Durante casi cuarenta años, la palabra libertad fue en España un concepto vigilado, mutilado y, en muchos casos, peligroso. Bajo la dictadura franquista, no designaba un derecho, sino una amenaza. Hablar de libertad de expresión, de asociación, de conciencia o de elección política equivalía a desafiar un régimen construido sobre el miedo, la censura y la represión. La libertad existía, sí, pero solo como ausencia: como aquello que había sido arrebatado y que muchos aprendieron a nombrar en voz baja.
El franquismo no fue únicamente una dictadura política; fue un sistema que aspiró a controlar la vida entera de las personas. La libertad individual quedó subordinada a una moral impuesta, a una idea única de patria, familia y religión. No se podía elegir a los gobernantes, ni fundar partidos o sindicatos libres, ni publicar sin pasar por la censura. Pensar distinto tenía consecuencias. La cárcel, el exilio o la marginación social eran recordatorios constantes de que la libertad no formaba parte del contrato entre el Estado y la ciudadanía.
La muerte de Francisco Franco en noviembre de 1975 abrió una grieta en ese muro de imposiciones. No fue, como a veces se presenta, una transición automática de la oscuridad a la luz. La libertad no cayó del cielo ni fue un regalo del poder: fue una conquista social y política, fruto de décadas de resistencia, organización clandestina y lucha obrera, estudiantil y vecinal. La Transición fue posible porque había una sociedad cansada de obedecer y dispuesta a reclamar derechos largamente negados.
La legalización de los partidos políticos, la amnistía para los presos políticos, la recuperación de las libertades sindicales y de prensa, y, finalmente, la Constitución de 1978 marcaron hitos fundamentales en ese proceso. Por primera vez en generaciones, la ciudadanía pudo votar, opinar sin miedo y organizarse colectivamente. La libertad dejó de ser una palabra prohibida para convertirse en un principio reconocido, aunque aún frágil y en construcción.
Desde una perspectiva de izquierdas, es imprescindible subrayar que la libertad recuperada no fue solo formal o institucional. Fue también una libertad social: la posibilidad de reunirse en una asamblea, de negociar condiciones laborales, de ocupar el espacio público y de imaginar un país más justo. La democracia naciente permitió que emergieran debates silenciados durante décadas: sobre igualdad, memoria, derechos de las mujeres y justicia social. La libertad, entendida así, no era solo elegir entre opciones políticas, sino poder cuestionar las reglas del juego.
Sin embargo, la Transición también estuvo marcada por límites y renuncias. La herencia del franquismo no desapareció de la noche a la mañana. Muchas estructuras de poder permanecieron intactas, y la impunidad de los crímenes de la dictadura dejó una deuda pendiente con la memoria y la justicia. Aun así, sería injusto negar el valor de aquel momento histórico en el que una sociedad entera aprendió, a veces con torpeza, a ejercer libertades que le habían sido negadas durante demasiado tiempo.
Hoy, cuando el término libertad es utilizado de forma interesada o vaciado de contenido, conviene recordar su significado histórico. La libertad no es un eslogan ni una consigna individualista: es un derecho colectivo conquistado frente a una dictadura. Recordar cómo se logró tras la muerte del dictador y durante la Transición no es un ejercicio nostálgico, sino una advertencia. Porque la libertad, como se aprendió entonces, no es irreversible. Se defiende ejerciéndola, ampliándola y no olvidando nunca lo que costó recuperarla.