios colectivos de personas con discapacidad, a esta conquista del voto la deberán seguir varias reformas para que España cumpla con la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada hace más de una década, como la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres. La contempla el artículo 156 del Código Penal, la ONU ha advertido ya a España sobre ella y, según organizaciones y expertos, bajo el pretexto de evitar embarazos no deseados podría constituir una puerta abierta a abusos y agresiones sexuales. El Gobierno actual se comprometió a crear una comisión de expertos para estudiar una posible reforma del Código Penal para prohibir esta práctica, pero el cierre de la Legislatura la deja en suspenso.

Otro de los asuntos que quedan sin resolver es el de garantizar la accesibilidad universal, ya que hace más de un año -el 4 de diciembre de 2017- se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos los espacios públicos, bienes y servicios, una obligación que las administraciones no cumplen. Tampoco se ha aprobado la demandada reforma de la Ley de Propiedad horizontal, que evitaría que la falta de accesibilidad en edificios obligase a muchas personas con movilidad reducida a estar "encarceladas" en su propio domicilio, algo que ocurre según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y queda pendiente además el trasvase al sistema educativo ordinario de los más de 37.000 alumnos matriculados en centros de Educación Especial, una medida que el Ejecutivo socialista remitió al Congreso, aunque no se completará su tramitación parlamentaria.

Algunas están politizadas y otras no, pero hasta ahora, las personas con discapacidad intelectual no tenían la oportunidad de votar en España. En las próximas elecciones del 28 de abril se estrenarán como electoras más de 100.000 de ellas, tras la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General (LOREG). La iniciativa, que procede de la Asamblea de Madrid y que el Congreso de los Diputados, se tomó en consideración en noviembre de 2017, y se aprobó en octubre de 2018.

Para varios colectivos de personas con discapacidad, a esta conquista del voto la deberán seguir varias reformas para que España cumpla con la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada hace más de una década, como la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres. La contempla el artículo 156 del Código Penal, la ONU ha advertido ya a España sobre ella y, según organizaciones y expertos, bajo el pretexto de evitar embarazos no deseados podría constituir una puerta abierta a abusos y agresiones sexuales. El Gobierno actual se comprometió a crear una comisión de expertos para estudiar una posible reforma del Código Penal para prohibir esta práctica, pero el cierre de la Legislatura la deja en suspenso.

Otro de los asuntos que quedan sin resolver es el de garantizar la accesibilidad universal, ya que hace más de un año -el 4 de diciembre de 2017- se acabó el plazo para que en España fueran accesibles a las personas con discapacidad todos los espacios públicos, bienes y servicios, una obligación que las administraciones no cumplen. Tampoco se ha aprobado la demandada reforma de la Ley de Propiedad horizontal, que evitaría que la falta de accesibilidad en edificios obligase a muchas personas con movilidad reducida a estar "encarceladas" en su propio domicilio, algo que ocurre según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y queda pendiente además el trasvase al sistema educativo ordinario de los más de 37.000 alumnos matriculados en centros de Educación Especial, una medida que el Ejecutivo socialista remitió al Congreso, aunque no se completará su tramitación parlamentaria.