La causa de Belén Esteban contra su exrepresentante, Toño Sanchís, vuelve a estar en el foco mediático tras las últimas novedades de su juicio, que comenzará este próximo lunes 13 de octubre. La Fiscalía pide una pena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión al manager por la apropiación indebida del dinero de la que fue la colaboradora de No somos nadie (Ten / Canal Quickie), además de una multa de 10 meses a razón de 12 euros de cuota diaria, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de las costas procesales causadas, según informa Vertele.
Según el mencionado medio, haciendo alusión al auto de diligencias previas, el ministerio fiscal considera que los hechos “constituyen un delito continuado de apropiación indebida”, señalando directamente a Toño Sanchís considerándole “responsable criminalmente en concepto de autor”, al que pide que indemnice con 339.549,81 euros a Belén Esteban (a través de su empresa BEM Imaging SL). De hecho, se le reconoce entregó 49.318,33 euros en efectivo en el procedimiento de ejecución civil, y que también se aplica una reducción a la cantidad total (que es de 388.868,14 euros) por la casa que entregó, que aún estaba hipotecada.
Cabe recordar que hay posibilidad de que se llegue un acuerdo de conformidad en este proceso, aunque la comunicadora ya repetido varias veces en televisión que quiere que se haga justicia, dando a entender que descarta que se llegue a un acuerdo entre las partes.
El modus operandi sobre el caso
Para poner en contexto de los hechos que se juzgarán próximamente, Esteban gestionaba sus derechos de imagen y la prestación de sus servicios profesionales a través de una sociedad llamada Producciones BEM SL. El 13 de mayo del 2009, su empresa llegó a un acuerdo de representación exclusiva con Agencia de servicios Lorant SL, la agencia de Toño Sanchís, que tiene como administradora única y socia al 50% a Carmen Romero Rubio.
A raíz de este contrato, que se renovaba anualmente, Lorant SL recibía los pagos por los trabajos de Belén Esteban y le aplicaba una reducción del 20% por sus servicios, sirviendo de “intermediaria” para el dinero de esos contratos llegase a BEM Imaging SL, otra sociedad de la colaboradora televisiva. No fue hasta 2015 cuando el acuerdo se rompe después de que la colaboradora detectó irregularidades en las cuentas.
La Fiscalía cree que “con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial”, la empresa de Toño Sanchís “hizo suyo un importe total de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente aplicando una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato”. En otras palabras, Toño Sanchís aprovechaba que él mismo expedía las facturas de BEM Imaging SL para hacerlas con cantidades inferiores, que son los que remitía a su propia agencia Loriant SL, según apunta la información de Vertele.
Las facturas de sus trabajos con Gestmusic Endemol, La Fábrica de la Tele, Más Móvil, Espasa Libros o RBA (Lecturas) fueron algunas de las, presuntamente, se apropió de importes en exceso, entre otras, que hacen que sumen un total de 362.248,14 euros. A esa cantidad, hay que sumarle otros 12.100 euros y 14.520 euros de otras dos facturas, llegando a una suma de 388.868 euros.
Las otras sentencias del caso
Ante la negativa de la empresa de Sanchís de rendir cuentas voluntariamente, Belén Esteban y sus empresas, BEM Imaging SL y Producciones BEM SL, presentaron una demanda contra Agencia de servicios Lorant SL reclamando tales cantidades al finalizar el contrato en 2015.
Posteriormente, un juzgado de Torrejón de Ardoz y la Audiencia Provincial fallaron a favor de la televisiva, por lo que la agencia de representación debía pagarle 388.868 euros. A pesar de la sentencia favorable a ella, Belén Esteban solo percibió 49.318 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la casa de Villanueva del Pardillo de su exrepresentante, que tenía una deuda hipotecaria de más de 200.000 euros.
Años más tarde, en el 2020 marcado por la pandemia, la agencia de servicios Loriant SL se declaró en concurso de acreedores voluntario, y se decretó la extinción de su personalidad jurídica.
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