Antes de comenzar la exploración, la médica explica cada paso. Pregunta si puede levantar la manga, avisa de que el instrumento estará frío y espera una respuesta antes de continuar. La consulta dura pocos minutos más de lo habitual. La diferencia no está en la técnica, sino en una idea que durante mucho tiempo no siempre se consideró necesaria: el cuerpo de una persona no deja de pertenecerle cuando entra en una institución.

El cuerpo es el lugar más inmediato de la libertad. A través de él trabajamos, enfermamos, sentimos placer, sufrimos dolor y ocupamos el espacio público. También es el territorio sobre el que los poderes políticos, religiosos, médicos y familiares han intentado imponer normas. Decidir cómo debe vestir, reproducirse, comportarse o identificarse una persona ha sido una forma de ordenar la sociedad.

Durante el franquismo, el cuerpo femenino quedó especialmente sometido a la moral nacionalcatólica y a un modelo que vinculaba a las mujeres con la maternidad y el hogar. La sexualidad fuera del matrimonio era condenada, el acceso a métodos anticonceptivos estaba restringido y la interrupción voluntaria del embarazo era perseguida. La autonomía individual quedaba subordinada a una función familiar y social definida desde fuera.

Otros cuerpos también fueron vigilados. Las personas homosexuales y trans sufrieron persecución, estigmatización y violencia institucional. Quienes no respondían a las normas de género podían ser expulsados de sus familias, detenidos o sometidos a tratamientos que pretendían corregir su identidad. La diferencia corporal o sexual se convertía en una falta contra el orden.

La democracia fue incorporando una idea distinta: ninguna autoridad debería disponer del cuerpo de una persona sin límites. Esa transformación aparece en ámbitos muy diferentes. Está en el consentimiento médico, en la libertad sexual, en los derechos reproductivos, en la prohibición de la tortura y en la obligación de proteger la integridad física frente a la violencia.

El consentimiento no es un formulario ni una palabra pronunciada una vez para siempre. Significa recibir información comprensible, poder hacer preguntas y conservar la capacidad de cambiar de decisión. Aceptar una intervención, una relación sexual o una fotografía no implica aceptar cualquier cosa que ocurra después. El cuerpo no entrega todos sus derechos mediante un único sí.

Esta forma de entender la autonomía ha modificado prácticas que antes se consideraban normales. En la medicina, el profesional ya no debería decidir sin explicar al paciente las alternativas. En las relaciones sexuales, el silencio o la pasividad no pueden interpretarse automáticamente como acuerdo. En el trabajo, la necesidad económica no justifica exponer a alguien a riesgos evitables o ignorar el daño que produce una tarea.

La autonomía tampoco significa que todos los cuerpos dispongan de las mismas posibilidades. Una persona con discapacidad puede encontrar barreras para desplazarse, comunicarse o recibir atención sin que otros hablen en su nombre. Una mujer migrante puede retrasar una denuncia por miedo a las consecuencias administrativas. Alguien con bajos ingresos puede soportar dolor durante meses porque no encuentra tiempo o recursos para tratarlo. El derecho sobre el propio cuerpo necesita condiciones materiales para ejercerse.

También existen cuerpos que el espacio público recibe de manera diferente. El peso, la edad, el color de piel, una cicatriz o una expresión de género pueden determinar las miradas, los comentarios y la credibilidad que se concede a una persona. La presión para encajar en una apariencia concreta no siempre adopta la forma de una prohibición. A veces funciona mediante burlas, diagnósticos apresurados o exclusiones silenciosas.

Hablar del cuerpo obliga, por tanto, a unir libertad y cuidado. Ser autónomo no significa vivir sin apoyo. Muchas personas necesitan asistencia para comer, lavarse, desplazarse o tomar decisiones complejas. El respeto consiste en prestar ese apoyo sin apropiarse de la voluntad de quien lo recibe.

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