Una palabra en plural

La reunión comenzó con diecisiete personas y terminó con casi cuarenta. En las primeras filas estaban quienes querían impedir el cierre del consultorio. Cerca de la puerta se agrupaban varios vecinos molestos por el ruido de las fiestas. Una pareja joven pedía más transporte público, mientras el dueño del bar insistía en que el principal problema era la falta de aparcamiento. Todos hablaban del pueblo, aunque cada uno parecía referirse a un lugar diferente.

La palabra tiene una fuerza especial. Puede nombrar un municipio pequeño, una comunidad unida por vínculos compartidos o al conjunto de la ciudadanía. También aparece en discursos políticos de posiciones muy distintas. Se habla de la voluntad del pueblo, de sus necesidades y de quienes supuestamente lo traicionan. El problema comienza cuando alguien afirma conocer una única voluntad colectiva y se presenta como su intérprete exclusivo.

Durante las dictaduras, el poder utiliza con frecuencia la palabra pueblo mientras impide que la población elija, proteste o se organice libremente. El régimen franquista hablaba en nombre de España y de los españoles, pero no permitía unas elecciones democráticas, perseguía la oposición y limitaba el pluralismo político. El pueblo aparecía constantemente en el discurso oficial, aunque no podía decidir quién gobernaba en su nombre.

La democracia introdujo una realidad más incómoda: el pueblo no piensa de una sola manera. Está formado por personas que votan distinto, hablan lenguas diferentes, mantienen intereses enfrentados y no comparten una misma idea de país. Esa diversidad no es un fallo que deba corregirse. Es el material con el que funcionan las instituciones democráticas.

Las elecciones no descubren una voz escondida y permanente. Registran preferencias en un momento concreto, dentro de unas reglas comunes. Las mayorías pueden gobernar, pero no adquieren el derecho a expulsar simbólicamente de la comunidad a quienes votaron otra cosa. Las minorías siguen formando parte del pueblo después de perder una elección.

La idea de un “pueblo verdadero” suele construirse señalando a quienes supuestamente no pertenecen a él. A veces se excluye a quienes han llegado desde otro país. Otras, a quienes viven en una región determinada, hablan otra lengua, profesan una religión distinta o sostienen posiciones políticas incómodas. La pertenencia deja entonces de depender de la ciudadanía y pasa a medirse mediante el origen, los apellidos o la obediencia.

Pero los pueblos cambian constantemente. Una persona que llegó hace veinte años puede conocer mejor sus calles que alguien que nació allí y se marchó durante décadas. Quien abre un comercio, cuida a sus vecinos, lleva a sus hijos a la escuela o participa en una asociación forma parte de la vida común, aunque su lugar de nacimiento esté a miles de kilómetros.

La comunidad tampoco surge automáticamente por compartir un código postal. Se construye en conflictos, acuerdos y tareas cotidianas. Aparece cuando varias familias reclaman una escuela, cuando los vecinos organizan una fiesta o cuando distintas generaciones discuten qué hacer con un edificio abandonado. El pueblo existe también en la capacidad de resolver desacuerdos sin borrar a quienes los sostienen.

Esa pluralidad puede resultar agotadora. Las reuniones se alargan, los intereses chocan y las decisiones rara vez satisfacen a todos. La democracia es más lenta que la proclamación de una voluntad única porque obliga a escuchar posiciones contradictorias, establecer procedimientos y aceptar que ninguna parte controla por completo el resultado.

En la reunión del consultorio, una mujer propuso redactar un documento común. El dueño del bar pidió incluir el problema del aparcamiento y varios vecinos protestaron porque aquello no tenía relación con la sanidad. Alguien acercó otra fila de sillas. En una mesa lateral comenzaron a escribir el primer párrafo, mientras al fondo continuaba la discusión sobre el horario del autobús.