Cuando el orgasmo era un pecado

Antonio Ruiz tenía 17 años cuando fue detenido en Málaga en 1971. Su delito no fue robar, agredir o estafar. Fue ser homosexual.

Un juez lo condenó en aplicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, una norma aprobada durante la dictadura franquista que permitía perseguir, detener e internar a quienes el régimen consideraba una amenaza para el orden moral. Antonio pasó por prisión y cargó durante años con las consecuencias de una condena que hoy resulta difícil de imaginar en una democracia.

Su historia resume una realidad mucho más amplia. Durante décadas, el franquismo convirtió la sexualidad en una cuestión de Estado. No bastaba con cumplir las leyes: también había que ajustarse a un modelo de vida privada impuesto desde el poder. El sexo solo era aceptable dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, debía orientarse a la procreación y responder a la moral católica que inspiraba buena parte de la legislación y de la educación. Todo lo que se apartara de ese ideal podía ser perseguido por la justicia o condenado socialmente.

Las personas homosexuales fueron algunas de las principales víctimas de esa política. Primero mediante la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 y, después, con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, miles de hombres y mujeres fueron detenidos, encarcelados o sometidos a medidas de vigilancia únicamente por su orientación sexual. El Estado pretendía corregir aquello que hoy forma parte de los derechos y libertades fundamentales de cualquier persona.

De los homosexuales a las mujeres

Pero el control de la sexualidad iba mucho más allá de la persecución de la homosexualidad. También condicionaba la vida de millones de mujeres. El ideal femenino promovido por la dictadura estaba ligado a la obediencia, la maternidad y el matrimonio. Se esperaba que las mujeres llegaran vírgenes a la boda, que el deseo permaneciera en silencio y que la sexualidad estuviera siempre subordinada a la familia y a la reproducción. Hablar de placer, de anticoncepción o, simplemente, de decidir sobre el propio cuerpo suponía desafiar una moral profundamente arraigada en las instituciones.

Ese control comenzaba desde la infancia. La educación sexual, tal y como hoy la entendemos, prácticamente no existía. El cuerpo, las relaciones afectivas, la prevención de enfermedades o los métodos anticonceptivos eran asuntos rodeados de silencio. La información era escasa y muchas veces sustituida por el miedo, el tabú o la censura. El desconocimiento no era una consecuencia accidental del sistema: formaba parte de él.

La llegada de la democracia abrió un camino completamente distinto. Poco a poco, la vida íntima dejó de ser un espacio sometido a una única moral oficial para convertirse en una esfera de libertad individual protegida por los derechos fundamentales. Ese cambio no fue inmediato ni sencillo. Fue el resultado de las nuevas instituciones democráticas, de las reformas legales y también del impulso de los movimientos feministas, de los colectivos LGTBIQ+, de profesionales de la educación y de la sanidad y de una sociedad que empezó a reclamar más libertad para decidir sobre su propia vida.

Gracias a ese proceso, la educación sexual fue incorporando conocimientos científicos sobre salud, prevención, consentimiento y relaciones afectivas. Las mujeres fueron conquistando espacios de autonomía sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Las personas homosexuales dejaron de ser consideradas delincuentes para convertirse en ciudadanos con los mismos derechos que el resto. La planificación familiar pasó a entenderse como una decisión personal y no como una imposición moral.

Pin parental... y otras amenazas

Los avances en libertad sexual y educación afectivo-sexual no son irreversibles. En los últimos años han reaparecido propuestas, como el denominado pin parental, que plantean limitar el acceso del alumnado a determinados contenidos relacionados con la igualdad, la diversidad o la educación sexual, devolviendo a la esfera política y moral debates que durante décadas se habían abordado desde una perspectiva de derechos y de salud pública.

La historia demuestra que el silencio nunca protegió a la sociedad. Durante la dictadura, ocultar la sexualidad tras el tabú no evitó que existieran el deseo, la diversidad o las relaciones afectivas; solo hizo que muchas personas las vivieran con miedo, desinformación o vergüenza. La respuesta de una democracia no es volver al silencio, sino garantizar el conocimiento y la libertad.

La historia de Antonio Ruiz recuerda hasta dónde puede llegar un Estado cuando convierte la moral en ley. La mejor forma de preservar los derechos conquistados es defender una sociedad en la que nadie vuelva a ser perseguido por quién es, por a quién ama o por recibir la educación necesaria para vivir su sexualidad desde el respeto, la igualdad y el consentimiento.