La ciencia española no solo compite en laboratorios, congresos o revistas especializadas. También libra una batalla diaria mucho menos visible entre formularios, justificaciones, procedimientos, informes y controles administrativos. Ahí es donde la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) sitúa uno de los principales cuellos de botella del sistema. En el manifiesto Por un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) más eficiente y de mayor impacto, la organización denuncia que la burocracia se ha convertido en un freno estructural para la investigación y sostiene, con datos en la mano, que los investigadores principales llegan a dedicar entre el 42% y el 44% de su jornada laboral a tareas administrativas.
La fotografía que traza la confederación es la de un sistema que ha logrado homologarse en excelencia con los países más avanzados, pero que sigue atrapado en inercias que consumen tiempo, recursos y energía. No se trata, a juicio de las sociedades científicas, de un malestar abstracto ni de una queja corporativa. Lo que se pone sobre la mesa es una pérdida real de capacidad investigadora: horas que dejan de invertirse en generar conocimiento, coordinar equipos, analizar resultados o impulsar innovación porque quedan absorbidas por trámites de escaso valor añadido.
"Impuesto invisible"
El manifiesto, elaborado por la Comisión de COSCE para el estudio de la burocracia en la gestión de la ciencia y respaldado por las 90 sociedades científicas integradas en la confederación, pone nombre a esa carga: “sobrecarga burocrática”. Y la vincula directamente con el deterioro de la competitividad del sistema español de I+D. Según recoge el documento con datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los investigadores principales dedican entre el 42% y el 44% de su tiempo de trabajo a labores administrativas. A esa radiografía se suman además los datos de COTEC, que apuntan a que la carga burocrática en España es un 33% superior a la media de la Unión Europea.
La COSCE describe este exceso de gestión como un auténtico “impuesto invisible”. La expresión no es menor: apunta a una penalización que no siempre aparece en los grandes debates públicos sobre ciencia, pero que se deja sentir cada día en universidades, centros de investigación y estructuras de innovación. Ese “impuesto” no solo ralentiza procesos, sino que, según el manifiesto, frena la innovación, favorece el cansancio y el estrés y termina desviando recursos públicos que deberían concentrarse en la generación de conocimiento.
María Ángeles Serrano, secretaria general de COSCE y una de las autoras del informe, resume esa paradoja al señalar que el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ha alcanzado niveles de excelencia equiparables a los de países punteros, pero continúa arrastrando dos problemas de fondo: una gestión ineficiente y una falta de visión estratégica a largo plazo. La combinación de ambos elementos, según plantea la organización, erosiona la capacidad del sistema para responder con agilidad y consolidar una estructura estable.
La burocracia aparece, así, no como un simple obstáculo administrativo, sino como una fuerza que desordena prioridades. En vez de funcionar como soporte de la investigación, termina condicionándola. La lógica del control, de la supervisión múltiple y de la acreditación continua acaba ocupando el centro, mientras el trabajo científico queda relegado a los márgenes del tiempo disponible.
Reformas contra el ‘papeleo’ excesivo
Frente a ese diagnóstico, la confederación plantea una batería de medidas orientadas a modernizar el marco regulatorio, simplificar procedimientos y mejorar la proyección del sistema español de ciencia. El documento no se limita a enumerar malestares, sino que propone cambios concretos en varios frentes, tomando además como referencia experiencias de otros países europeos como Bélgica, Alemania o Países Bajos.
Uno de los ejes principales pasa por revisar el modo en que se aplica a la ciencia la normativa sobre subvenciones, contratos menores y licitaciones. Para las sociedades científicas, el encaje actual de estas herramientas introduce rigideces que dificultan la gestión cotidiana de los proyectos y multiplica trámites que no siempre responden a la realidad del trabajo investigador. A ello se suma la petición de reformar los procedimientos de la ANECA para facilitar la homologación directa de titulaciones obtenidas en centros internacionales de prestigio, una cuestión que afecta de lleno a la circulación y captación de talento.
Otra de las reclamaciones centrales es la sincronización de calendarios, requisitos y criterios entre convocatorias estatales y autonómicas. La fragmentación administrativa, según se desprende del manifiesto, complica la planificación de los equipos y obliga a navegar convocatorias con tiempos y exigencias dispares. El resultado es una acumulación de tareas burocráticas que no solo recae sobre los investigadores, sino también sobre las instituciones que sostienen los proyectos.
En el apartado de simplificación, la COSCE pone el foco en los instrumentos de control y en los órganos de intervención. La propuesta consiste en eliminar aquellos mecanismos que considera excesivos e innecesarios, especialmente en ámbitos como la contratación de personal, la justificación de proyectos y las auditorías posteriores. La idea de fondo es que la vigilancia del gasto público no puede traducirse en una maraña que termine asfixiando el propio objeto que pretende proteger.
Coordinación, estabilidad y menos fricción
El manifiesto también incorpora una mirada más amplia sobre el funcionamiento general del sistema científico español. Junto a la crítica de la burocracia, la organización reclama una estrategia integrada de país que coordine la actuación de los distintos ministerios y evite políticas sectoriales desconectadas entre sí. El planteamiento parte de una idea repetida desde hace años en el ámbito científico: sin una hoja de ruta común, la investigación queda expuesta a discontinuidades, duplicidades y cambios de rumbo.
En esa línea, la presidenta de COSCE, Perla Wahnón, ha insistido en la necesidad de un Pacto de Estado para la ciencia que se mantenga al margen de los ciclos políticos. Según ha señalado, la entidad lleva tiempo defendiendo una estrategia nacional estable, independiente de los vaivenes partidistas. El momento actual, añade, hace esa demanda todavía más urgente: el número de investigadores ha crecido de forma notable en España mientras los fondos europeos comienzan a agotarse, una combinación que, en su opinión, obliga a repensar la gestión científica.
La hoja de ruta que plantea la organización pivota sobre tres ideas: transparencia, financiación suficiente y estable, e integración de la ciencia en la toma de decisiones políticas. No son solo principios declarativos, sino elementos que la COSCE vincula con la posibilidad de construir un sistema más ágil y competitivo, capaz de atraer y retener talento.
Dentro de ese apartado, el manifiesto reserva además un espacio específico a la situación de las mujeres en la carrera científica. El documento advierte de que, aunque en las etapas iniciales - como el grado o el doctorado - existe una presencia significativa de mujeres, esa proporción disminuye de manera notable a medida que se asciende hacia posiciones de liderazgo. La imagen que utiliza para describir el fenómeno es la de una “tubería que gotea”, una fuga constante de potencial investigador e innovador que, según las sociedades científicas, exige cambios estructurales.
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