El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se encuentra en apuros tras la investigación por cuatro delitos. La magistrada instructora del juzgado 19 de Madrid ha abierto este lunes juicio oral al investigado por dos de fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal. De esta manera, subirá la petición de condena al empresario en este juicio que se concentra en la principal pieza de la causa de investigación, debido a que aún queda pendiente el cierre de la pieza separada por la que se acusa a González Amador de corrupción en los negocios.González Amador también está procesado por la presunción de un delito de falsedad documental después de haberse presentado facturas que no se corresponden con servicios que realmente prestó y que fueron aportados con el fin de minorar la cuota tributaria.
Han sido muchos los que han comentado esta decisión de la juez. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como es de costumbre, ha publicado un comentario en su perfil de X (antes Twitter) expresando su más sincera opinión sobre el caso. El ministro ha compartido en la misma red social la noticia del “juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal”.
A esta noticia, el ministro ha contestado: “P’alante!”. Aunque el ministro ha querido hacerse una pregunta donde la ironía ha sido la protagonista: “¿Pertenencia a organización criminal? El dato de que era afiliado del PP, hasta ahora era desconocido. ¿No?”. El ministro en el mensaje ha relacionado al Partido Popular con una organización criminal.
La denuncia de la Fiscalía
Esta decisión se conoce tan sólo horas después de que la juez haya rechazado el recurso de la defensa del investigado que pretendía retrasar su cita en los juzgados contra su procesamiento al no apreciar “causa para ello”. Cabe recordar en este punto que la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por el fraude fiscal de 350.910 euros en facturas falsas entre 2020 y 2021.
A finales del pasado mes de febrero, el novio de Ayuso se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial a la espera de resolución del recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada. Tan sólo una semana después, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación de otros presuntos delitos penales diferentes, séase, la pieza separada a la principal.
Las diligencias judiciales se abrieron tras la denuncia presentada por el Ministerio Público, en la cual se sustentaba un informe de la Agencia Tributaria que expuso la detección de “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades” y que “no se corresponden con servicios realmente prestados y, todo ello, con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021”.
Ya en 2022 la Fiscalía recibió un informe con referencia a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
En éste, se hablaba de dos delitos contra Hacienda al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".